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Abogados advierten violaciones a los derechos de reos en penales y bartolinas

Abogados denuncian que autoridades penitenciarias y policiales les limitan horarios de visitas a reos, vestuario y entrevistas con sus defendidos. Consideran que acciones pueden violar derechos constitucionales de reclusos.

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Traslados.  Centros Penales dice que realiza traslados de reos continuos para evitar delitos desde cárceles.

Traslados. Centros Penales dice que realiza traslados de reos continuos para evitar delitos desde cárceles.

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Un grupo de abogados penalistas solicita a las autoridades de la Dirección General de Centros Penales (DGCP) y de la Policía Nacional Civil (PNC) que establezcan un reglamento general para las visitas profesionales que reciben los privados de libertad en todos los centros de detención del país. La exigencia es porque creen que el Estado podría estar vulnerando los derechos constitucionales de los reos al prohibirles hablar con sus abogados.

Cuatro profesionales consultados por LA PRENSA GRÁFICA coincidieron en que las autoridades de cada centro penal o bartolina policial tienen sus propios criterios para permitir las visitas de los abogados a sus defendidos durante los procesos judiciales. En cada penal los abogados denuncian que tienen que cumplir con exigencias diferentes.

Carlos Alfredo Avelar Hidalgo, presidente de la Asociación de Profesionales Especialistas del Derecho de El Salvador (APROEDESAL), explicó que la Policía pone trabas para que no puedan hablar con sus defendidos luego de que son capturados. También denunció que tienen problemas porque ponen en duda su carné de abogados, hay horarios diferentes e incluso las mujeres tienen que cambiarse de ropa.

"Dice la ley que la Policía Nacional Civil o cualquier persona que tenga en su poder a un detenido, está en la obligación de garantizarle el derecho de defensa. Tiene que garantizarle que las personas (detenidas) tengan un defensor. Contrario a ello, ponen una serie de obstáculos que ya son violación para el detenido o para el abogado", señaló Avelar.

Según el presidente de APROEDESAL, en las bartolinas y penales tienen dificultades para que los reclusos les firmen el documento que los acredita como sus defensores, no los dejan hablar de manera personal durante las primeras horas tras la detención y los policías ponen en duda la veracidad de los carné de abogados, porque les exigen que lleven constancias de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

"Llegamos y nos dicen 'No, no puede hablar usted con la persona detenida'. Le están violentando un derecho: el artículo 11, 12 y muchas disposiciones constitucionales dicen que él tiene que ser asistido de inmediato por un abogado y de forma privada. ¿Cómo quedan los derechos del detenido y del abogado? (...) Hay una violación completa", agregó.

Las versiones de Avelar son respaldadas por los abogados Elizabeth Valle, Celina Cruz y Francisco Blandón. Los tres penalistas comentaron que se han enfrentado con las restricciones que las autoridades imponen en los centros de detención; incluso Valle tuvo que cambiarse de ropa para ingresar en el centro penal "La Esperanza", conocido como "Mariona".

Mientras que Francisco Blandón expuso: "En los centros de detención te restringen los horarios, el tiempo, si vas a hablar con alguien te dicen 'en cinco minutos'. En cinco minutos no podés explicarle a un cliente cómo llevás su proceso, es mentira, no se puede. Aparte de los registros exhaustivos. Están violentando derechos constitucionales".

Las restricciones a los abogados iniciaron en 2016, cuando la Asamblea Legislativa aprobó unas "medidas extraordinarias" para controlar las cárceles. Pero Carlos Avelar detalló que los obstáculos se han incrementado con el actual gobierno, que en su Plan Control Territorial incluye mayor rigurosidad en la seguridad de las cárceles.

Proponen una solución

Los abogados dijeron que no están en contra de que el Gobierno ponga restricciones en los penales, aunque recomendaron que haya un reglamento general para las visitas profesionales.

"Me parece fenomenal que se apruebe un reglamento, pero que también no solo sea letra escrita. Sino que también haya más monitoreo por parte de las instituciones que tienen que estar más vinculadas con esto", dijo Cruz.

La abogada Elizabeth Valle confirmó que APROEDESAL enviará una carta a Osiris Luna Meza, viceministro de Seguridad y director de Centros Penales, para buscar una solución. Ya expusieron las denuncias al director de las bartolinas de la Unidad de Servicios Extraordinarios de la Policía Nacional, en San Salvador, conocidas como "el Penalito".

El jefe de las bartolinas pidió comprensión a las abogados y dijo, en un escrito, que el Departamento Jurídico de la PNC estudiará las exigencias que hicieron.

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