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Acusan a Funes y otros exfuncionarios por corrupción en El Chaparral

La Fiscalía sostiene que el expresidente Mauricio Funes, apoyado por "Mecafé", influyó para que CEL pagara a Astaldi cerca de $45 millones de manera ilegal por la obra inconclusa de la presa El Chaparral.

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Imputado.  El expresidente Funes es acusado de recibir sobornos por contrato de El Chaparral.

Imputado. El expresidente Funes es acusado de recibir sobornos por contrato de El Chaparral.

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Malversaron fondos públicos a cambio de dádivas. Esa es la conclusión de la Fiscalía General de la República (FGR) sobre las negociaciones que encabezó el expresidente Mauricio Funes con el apoyo de otros funcionarios para pagar un excedente de dinero de manera ilegal, según las investigaciones, desde las cuentas de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) hacia la constructora Astaldi por la obra inconclusa de la presa El Chaparral.

De acuerdo con el requerimiento (acusación) presentado ayer por fiscales de la Unidad Especializada contra el Lavado de Activos, en las supuestas negociaciones ilícitas también estuvieron involucrados Miguel Menéndez, mejor conocido como "Mecafé"; Leopoldo Samour, expresidente de CEL; y Mario Pieragostini, representante de Astaldi. Los otros dos imputados son Mitchell Guzmán, actual compañera de vida de Funes; y José Quinteros, un contador que trabajaba para Astaldi.

La Fiscalía acusa a Leopoldo Samour como el autor directo del delito de peculado (malversación de fondos públicos) y agrupaciones ilícitas; mientras que el exmandatario Funes y "Mecafé" deberán responder ante la justicia por influir en la malversación de fondos, lavado de dinero y agrupaciones ilícitas. El italiano Mario Pieragostini es imputado por cohecho activo (soborno); y José Quinteros y Mitchell Guzmán son acusados como actores directos de lavar dinero.

Las negociaciones sirvieron, según la FGR, para que Funes, "Mecafé", Pieragostini y Samour acordaran finalizar el contrato por mutuo acuerdo entre CEL y Astaldi en un arreglo directo, a pesar de que la obra no estaba terminada. Los ahora acusados pactaron pagar $45,244,418 más del monto real de la obra, que en 2012 tenía un retraso del 68.48 %, de acuerdo con estimaciones fiscales.

Mario Pieragostini, en nombre de la empresa constructora, ofreció un soborno de $3.5 millones que fueron repartidos entre los exfuncionarios a cambio de llegar al mencionado pacto.

"En el funcionamiento de la CEL Mauricio Funes no tiene un actuar directo, pero sí tiene injerencia: en la colocación del presidente de CEL y los directivos provienen de muchas ramas de carteras del Estado. Entonces él nombraba al presidente, en este caso al presidente Leopoldo Samour, y le giraba instrucciones, secundado por Miguel Menéndez (‘Mecafé’)", expuso uno de los fiscales del caso.

La FGR señala que la CEL solo debía cancelar $63,255,582 correspondientes al 31.52 % de avances que tenía la construcción de la presa, pero el arreglo directo entre los funcionarios y representantes de la empresa constructora elevó la cifra hasta $108,500,000; es decir, los más de $45 millones que la Fiscalía considera malversados.

La Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), en su Artículo 95, impide que las partes involucradas cancelen más dinero que el correspondiente "en su caso, a la ejecución de la obra realizada, al servicio parcialmente ejecutado o a los bienes entregados o recibidos".

"El arreglo directo que arreglaron estas personas con la sociedad Astaldi fue viciado desde su primer momento, ya que lo que correspondía aplicar era la caducidad del contrato (...) En este caso existían incumplimientos (contractuales); el principal incumplimiento era el atraso en el avance de la obra", apuntó una representante de la FGR.

Según la parte fiscal, la empresa Astaldi empezó a repartir los $3.5 millones de supuestos sobornos entre los implicados luego de que CEL canceló en su totalidad los más de $108 millones pactados. El pago del dinero fue hecho, aseguró una representante de la FGR, a través de empresas "offshore" Railway International Trading Corp. y Rift Internacional, S. A., ambas relacionadas con la sociedad constructora, que simuló pagarles por servicios prestados.

