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Acusan a exjueza de liberar a pandilleros

La exjueza ordenó la libertad para “el Sirra” y otros pandilleros. La Cámara de lo Penal le ordenó no beneficiar a este grupo de criminales. También fue acusada de favorecer a un reo condenado por homicidio.
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Acusación.  El jefe fiscal de la Unidad Anticorrupción, Andrés Amaya (derecha), presentó ayer la acusación contra la ahora exjueza Torres.

Acusación. El jefe fiscal de la Unidad Anticorrupción, Andrés Amaya (derecha), presentó ayer la acusación contra la ahora exjueza Torres.

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Acusan a exjueza de liberar a pandilleros

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La Fiscalía General de la República (FGR) presentó ayer un requerimiento en contra de la exjueza de Vigilancia Penitenciaria Ástrid Torres por ordenar la libertad de 17 pandilleros en 2012. El Juzgado de Sentencia de Santa Tecla emitió un fallo condenatorio en julio de 2009 contra 124 imputados por los delitos de homicidio agravado, proposición y conspiración y agrupaciones ilícitas.

En mayo de 2012 la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) le envió el caso a la exjueza para que verificara los expedientes, y, en efecto, el grupo ya había cumplido la sentencia por los tres delitos.

Según la Fiscalía, del 4 al 9 de mayo Torres emitió 67 órdenes de libertad. De ese total, ordenó la libertad de 29 acusados.

“A 29 imputados no procedía darles libertad, debido a que no cumplió con la resolución de la sala”, dijo el jefe de la Unidad Especializada de Delitos de Corrupción, Andrés Amaya.

Dentro de los reos que fueron liberados, a 17 pandilleros aún les faltaba cumplir cuatro años de prisión. “Ella (la jueza) les decía a los alcaides que los pusieran en libertad porque podrían caer en detención ilegal”, explicó Amaya.

En noviembre de ese mismo año el Juzgado Segundo de Paz de Quezaltepeque, La Libertad, autorizó un peritaje telefónico para verificar el contenido de los mensajes de texto que la jueza envió al celular del exdirector del penal de Quezaltepeque Rafael Antonio Jiménez.

La Fiscalía dijo que en los mensajes Torres pidió la libertad inmediata para 16 pandilleros que no habían cumplido todas sus condenas.

La jueza reconoció en 2012 a LA PRENSA GRÁFICA que, en efecto, mandó esos mensajes, pero que no lo hizo para presionarlo, sino para recomendarle que hiciera efectivas las órdenes.

“En los mensajes que puedan sacar, en ningún momento estoy ordenando, sino que estoy sugiriendo, porque yo no soy la jefa del director del centro. Seamos realistas, he hecho sugerencias, no sé para qué pretenden utilizarlos (los mensajes)”, afirmó Torres en esa oportunidad.

Hace cuatro años la acusada incluso manifestó que era necesario investigar al exdirector de Centros Penales Nelson Rauda.

Sin embargo, Rauda demostró que tenía la documentación de que la liberación anticipada debía recaer en Torres. “Nosotros nos sometemos a cualquier investigación. Probé con el expediente que no es una responsabilidad nuestra”, declaró el director.

En ese año también se le consultó a Torres si es normal que los jueces de Vigilancia Penitenciaria se comuniquen vía mensajes de texto con los directores de las cárceles. Ella contestó: “Yo tengo casi 15 años y siempre lo he hecho. La comunicación entre el juez de Vigilancia y el director puede ser por cualquier medio”.

Los juzgados de Vigilancia Penitenciaria envían primero los cómputos de pena a los reclusorios y después giran las órdenes de libertad. En este caso, el juzgado de Santa Tecla lo hizo al revés.

Ordenan investigación

Ástrid Torres renunció a su cargo el mes pasado. La Fiscalía sostiene que lo hizo por el delito del que es acusada. “Creemos que la renuncia obedece a que existen varias denuncias en contra de ella”, aseveró la FGR.

La Fiscalía, además, dijo que cuenta con pruebas documentales y testimoniales que respaldan la acusación de que puso en libertad a los pandilleros.

La exjueza es acusada de “favorecimiento a la evasión bajo la modalidad del concurso ideal de delito”. Amaya agregó que de ser encontrada culpable, la pena rondará entre 10 y 15 años.

La audiencia está programada para el 24 de abril.

En 2008 Ástrid Torres fue acusada de favorecer a un reo condenado por homicidio, al concederle la libertad tras aplicarle un beneficio establecido en las leyes penales para acortar la pena.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) no encontró méritos para promover el antejuicio.

Liberó al “Sirra”

Torres concedió, en distintas fechas, libertad condicional a tres de los ocho integrantes de la banda de secuestradores liderada por Dionisio Arístides Umanzor, conocido como “el Sirra”.

Deysi Ruiz, Fredy Roberto Cruz Hernández y Carlos Ramos Mancía, junto con “el Sirra” y otras cuatro personas, fueron condenados en septiembre de 2000 por haber secuestrado y asesinado a Eduardo Álvarez en mayo de 1999.

En 2005 la jueza cambió la cárcel por la libertad condicional a Ruiz y a Cruz Hernández.

En febrero pasado Torres decidió conceder el mismo beneficio a un tercer integrante de la banda de pandilleros: Carlos Ramos Mancía, quien cumplía una pena de 15 años de prisión.

La Cámara de lo Penal de Santa Tecla cuestionó esa decisión. Este tribunal ya le había advertido a Torres que se abstuviera de seguir concediendo beneficios penitenciarios a los integrantes de este grupo criminal.

El artículo 92-A del Código Penal, argumentó la Cámara de lo Penal de Santa Tecla, prohíbe otorgar libertad condicional a aquellas personas que “realicen su conducta en grupo de cuatro o más personas”.

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