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Advierten que legalizar 200 mil centroamericanos puede tener fin electoral

Iniciativa fue presentada por el Gobierno, a través de Seguridad. Partidos y sociedad civil sospechan de las intenciones del Ejecutivo.
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Agilizando los procesos, disminuyendo los requisitos que se deben cumplir para optar por una residencia definitiva o por la calidad de salvadoreño por nacimiento y también los pagos, pretende el Gobierno de El Salvador (GOES) regularizar la situación de miles de centroamericanos, y por ello presentó ante la Asamblea Legislativa el anteproyecto de la ley transitoria de regularización migratoria para la población de origen centroamericano.

El titular de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), Héctor Rodríguez, aseguró el día de la presentación la semana pasada que con diversos sondeos que han realizado preliminarmente han determinado que la mayor parte de centroamericanos que tienen un estatus irregular en el país proceden en mayor número de Nicaragua, le siguen ciudadanos de Honduras y por último de Guatemala.

En la normativa propuesta, se establece que podrán optar por la calidad de salvadoreño de nacimiento las personas que hayan ingresado al país de formar irregular o en calidad de refugiados como mínimo un año antes de entrada en vigor de la normativa. Además podrán optar por una residencia definitiva los centroamericanos que tengan como mínimo seis meses de residir en el país y que demuestren un arraigo, es decir, un compromiso que los amarre al país, este puede ser educativo, familiar o laboral.

De acuerdo con la Constitución de la República, máxima legislación que rige el quehacer en el país, en su artículo 72, ordinal primero establece que uno de los derechos políticos que todo ciudadano salvadoreño tiene es el de “ejercer el sufragio”, este además es reconocido como un deber en el artículo 73, ordinal primero de la misma legislación.

La petición que fue presentada el pasado 15 de agosto no ha dejado de generar sospechas por los fines que el Gobierno pueda tener con este proyecto, más allá del tema de la legalización de ciudadanos, entre otros motivos, porque es presentada ya cuando el período electoral ha comenzado a calentar y porque facilita el proceso de nacionalización, que a su vez permite a quien la obtenga poder ejercer el voto si se encuentra inscrito en el Registro Electoral.

El anteproyecto de ley ya están en manos de la Asamblea Legislativa y será la comisión de relaciones exteriores, integración centroamericana y salvadoreños en el exterior la encargada de darle estudio y hacerle las modificaciones pertinentes. Debió haber sido recibido formalmente la semana anterior en la comisión, sin embargo, no se realizó la reunión.

El jefe de fracción de ARENA, Alberto Romero, sentenció que su partido no está dispuesto a apoyar la propuesta de nacionalización, pues sería apoyar un fraude electoral de cara a 2018 y 2019.

“No apoyaríamos algo así, porque si usted los nacionaliza tienen derecho a DUI, si tiene derecho a DUI entra al padrón, entonces ya eso es fraude”, sentenció.

Respecto a las residencias definitivas que también el Gobierno propone otorgar, Romero dijo que esto puede servir de antesala para más nacionalizaciones.

“Estamos haciendo un análisis jurídico que no vaya a permitir después, como hicieron en Suramérica, que los que tengan residencia los vayan a querer también nacionalizarlos y nacionalizándolos le sacan DUI e ingresan al padrón electoral, esa es la parte que hay que revisar jurídicamente”, señaló el jefe parlamentario tricolor.

El día de la presentación, el ministro de Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, dijo que el proyecto que se estaba entregando a los diputados ese día se desarrolló “con el objeto de brindar facilidades, acortar los procedimientos, reducir los costos que significan para los centroamericanos que residan en el país regularizar su situación migratoria”.

Para la diputada del FMLN que también es miembro de la comisión que estudiará la petición del Ejecutivo, Nidia Díaz, así es la forma en que se debe ver la propuesta.

La diputada oficialista aseguró que el objetivo del Gobierno se aleja de tema electoral y que regularizar a centroamericanos no es sinónimo de que vendrán en grupos solo a votar.

“Hay gente que lo ve desde el tema electoral y están diciendo que quizás vamos a legalizar a miles o cientos, fue clarito el ministro (de Seguridad) al decir que hay 26 mil gentes reconocidas, pero porque hay gente que va al hospital de su lugar donde están ahí van sabiendo que hay muchos más que 26 mil; por eso sería bueno regularizar y no estar pensando en el propósito electoral así como que toda la gente se va a venir en grupos a votar. Es simplemente una cosa de acelerar procesos y darle mejores condiciones al centroamericano que vive acá para que pueda resolver su estatus”, aseveró la diputada Díaz.

Pese a esto, el dato que dio el director de la DGME de que la mayor parte de posibles beneficiados viene de Nicaragua, con gobierno afín al Gobierno del FMLN, despierta dudas en el miembro del movimiento DECIDE, Jorge Daboub. (Ver nota secundaria)

Además que suceda en época preelectoral de las elecciones municipales y legislativas de 2018 y de las presidenciales de 2019 también resulta sospechoso para el director ejecutivo de la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE), Roberto Rubio, quien no desestimó que pueden haber centroamericanos sin malas intenciones beneficiados, pero aún así instó a realizar un análisis minucioso del tema.

“En momentos en el cual hay dificultades con el padrón, hacer eso me parece que metería más ruido al proceso electoral, creo que no conviene”, dijo Rubio a este medio.

La duración de esta normativa propuesta por el Ejecutivo, a través de Seguridad, es de dos años desde que entre en vigor.

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