Las dos empresas anteriores fueron las encargadas de transferir esos montos a otras dos sociedades "offshore": Headford Business y Rayne Services, que estaban registradas a nombre de "Mecafé", quien luego, según la investigación, envió $650,000 a la empresa Latin America Spas, propiedad del expresidente Funes y dirigida por su pareja, Mitchell Guzmán.

Los más de $600,000 que presuntamente recibió la empresa de Funes fueron utilizados para constituir la sociedad y comprar dos terrenos para su funcionamiento: uno en la colonia Maquilishuat (San Salvador) y el otro en Santa Elena (Antiguo Cuscatlán).

"Una vez recibido el dinero en Astaldi ellos empezaron a derivar hacia Panamá. De Panamá se pasó cierta parte a Latin America Spas (...) Se creó una red de franquicia de sociedades, eran tres Latin America Spas: una en El Salvador, otra con sede en Panamá y otra con Suiza", dijo el fiscal.

Mauricio Funes, quien goza de asilo político otorgado por el Gobierno de Nicaragua, utilizó su cuenta oficial de Twitter para responder ayer a las nuevas acusaciones que se suman en su contra.

"¿En qué quedamos, fiscal Meléndez? El spa se financió con fondos de CAPRES, según acusación de junio pasado. Hoy cambian la versión y dicen que se financió con el soborno que según ustedes pagó Astaldi. Esta es la mejor prueba (de) qué no tienen idea de lo que dicen y por lo que me acusan", publicó el exmandatario ayer en uno de sus múltiples mensajes en su red social.

Funes también dijo que la Fiscalía en la acusación no incluyó a Luis Medina, uno de los consultores que recomendó a CEL llegar a un mutuo acuerdo. Una fiscal, tras ser cuestionada ayer por la prensa, dijo que no tienen "conocimiento" sobre el caso de Medina.

Según una información revelada en 2017, auditores de la Dirección 4 de Auditoría de la Corte de Cuentas de la República (CCR) encontraron seis irregularidades, que suman $150 millones, en el contrato y ejecución de la construcción de El Chaparral, ubicada en Carolina, San Miguel; sin embargo, cuatro de esas supuestas irregularidades no fueron presentadas al final del proceso.

El Juzgado Noveno de Paz realizará la audiencia inicial del caso esta mañana. Esta nueva acusación por la supuesta corrupción en El Chaparral se suma a los otros tres procesos abiertos contra Funes, quien actualmente tiene dos órdenes de captura en su contra. La Policía Internacional (INTERPOL), en Francia, se negó a emitir la difusión roja, y argumentó que Funes y su familia gozan de asilo político en Nicaragua desde septiembre de 2016.

La posible extradición está siendo evaluada por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), pero no se pueden conocer más detalles sobre el proceso de deliberación debido a que tiene reserva. La CSJ también valora las órdenes de extradición contra familiares de Funes: Ada Mitchell Guzmán, y sus hijos Carlos Mauricio Funes Velasco y Diego Roberto Funes Cañas, todos asilados en Nicaragua.

Mauricio Funes es acusado por el ministerio público de valerse de una presunta red de testaferros (prestanombres), incluidos algunos de sus familiares, para utilizar dinero público en gastos privados, como compras de lujo, pago de cirugías, compra de inmuebles y otros. Lo acusan del desfalco de $351 millones de fondos públicos en su gobierno.

El exmandatario, que llegó al poder en 2009 bajo la bandera del FMLN, también es requerido en el Caso Corruptela, denominado por la Fiscalía. La Fiscalía sostiene que Funes pagó dádivas al ex fiscal general Luis Martínez para frenar investigaciones que le comprometieran su gestión al frente del país. Precisamente una de las investigaciones que Funes supuestamente pidió cancelar fue la de la presa El Chaparral, caso por el que desde ayer deberá enfrentar la justicia salvadoreña.

El tercer caso es por la divulgación del Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS), que revelaba movimientos financieros sospechosos del expresidente Francisco Flores (nota en página 5).

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