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Agencias privadas de seguridad sin control de la PNC

La Policía dice que enfrenta un vacío legal para imponer multas porque la Sala de lo Contencioso Administrativo le ha dado la razón a las agencias. La PNC dice que restablecerá sanciones hasta que haya una reforma.

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Controles. La PNC tiene una unidad encargada de supervisar a las agencias privadas de seguridad, pero no está imponiendo multas a las agencias que incumplen la Ley de Servicios Privados de Seguridad por un vacío legal señalado por una sala de la Corte Suprema de Justicia.

Controles. La PNC tiene una unidad encargada de supervisar a las agencias privadas de seguridad, pero no está imponiendo multas a las agencias que incumplen la Ley de Servicios Privados de Seguridad por un vacío legal señalado por una sala de la Corte Suprema de Justicia.

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Las agencias de seguridad pueden extraviar armas sin dar parte a las autoridades y no pasa nada. Pueden ocultar información a la Policía y Fiscalía sobre hechos delictivos cometidos por sus agentes, y no pasa nada. O pueden permitir que sus agentes traten mal a las personas, y tampoco pasa nada. La razón: la Policía Nacional Civil (PNC), que tiene una división encargada de supervisarlas, enfrenta un vacío legal para poder sancionar infracciones leves y graves.

Ese vacío se generó, según la PNC, desde que la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) emitió una resolución que impide multar a las agencias.

“A la fecha no existen entidades de seguridad privada que hayan sido sancionadas, en virtud de que la Sala de lo Contencioso emitió resolución señalando vacíos en la aplicación de la Ley de Servicios Privados de Seguridad”.
 División de Servicios Privados de la PNC

Si se le pregunta a las oficinas de la PNC a cuántas de estas empresas ha sancionado desde 2016, y cuáles son las sancionadas, la respuesta oficial es: “A la fecha no existen entidades de seguridad privada que hayan sido sancionadas, en virtud de que la Sala de lo Contencioso emitió resolución señalando vacíos en la aplicación del artículo 47 de la Ley de Servicios Privados de Seguridad”. En la actualidad hay 85 empresas de seguridad privada operando en la ilegalidad, es decir, empresas que no renovaron la autorización para su funcionamiento, y 367 que sí tienen sus papeles en regla en la División de Registro y Control de Servicios Privados de Seguridad de la PNC.

El artículo 47 de la Ley de Servicios Privados dice que las faltas leves serán sancionadas con multas desde dos a 10 salarios mínimos, y las graves con multas desde 11 a 60 salarios mínimos mensuales. Pero en ninguno de los dos casos se especifica si se refiere al salario mínimo mensual en el sector comercio, servicios, o industria, por lo que las agencias de seguridad han señalado que existe un vacío, y que las multas deben estar especificadas en un reglamento.

Y mientras los diputados no lo subsanen, la Policía seguirá de brazos cruzados. “Los procesos administrativos sancionatorios se iniciarán hasta que haya reforma del artículo antes mencionado”, respondieron a la consulta de LA PRENSA GRÁFICA.

Un ejemplo reciente

La PNC multó a la Asociación de Agentes de Seguridad Privada Libertadores, Sociedad Anónima de Capital Variable, AASPL, S. A. de C. V. por varios razones: no informó sobre el extravío, hurto, extracción de armas propiedad de la empresa, y su respectiva documentación. También la multó por “no llevar un control adecuado de las actividades de la empresa”; por no haber renovado los contratos de seguros de vida y de daños a terceros; y por incumplir con las prestaciones de ley a los agentes privados de dicha empresa.

“Qué raro (que no puedan poner multas), porque en las reuniones que tenemos con el ministro nunca nos han dicho nada... La ley es clara, es una de las mejores que hay en Latinoamérica”.
Antonio Almendáriz, diputado de la comisión de seguridad

La empresa apeló ante la Sala de lo Contencioso y, entre otras cosas, alegó que la multa era ilegal porque se violaron los principios de legalidad y seguridad jurídica “por la inexistencia del Reglamento General de la Ley de los Servicios Privados de Seguridad”. La sala resolvió la demanda en mayo pasado, y en este caso no entró a pronunciarse sobre la falta del reglamento, pero sí le dio la razón a la empresa y resolvió devolver el expediente a la PNC para que esta revise el recurso de apelación que presentó la agencia.

Nadie sabe

Ricardo Sosa, experto en criminología y empresario de seguridad privada, se abstuvo de opinar sobre el tema, porque dijo que desconoce la jurisprudencia de la sala que inhibe a la PNC de imponer las multas.

Antonio Almendáriz, diputado de la comisión de seguridad de la Asamblea, también dijo que desconoce que exista un limbo. “Desconozco eso del Contencioso y qué raro que no puedan poner multas, porque eso está por ley y la ley es bien clara. Qué raro porque en las reuniones que tenemos con el ministro nunca nos han dicho nada... La ley es clara, es una de las mejores que hay en Latinoamérica con respecto al control que hay”, dijo el legislador.

Mario Tenorio, diputado de la comisión de legislación, la encargada revisa cambios de ley, tampoco sabía del vacío. “Ese tema no lo tenemos nosotros en la comisión de legislación. Seguramente lo manejan en la comisión de seguridad pública. La reforma no tendría que pasar donde nosotros, tendría que ser en seguridad pública”, respondió Tenorio.

El fiscal general, Douglas Meléndez, pidió la semana pasada a los diputados que reformen la Ley de Servicios Privados de Seguridad, porque cree que las empresas de seguridad privada deben ayudar a las autoridades a reducir la violencia. “A lo mejor y a algunos no les vaya a gustar lo que voy a decir, pero muchas empresas de seguridad tienen grandes negocios de la seguridad. Están haciendo mucho negocio de la seguridad en este país”, señaló el fiscal.

Ley
DE LOS SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD.

 Art.
 47
 “Las infracciones a lo dispuesto en la presente ley y su reglamento, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal a que hubiere lugar, se sancionarán con: a. Faltas leves: las cuales se sancionarán con multa equivalente de dos a diez salarios mínimos mensuales, vigentes al momento de imponer la sanción. b. Faltas graves: las cuales se sancionarán con multa equivalente de once a sesenta salarios mínimos mensuales, vigentes”.

 

85
 agencias están operando en la ilegalidad porque no renovaron su autorización para funcionar en la PNC.
367
 empresas de seguridad privada están registradas en la División de Registro y Control de Servicios Privados de la Policía Nacional Civil.

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