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ASI aplaude a FGR seguimiento a caso de ciberataques a periódicos

El presidente de la ASI considera que el país carece de un marco jurídico más estricto para controlar el uso de los medios electrónicos. Dice que se cometen abusos.
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El presidente de la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI), Javier Ernesto Simán, aplaudió ayer el seguimiento que están realizando la Fiscalía General de la República (FGR) y el Órgano Judicial en el caso de ciberataques contra los medios de comunicación LA PRENSA GRÁFICA y El Diario de Hoy y que, según informes de peritos elaborados con la autorización de un juez y que han sido oficializados por las autoridades dan como el autor intelectual y financista de una red que se dedicó a falsificar los sitios web de los periódicos al alcalde de San Salvador, Nayib Bukele.

“Aplaudimos la labor de la Fiscalía y del Órgano Judicial en combatir esos delitos informáticos que nos afectan a todos. En la ASI hemos sufrido ataques también de medios informáticos, pretendiendo difamarnos, desprestigiarnos a los que representamos a la institución, y nos da esperanza ver a las instituciones judiciales que están cumpliendo su función”, expresó ayer el empresario, al consultarle sobre el tema durante la inauguración del seminario internacional “El Derecho como una herramienta para la evolución de los Estados”, en un hotel capitalino.

Por el caso están siendo procesadas penalmente cinco personas vinculadas al alcalde por cometer cuatro delitos (violación de distintivos comerciales y derechos de autor, falsedad material y asociaciones ilícitas): Sofía Medina, gerente de Comunicaciones de la Alcaldía de San Salvador; Juan Carlos Navarro (conocido en las redes sociales como @PayasoSinGracia); Mayra Morán; Óscar Domínguez y Ricardo Andrés Ortiz Lara. El caso del alcalde Bukele estaría siendo analizado por separado.

Simán consideró que los medios electrónicos y las redes sociales son una tecnología que está revolucionando, pero sin ningún marco jurídico, “porque cualquiera puede difamarlo, cualquiera puede tomar posesión de su página y hacer cosas ilegales, violentando los derechos de los ciudadanos. Eso es tan delito como hacerlo en los medios no electrónicos”, explicó.

Además, dijo que la investigación de los delitos informáticos es un área nueva, pero ven positivo que las instituciones están avanzando: “Aquí ha habido un abuso de la libertad de expresión para cometer delitos, desprestigiar gente, creyendo que en el ámbito tecnológico informático no existían las herramientas para controlar, (aunque) sí nos hace falta un marco jurídico más estricto para controlar el uso de los medios electrónicos”.

El presidente de la ASI aclaró que no podía emitir opinión sobre ninguno de los acusados, “porque creemos firmemente en el principio de inocencia”.

Mientras tanto, el representante de la Fundación Democracia, Transparencia y Justicia (DTJ), Roberto Burgos, comentó ayer que los señalados en su defensa no tienen fundamento al argumentar que no hay delito, ya que sí hubo un abuso y una tergiversación del derecho de libertad de expresión al llevar a cabo este tipo de acciones y emitir al público opiniones y declaraciones falsas de las personas afectadas y hacer parecer que eran ellas quienes en realidad habían expresado dichas opiniones inventadas por la red.

Burgos calificó de “mafias” a los grupos que se dedican a cometer el delito de difamación a través de internet, y en el que, como se ha comprobado, hay involucrados funcionarios públicos que normalmente son investigados, algo que agrava más la situación.

El representante de DTJ dijo esperar que haya resultados positivos y que quede establecido un precedente jurídico de que la justicia salvadoreña no va a tolerar el delito de “mafias” y funcionarios públicos.

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