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Adopciones llevan detenidas tres meses

La nueva Ley Especial de Adopciones entró en vigencia el pasado 24 de abril, pero todavía no está siendo aplicada, por lo que ningún trámite anterior está siguiendo su curso ni tampoco se están recibiendo nuevas solicitudes.
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Por primera vez en la historia, El Salvador tiene una Ley Especial de Adopciones. Lleva vigente tres meses, pero todavía no está siendo aplicada. Durante este tiempo, ningún trámite para decretar la adopción de un niño ha seguido su curso ni tampoco ha sido recibida alguna nueva solicitud por parte de familias que deseen adoptar. Todo lo relacionado al tema de adopciones, en general, está detenido.

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La situación es “grave”, advierte la directora ejecutiva del Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia (CONNA), Zaira Navas.

“Estamos en una situación bastante delicada, porque cualquier procedimiento que haga la OPA (Oficina Para Adopciones) anterior no tiene validez jurídica. Que no esté funcionando la nueva OPA pone en una situación de desprotección tanto a los niños como a las familias que ya han sido evaluadas y calificadas y que llevan hasta dos años esperando una respuesta”, señaló.

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El nuevo marco jurídico ordena la creación de una nueva OPA y la diferencia con la anterior es que ya no será una dependencia de la Procuraduría General de la República, sino que será un organismo que tendrá sus propios recursos y una junta directiva que estará conformada por dos representantes de la sociedad civil, un representante de Cacillería, la dirección ejecutiva del CONNA y cuya presidencia estará a cargo del titular de la PGR.

El principal motivo del atraso fue, precisamente, la creación de la nueva OPA; de forma particular, la elección de los dos representantes de la sociedad civil, según explicó Navas.

Lo lógico era que fueran escogidos por la misma sociedad civil, pero la Ley ordena que los escojan los titulares de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), luego de que el CONNA convoque a todos los organismos miembros de la red de atención compartida para que voten y elijan dos ternas.

“Un proceso inexplicable. No puedo utilizar un término diferente. Nosotros argumentamos en la etapa de la construcción de la Ley que ese proceso viola el principio de representatividad, porque no puede ser alguien ajeno a mi gremio el que elija a mi representante”, cuestionó.

La ley no le dio criterios ni a la Fiscalía ni a la Corte para definir a quién de la terna debía elegir: “El único parámetro que tenían era: ‘Elija de entre la terna’ y eso fue lo que hicieron. Y eso generó mucha molestia entre la sociedad civil. Fue por eso que el CONNA debió hacer tres procesos de convocatoria para animar a la sociedad civil a elegir las dos ternas. Hubo mucha burocracia y mucho desgaste”, criticó la titular del CONNA.

Una semana después de entrada en vigencia la nueva normativa, la coordinadora de la antigua OPA, Alejandra Cerna, también había evidenciado este malestar.

“Esta nueva ley dice que el CONNA debía convocar 30 días antes de su entrada en vigencia a la red de atención compartida de niñez y adolescencia. Y lo hizo, pero nadie se postuló. Pasó la primera convocatoria y nadie se inscribió. Pasó la segunda y tampoco. Pasó la tercera y solo se inscribieron cinco y tenían que ser dos ternas”, había revelado Cerna.

creada, pero no instalada

El problema ahora es que, si bien la nueva OPA ya está conformada, no está funcionando. Navas explicó que están a la espera de que la procuradora general, Sonia de Madriz, presidenta del nuevo organismo, gire la convocatoria para que sea instalada.

Por todo lo anterior, el CONNA había enviado una serie de observaciones sobre el anteproyecto de ley a la Presidencia de la República, en las que no solo cuestionaba el referido proceso de elección, sino que también advertía que era necesario un período mayor de vacancia antes de que entrara en vigencia la nueva legislación y, más todavía, un presupuesto.

“Crear todo un nuevo organismo no es fácil. Además, la PGR no tiene disponibilidad financiera. Era necesario que, a la par de la aprobación de la ley, hubiese sido también considerado cuánto iba a tener que invertir la PGR”, apuntó Navas, para cuestionar la medida.

Cerna, por su parte, también había señalado esa falta de presupuesto. Aunque no supo dar una cifra exacta para que funcione, estimó que la PGR necesita más de $1.5 millones para operativizar la Ley Especial de Adopciones, y de ese presupuesto nadie ha hablado nada: “Ese presupuesto no está. Tampoco están las unidades. Supuestamente, ese dinero iba a ser asignado a partir del próximo año (2018)”, detalló la excoordinadora de la ex OPA.

Las unidades a las que se refería Cerna son las que constituyen la nueva Oficina Para Adopciones: una Unidad de Calificación Legal, una Unidad de Calificación de Familias y un Comité de Selección y Asignación de Familias Adoptivas.
 

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