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Acuden a sala para que funcione ley de adopciones

Tres abogados acudieron ayer a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema para que esta obligue a la Procuraduría General a destinar fondos para que nuevas solicitudes de adopción no sigan detenidas.
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No menos de 10 solicitudes de adopción están engavetadas. Recibidas, pero sin trámite de seguimiento. La razón: no hay presupuesto. La misma Procuraduría General de la República (PGR) lo admite. Y es por ese motivo que un grupo de abogados acudió ayer por la tarde a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Especial de Adopciones.

CONNA rechaza la figura de “familias preadoptivas

La legislación entró en vigor en abril pasado, en teoría; en la práctica, sin embargo, no hay dinero ni siquiera para contratar al personal que debería conformar la nueva Oficina para Adopciones (OPA) tal como lo dicta esta nueva ley.

El abogado Alexis Castro, quien hace aproximadamente una década fungió como jefe de la OPA, explicó que antes de decidir promover el recurso, esperó un tiempo prudencial para revisar si en el presupuesto 2018 aparecía una partida presupuestaria que estuviera asignada para el funcionamiento de la nueva OPA, pero no ocurrió.

900 niños y adolescentes están viviendo en orfanatos

Desde agosto del año pasado, cuatro meses después de entrada en vigor la Ley Especial de Adopciones, el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia (CONNA) ya había señalado que el proceso de conformación de esta nueva oficina tardó más tiempo del estimado, porque el proceso de selección de los miembros de su junta directiva fue complicado.

El artículo 46 de la legislación en cuestión, no obstante, detalla que la nueva OPA debe estar conformada, además de por esa junta directiva, por una dirección ejecutiva, por una unidad de calificación legal, por una unidad de calificación de familias y por un comité de selección y asignación de familias adoptivas a niñas, niños y adolescentes sujetos de adopción y seguimiento posadopción.

Lo anterior significa que no solo es cuestión de que no hay dinero para que funcione, sino que ni siquiera están conformados estos últimos órganos que exige la nueva normativa para que se implemente de manera adecuada.

“Hay muchas más familias que están interesadas en adoptar, pero si en este momento alguien viene a decirme que está interesado en adoptar, me toca decirle: ‘Me encantaría ayudarle, pero no puedo porque hay una nueva ley’”, declaró Castro.

El abogado agregó que hay diputados que dicen que en seis meses puede llevarse a cabo todo un proceso de adopción, pero el problema es que no existe la nueva Oficina para Adopciones.

“Y si no existe la institución, la ley no es aplicable. En eso se resume la inconstitucionalidad de la que estamos hablando. Una ley se vuelve inconstitucional cuando es inaplicable”, insistió Castro.

Para noviembre pasado, al ser consultada por LA PRENSA GRÁFICA, la procuradora general de la república, Sonia Elizabeth de Madriz, sobre el avance en la implementación de la nueva ley de adopciones, admitió que el tema estaba en un estado “delicado”.

Según afirmó en ese momento, la junta directiva que tanto había costado conformar estaba teniendo reuniones, pero apenas estaban trabajando en la elaboración de manuales procedimentales y algunas normativas.

“Ahorita solo hay asesoramientos. Todavía no tenemos las rutas a seguir, porque todo esto tiene que pasar, en primer lugar, por un presupuesto”, declaró en ese entonces. Y la situación sigue igual a la fecha.

Nueva ley de adopciones advierte sanciones

El capítulo I del Título V de la Ley Especial de Adopciones habla del régimen sancionatorio.

De acuerdo con el artículo 124, por el incumplimiento de los plazos establecidos en los procedimientos administrativos y judiciales de adopción, la autoridad responsable será sancionada con una multa equivalente a 10 salarios mínimos vigentes en el sector comercio y servicios.

Y luego de eso, por cada nuevo incumplimiento de plazos, la multa ascenderá a 20 salarios mínimos vigentes del mismo sector.

Estas multas deberán ser interpuestas por los juzgados Especializados en Niñez y Adolescencia, y en el caso de que la entidad que incumpliese fuere este último, las multas deberán ser interpuestas por la cámara respectiva.

“Así como en el derecho penal existe la comisión por omisión, es decir, si yo veo un delito y no lo denuncio, y por eso soy culpable yo también, en el derecho constitucional existe lo mismo: la comisión por omisión. Entonces, otra cosa que me preocupa es el régimen sancionatorio: por todas estas personas que desde el año pasado habían presentado una solicitud, algunos (funcionarios gubernamentales) ya son acreedores de todas estas multas”, anotó Castro.

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