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Admiten demanda por nombramiento de Roxana Soriano en el IAIP

Los demandantes están a la espera que la Sala admita la medida cautelar de separar a la comisionada mientras dure el proceso.

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La Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) admitió la demanda interpuesta por la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE) en la que se solicita que Roxana Soriano sea suspendida de su cargo de comisionada propietaria en el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).

La demanda de FUNDE está basada en la supuesta ilegalidad que pudo haber cometido el presidente de la República, Nayib Bukele, al nombrar a Soriano en ese cargo, en octubre de 2020.

Los demandantes sostienen que la demanda está orientada  contra la autoridad que designó a Soriano, que en este caso fue el presidente   Bukele, y aseguran que  buscan  impugnar el nombramiento porque la comisionada no cumple con los requisitos que exige la Ley.

La Sala de lo Constitucional ha establecido anteriormente  que los funcionarios con potestad jurisdiccional, como los comisionados del IAIP, deben ser independientes y los criterios para su selección deben ser transparentes y objetivos, además de comprobables.

“Esperábamos que se admitiera la demanda  ya que tiene los elementos suficientes como para poder ser admitida. El argumento principal es la falta de independencia de Soriano como comisionada. Hay que recordar que ella fue precandidata a diputada por el partido Nuevas Ideas y eso implicaba que  era una persona que estaba afiliada al partido. En ese sentido creemos que se cumple la expectativa que se admitiera la demanda”, dijo a LA PRENSA GRÁFICA el coordinador del Centro de Asistencia Legal Anticorrupción (ALAC-FUNDE), Wilson Sandoval.

Sandoval agregó que están a la espera que se admita también la medida cautelar solicitada a la misma Sala, en el que pidieron apartar a Soriano mientras dure el proceso.

“¿Por qué pedimos la medida cautelar? Porque creemos que puede dañar o menoscabar derechos de usuarios del IAIP que necesitan que el Instituto les garantice sus derechos de acceder a la información pública. El presidente tiene tres días  para  contestar sobre este asunto”, explicó Sandoval.
 

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