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Abogados penalistas apoyan rápida destrucción de escuchas

Fiscalía ha dicho que la interpretación de la ley favorece a Enrique Rais, quien es procesado por actos de corrupción.
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Foto de LA PRENSA/Archivo A favor.  Abogados apoyan la interpretación de la Asamblea que obliga a FGR a destruir archivos de escuchas telefónicas.

Foto de LA PRENSA/Archivo A favor. Abogados apoyan la interpretación de la Asamblea que obliga a FGR a destruir archivos de escuchas telefónicas.

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Dos abogados penalistas están a favor de la reciente interpretación auténtica que la Asamblea Legislativa hizo a un artículo de la Ley Especial para la Intervención de las Telecomunicaciones, con lo cual obligan a la Fiscalía a destruir grabaciones y transcripciones en un lapso de seis meses si no ha presentado el requerimiento fiscal en un caso.

El abogado Carlos Meléndez dijo que está de acuerdo con la reforma porque la Ley Especial para la Intervención de las Telecomunicaciones “se está utilizando indiscriminadamente en detrimento de los derechos y las garantías constitucionales de cada uno de los procesados”.

Meléndez, sin embargo, agregó que eso no significa que apoye “que se actúe a favor de los procesados, sino que a favor de la Constitución”.

Meléndez incluso consideró que la Fiscalía General de la República (FGR) no está siendo supervisada por los jueces.

“El proceso de utilizar las escuchas debe ser más riguroso, debe haber una previa investigación para utilizar esa herramienta en los juzgados”, dijo.

Miguel Flores Durel, otro abogado que litiga en los tribunales, coincidió con Meléndez sobre las limitantes que debe tener el uso de las escuchas telefónicas en un proceso penal.

“Toda limitación a derechos y garantías fundamentales debe ser controlada. Nadie puede entrar a su casa solo porque le da la gana. Necesita una autorización judicial”, señaló.

Flores Durel agregó que el uso de las escuchas telefónicas es “sensible” porque se trata de “derechos y garantías judiciales que para limitarlos se necesita no solo un control judicial, sino garantía de seguridad jurídica temporal”.

La Fiscalía ha dicho que la enmienda a la ley, promovida por la diputada pecenista Cristina López, beneficia a Enrique Rais, prófugo de la justicia. Rais enfrenta un proceso penal por delitos de corrupción. La principal prueba de la FGR son audios que evidencian las negociaciones de Rais.

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