Admiten demandas contra presupuesto

La Sala de lo Constitucional rechazó suspender la vigencia del presupuesto 2017. Los magistrados dieron 10 días para que la Asamblea Legislativa se pronuncie y defienda legalidad.
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El Presupuesto General de la Nación de este año podría ser declarado inconstitucional si la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) comprueba que contiene los vicios planteados en dos demandas que fueron admitidas ayer.

Las demandas de inconstitucionalidad en contra de la Ley del Presupuesto General del Estado versan sobre dos puntos: una objeta que la aprobación de emisión de deuda de corto plazo se haya tomado con 48 votos y no con 56 como manda la ley; y la segunda critica que en el presupuesto se omitió incluir $430 millones para el financiamiento al fondo de amortización y fideicomiso del sistema de pensiones público, el pago al Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA), la devolución del IVA a exportadores y la devolución de Renta a contribuyentes.

Los magistrados acumularon ambas demandas y han dado 10 días hábiles a la Asamblea Legislativa y al representante del fiscal general para que se pronuncien sobre lo planteado en ambas demandas. La ley de procedimientos constitucionales da hasta 90 días para poder solicitar comentarios a la fiscalía.

“Acuérdese que las leyes del presupuesto solo tienen vigencia un año, no es como una ley permanente que usted se puede tardar lo que sea, dentro del año tiene que resolverse porque si no ya no tiene sentido”, explicó el magistrado de la Sala de lo Constitucional Belarmino Jaime.

La demanda que señala que se aprobó deuda sin mayoría calificada fue presentada por el abogado Daniel Eduardo Olmedo Sánchez, quien señala que se trata de una conducta que la Asamblea reproduce todos los años al aprobar el plan de gastos.

“Podría la sala decir que de acá en adelante no se puede emitir deuda si no se autoriza por mayoría calificada, o fijar un plazo para que la Asamblea adapte el presupuesto a la Constitución”, comentó, por su parte, Salvador Enrique Anaya, el abogado que señaló la carencia en partidas presupuestarias.

La sala admitió ambas demandas el mismo día que el Gobierno se declaró en impago (lea nota en página 4).

En su demanda, Anaya aseguró que los montos colocados a las cuatro partidas presupuestarias cuestionadas no están acorde a la realidad y además solicitó una medida cautelar con la que buscaba suspender la vigencia de la ley de presupuesto 2017. El abogado pidió que, de acuerdo con precedentes legales, entrara en funcionamiento el presupuesto del año 2016, el cual sí contenía, al menos, una partida adecuada para el pago obligado a los fondos de pensiones de los trabajadores.

“No se admitió la medida cautelar porque no queremos generar problemas en el manejo de las finanzas del Estado, que eso pudiera complicarlo. Pensando en el país, no en intereses particulares de nadie”, declaró el magistrado Jaime.

Respecto a la demanda de Anaya, la sala aclaró en la admisión que los argumentos dispuestos en dicho escrito tienen “un grado de verosimilitud suficiente para que el reproche constitucional alegado sea resuelto por medio de sentencia definitiva. Es decir, aparentemente hay principios presupuestarios vulnerados y que pudieran resultar estimados en la sentencia”.

El abogado que señaló el vacío presupuestario afirmó que la sala podría resolver de múltiples maneras en este caso, pero que hay dos vías muy probables: una es reducir montos de algunos gastos y la otra es aumentar el monto del presupuesto, lo que podría traer problemas con la aprobación de nuevos préstamos o con el techo colocado por la Ley de Responsabilidad Fiscal.
 

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