Acusan a cinco de defraudación por $564,000

FGR dice que los imputados crearon una cooperativa para captar fondos sin tener aval del sistema financiero.
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La Fiscalía General de la República (FGR) presentó ayer, ante el Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador, la acusación formal contra cinco personas, a quienes se les imputa el delito de defraudación a la economía pública.

Según los fiscales de la Unidad Especializada de Delitos de Corrupción, el delito fue cometido por cinco personas, pero dos de ellos son prófugos de la justicia.

La fiscal del caso, Margarita González, explicó que presentaron las pruebas encontradas durante el proceso, con las cuales solicitaron al juez que pase el caso a la siguiente etapa: a sentencia.

De acuerdo con la fiscal, los acusados son Miguel Ángel Lúes, de 63 años; Xiomara Yageysi Escalante Chávez, de 25 años; María Consuelo Hernández de Concepción, de 40.

Según las indagaciones fiscales, Lúes fungía, desde abril de 2008, como presidente de la Asociación Cooperativa de Producción Agroindustrial, Comercialización de Ahorro y Crédito Pioneros Invencibles de R. L. (ACOPACPION). “Ellos comenzaron con la producción agroindustrial, pero se involucraron en la captación de fondos, aunque no estaban autorizados. Se anunciaban con grandes tasas de interés y las víctimas se acercaron para entregar su dinero para recibir esos intereses”, dijo la fiscal González.

Los anuncios comerciales ofrecían el 14% de intereses a personas interesadas en ahorrar su dinero en esa cooperativa que no estaba autorizada por la Superintendencia del Sistema Financiero.

La Fiscalía ubica a Escalante Chávez como secretaria del consejo de administración de la cooperativa. Ella era quien, según la FGR, realizaba múltiples actividades dentro de la institución, al aigual que Hernández de Concepción.

Las oficinas de la cooperativa estaban ubicadas en Sonsonate y Nahuizalco. Desde abril de 2010, comenzaron a captar fondos en calidad de ahorro que les entregaban usuarios interesados en obtener altos porcentajes de intereses.

La cifra de dinero captado, según la Fiscalía, es de $564,000. Esa cantidad, según las investigaciones, fue entregada por cinco personas residentes en diferentes puntos del país. El dinero era trasladado a una segunda empresa fantasma conocida como ACOPACPION S. A. de C. V., cuyo presidente y apoderado ha sido identificado por la FGR como Carlos Alberto Morán Ferracuti, quien tiene una orden de captura, desde abril de 2011, por los delitos de captación ilegal de fondos como medio para cometer defraudación a la economía pública.

La Fiscalía también ha emitido orden de detención para Blanca Miriam Martínez, la otra persona que se encuentra prófuga.

La investigación inició luego de que la Superintendencia del Sistema Financiero alertó a la FGR.

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