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Acuerdan no permitir privatización del agua en El Salvador

La comisión ad hoc de la Asamblea Legislativa acordó agregar en el artículo 1 que el agua no podrá ser privatizada, pero la sociedad civil organizada teme que este cambio sea solo cosmético.

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Discusión. La discusión del articulado de la ley de aguas comenzó ayer en la comisión ad hoc.

Discusión. La discusión del articulado de la ley de aguas comenzó ayer en la comisión ad hoc.

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La comisión ad hoc de la Asamblea Legislativa que discute la ley de agua acordó no permitir la privatización de este bien.

Los legisladores comenzaron ayer la discusión de la propuesta de articulado que presentarán en el dictamen para el pleno, cuando solo faltan ocho días para que concluya el plazo que impuso el presidente Nayib Bukele a su fracción legislativa, Nuevas Ideas.

En su novena sesión, acordaron incluir en el artículo 1 que "bajo ninguna condición" podrá privatizarse el agua. Además, se agregó que todos los órganos del Estado tienen la obligación y la responsabilidad de garantizar el derecho humano al agua potable y saneamiento con equidad e igualdad de género, y sin discriminación.

Las organizaciones de la sociedad civil habían señalado que la propuesta del Ejecutivo no tenía enfoque de género.

"Aquí agregamos lo que el sector acaba de venir a pedir y lo que pidieron los anteriores, sobre todo los grupos de mujeres que estuvieron ayer en la puerta", dijo la diputada de Nuevas Ideas, Sandra Martínez, refiriéndose a los insumos que entregaron el Movimiento Ecofeminista y la Colectiva de Mujeres el lunes.

Sin embargo, las oenegés de la sociedad civil temen que estos cambios sean cosméticos y no se hagan cambios de fondo que garantizarían la no privatización.

"En esta primera parte están dispuestos a hacer todos los cambios que hemos propuestos, vamos a esperar a ver si del título segundo en adelante, que es donde se van desarrollando las herramientas para que estas declaraciones se realicen incorporen los cambios que entregamos", dijo Carlos Flores, del Foro del Agua.

En la misma línea, Amalia López, de la Alianza contra la Privatización del Agua, señaló que ahora los diputados deben operativizar el artículo 1, especialmente en el apartado de autorizaciones y concesiones. La iniciativa en discusión, que fue propuesta por el Gobierno, permite que un solo concesionario extraiga más de 470 millones de litros de agua anuales, durante 15 años prorrogables.

"Si no lo garantiza, si no lo desarrolla más adelante, como sucedió con la propuesta original de presidencia, que no operativiza el derecho humano al agua, estamos hablando de letra muerta", sentenció.

El artículo 2, donde está el objeto de la ley, se incluye "promover el desarrollo humano, social y económico mediante la utilización sustentable de los recursos hídricos". En ese punto, la diputada efemelenista Dina Argueta sugirió remover el aspecto económico, pero Martínez rechazó la propuesta alegando que "sabemos que todas estas juntas de agua de eso viven. De vender, de extraer, pero no tienen ningún tipo de regulación, no se sabe a dónde va el dinero, si están registradas; por eso lo agregamos en este artículo".

Ya el 26 de agosto, cuando llegaron funcionarios del Ejecutivo a la comisión ad hoc,el oficialismo instaló un discurso en contra de las juntas de agua. Ministros y legisladores oficialistas las señalaron de "cobros excesivos" y de ofrecer "agua contaminada". Estas organizaciones comunales han denunciado que el anteproyecto gubernamental las excluye y han pedido que la normativa reconozca su trabajo en el territorio.

El próximo 18 de septiembre vence el plazo que impuso Bukele para la aprobación de la ley. El secretario de la comisión, y jefe de la fracción cian, Christian Guevara, dijo que en cada sesión tenían previsto aprobar entre 15 y 25 artículos, dejando entrever que se tomarán más tiempo.

Guevara también solicitó que el nombre de la ley y los considerandos se discutan en la última sesión, en respuesta a la petición de la diputada Argueta, quien pidió que se discutiera ayer mismo.

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