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Al menos 6 detenidos han muerto por golpes durante el régimen de excepción

Un análisis forense internacional encontró en una de las víctimas lesiones que podrían deberse a tortura. En otros cinco casos, familiares y reportes de Medicina Legal confirmaron golpes. En total, el régimen de excepción acumula más de 40 muertes.

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¿Usted es familiar de Walter Vladimir Peñate?, le preguntó a Silvia un hombre que se identificó como empleado de una funeraria. Llegaba para ofrecerle sus servicios, mientras que al mismo tiempo le informaba de la muerte de su hijo.

Eran las 12:30 del mediodía de ese domingo. Silvia no entendía qué estaba pasando. Sabía que su hijo había sido capturado el miércoles 30 de abril de 2022 cuando recién había sido aprobado el régimen de excepción, pero no que había muerto.

Walter es hoy uno de los 40 detenidos que han perdido la vida en el contexto del régimen de excepción. Uno de los 40 casos en que la notificación del fallecimiento, un papel que deberían de haber asumido las instituciones del Estado, se dio en cambio por medio de las funerarias.

Luego de que Walter muriera, se dio una situación similar con José Jeremías Deleón Escamilla, de 39 años. Sucedió el 17 de abril en el momento en que recibía atención médica en la sala de máxima urgencia del hospital de Sonsonate.

Aparte de haber fallecido mientras estaban detenidos, la causa de la muerte de ambos hombres fue similar: los dos murieron tras ser vapuleados o torturados.

Una suerte que, entre la larga lista de fallecidos registrados en el régimen de excepción, han corrido también al menos otras cuatro personas: Elvis Sánchez, Carlos Saucedo, Sergio Calzadilla y Alexander Cárdenas.

En algunos de estos casos fue la familia que confirmó los golpes en los cuerpos, mientras que en otros la causa de muerte quedó indicada en reportes de Medicina Legal.

El caso de Elvis Sánchez fue incluso analizado posteriormente por dos forenses miembros del Grupo Independiente de Expertos Forenses del Consejo Internacional para la Rehabilitación de Víctimas de la Tortura (IRCT, por sus siglas en inglés) quienes concluyeron: "Parece haber múltiples lesiones en diferentes partes del cuerpo que podrían haber ocurrido durante la privación de la libertad y que podrían ser el resultado de tortura u otros malos tratos".

Lo anterior contrasta con el que hasta ahora ha sido el único pronunciamiento oficial sobre la muerte de privados de libertad en el régimen: las declaraciones que el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, dio en una entrevista realizada el 7 de junio. "Muchos de ellos pueden tener origen por un padecimiento anterior, por desnutrición o deshidratación. Recuérdese que muchas de estas capturas, más que todo las que se dan en el área rural, no tenemos el dato de cuántos días llevan escondiéndose o sin ingerir alimentos", sentenció.

Frente al silencio de las autoridades o la opacidad con la que han abordado el tema, los testimonios de los familiares de reos fallecidos en el régimen de excepción han sido claves para que organizaciones defensoras de derechos humanos hayan documentado los múltiples abusos que se han dado en los centros penales.

En una conferencia de prensa reciente, Amnistía Internacional sostuvo que según datos de dichas organizaciones, entre el 27 de marzo y el 28 de mayo, se habían reportado ya 23 casos de ejecuciones extrajudiciales en las cárceles.

Entre estos, Amnistía destacó que había personas vapuleadas y torturadas.

La organización retomó con preocupación el caso de William Alexander Galeas, de 36 años de edad, quien había sido detenido el 13 de abril, junto a su madre y hermana, acusados de presuntamente tener vínculos con pandillas.

Al igual que ocurrió con Walter y José, fue una funeraria también la que visitó a su familia para informarle que había fallecido.

Amnistía destacó que, según el informe del IML, el dictamen forense apuntó a un edema pulmonar. Sin embargo, la familia relató que al revisar el cuerpo observaron múltiples moretones que no correspondían al dictamen médico.

La especialista en derechos humanos Celia Medrano enfatiza en que al estar estas personas bajo custodia estatal, su integridad es responsabilidad completa del Estado. Y por lo tanto, es el Estado el que debe responder por esas muertes y los posibles delitos cometidos en el régimen de excepción. "Son asesinatos cuya responsabilidad son del Estado y en el marco de una política, cuya implementación está causando estas muertes, se configura un escenario de lesa humanidad", aseveró Medrano.

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