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Abogados de militares dicen que ninguno será extraditado a España

Representantes de la UCA piden que se juzgue a los autores intelectuales de la masacre de seis sacerdotes jesuitas
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Los abogados defensores de los cuatro militares que están recluidos, desde el 5 de febrero de 2016, por la masacre de los sacerdotes jesuitas dijeron ayer que consideran que la decisión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de no permitir la extradición a España aplica para los cuatro militares detenidos por el caso: Guillermo Benavides, Ramiro Ávalos Vargas, Tomás Zárpate Castillo y Ángel Pérez Vásquez.

Los abogados hicieron esa valoración tras acudir a la Corte a que les informaran sobre la decisión que tomó el pleno el pasado martes, cuando dieron a conocer que, de forma unánime, 15 magistrado habían decidido que no procedía la extradición para el caso del coronel Benavides. Sin embargo, ayer los abogados aseguraron que la decisión de no extradición aplicará para los cuatro y que solo hace falta que se argumente la decisión por cada uno de los casos.

“La decisión es no extraditar, pero los magistrados tienen el deber de motivar cada una de las decisiones en cada uno de los cuatro expedientes que conforman las solicitudes de extradición para cada uno de los cuatro. Se nos acaba de informar que la decisión de denegar la extradición es para los cuatro”, dijo el abogado Lisandro Quintanilla.

Los cuatro militares, así como otros oficiales prófugos, son reclamados en la Audiencia Nacional de España, para ser procesados en dicho país por el asesinato de seis sacerdotes jesuitas y dos colaboradoras, en el campus de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA ), en 1989.

Los abogados pidieron ayer a la Corte que acelere la resolución y ordene la liberación de los cuatro ya que, según ellos, no procede que sigan detenidos.

“Si ya se tomó la decisión de denegar la extradición al Reino de España, creemos nosotros que se debe proceder a fundamentar la decisión, notificar al Reino de España, a nosotros y a la jueza Primero de Paz y ordenar en forma inmediata la libertad de ellos”, agregó Quintanilla.

Hasta ayer el Juzgado Primero de Paz, donde fueron remitidos los militares en febrero, no había recibido la notificación oficial de la decisión de la Corte.

UCA pide justicia

Por su parte, el rector de UCA, Andreu Oliva, junto a José María Tojeira, actual director del IDHUCA, dieron su postura sobre la decisión de la CSJ. Expresaron que lo que les interesa “son los autores intelectuales” que ordenaron la matanza, pues los miembros de la Fuerza Armada no pueden actuar por sí mismos, sino solo con órdenes de sus superiores.

Tojeira considera que la CSJ “es muy poco seria, porque primero toma la decisión y luego busca los argumentos, sobre los cuales aún no se han puesto de acuerdo entre los magistrados”, señaló al referirse a que hasta hoy elaborarán el fallo. Agregó que le “parece que están actuando de un modo, no sé si racista o sujeto a la potencia militar en el sentido que tratan primero el caso de Benavides porque es coronel”. Además, dijo que le da “vergüenza” el modo de actuar de la CSJ.

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