Alabi, señalado por negocios con empresa familiar, niega que ley aprobada sea para darle inmunidad

"Primero, no se trata de una ley de inmunidad, sino una ley para tener condiciones para atender la pandemia. Hay sectores irrelevantes que no entienden", justificó el ministro de Salud.

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EFE/Miguel Lemus

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El ministro de Salud Francisco Alabí, quien dirige una cartera que fue allanada en noviembre pasado por supuestas compras irregulares durante la pandemia, negó este jueves que la "Ley para el uso de productos para tratamientos médicos en situaciones excepcionales de salud pública ocasionados por la pandemia COVID-19" sea para darle inmunidad.

"Primero, no se trata de una ley de inmunidad, sino una ley para tener condiciones para atender la pandemia. Hay sectores irrelevantes que no entienden", justificó. 

"Hay una mala interpretación mediática y hemos insistido mucho a nivel del territorio que no nos prestemos a la desinformación", dijo también en una conferencia de prensa convocada por la mañana para hablar del proceso de vacunación en El Salvador, cuyo plan permanecerá en secreto durante tres años según lo ordenado por el Gobierno.

Más tarde, en una entrevista en el Noticiero Hechos AM de Canal 12, al ser nuevamente cuestionado al respecto, reiteró su postura y dijo que la ley fue creada porque no existían las condiciones adecuadas.

La Ley fue presentada por el Gobierno y aprobada con 64 votos de la Asamblea en la sesión del miércoles, pide suprimir la aplicación de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP) a los procesos de contratación realizados por la pandemia y tiene un caracter retroactivo; es decir, se exoneraría de responsabilidad a las compras realizadas sin cumplir la LACAP el año pasado.

"Las siguientes personas o entidades que operan en el sector salud gozarán de inmunidad ante demandas y denuncias judiciales o administrativas, así como estarán exentas de cualquier responsabilidad civil, penal o comercial u obligación de indemnizar que surja por, o que esté relacionada con cualquier producto o servicio para tratamientos médicos o con su desarrollo, administración o uso, dentro del contexto de una situación excepcional de salud pública ocasionada por la pandemia covid-19", es parte de la ley, según denunció la diputada del FMLN, Anabel Belloso.

La ley solicitada por Alabí llega seis meses después de que su ministerio fue allanado por la Fiscalía General de la República (FGR) por informes de la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (CICIES) sobre sospechas de corrupción en compras.

Para entonces, la Fiscalía era liderada por Raúl Melara, fiscal general que fue destituido en la primera sesión de la nueva Asamblea Legislativa de mayoría oficialista el 1 de mayo y se nombró en su lugar a Rodolfo Delgado, quien ya anunció que revisará el convenio con la CICIES y evaluará las acciones de su antecesor para "ratificar" o "enmendar".

En julio de 2020 se descubrió, mediante una investigación periodística de Gato Encerrado, que Alabí hizo negocios con una empresa propiedad de su familia por un monto de $225 mil. Antes se conoció que hizo negocios con una empresa de otro funcionario, Jorge Aguilar, del FONAES.

El diputado de ARENA René Portillo Cuadra manifestó esta mañana en la entrevista Diálogo con Ernesto López que lo que intentan al aprobar leyes "sin discusión" es "ocultar y evadir responsabilidades" en el mal manejo de la pandemia y lo calificó como un "acto de matonería legislativa".

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