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Alcalde Bukele confirmó que demandará a LA PRENSA GRÁFICA

El edil capitalino expresó que la demanda está avalada por los concejales municipales y que se hará por el delito de difamación por una publicación de este medio sobre un contrato de compra de cámaras de vigilancia, el pasado lunes.
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Alcalde Bukele confirmó que demandará a LA PRENSA GRÁFICA

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El alcalde del municipio de San Salvador, Nayib Bukele, declaró este día, en horas de la mañana, que demandará a LA PRENSA GRÁFICA por el delito de difamación, en contra del Concejo Municipal del mismo municipio. Además, agregó que también presentará demandas contra el mismo medio impreso por otras publicaciones referentes a él.

Bukele aseguró que, el pasado lunes, LA PRENSA GRÁFICA publicó “información errada” acerca de un contrato que la municipalidad tramita para comprar cámaras de vigilancia y seguridad para el Centro Histórico de San Salvador, las cuales estarían valoradas en $15 millones. El edil capitalino expresó que, si bien se trata de una compara “cara”, pero que responde a una búsqueda de “calidad” en el servicio.

De igual forma, el edil Bukele confirmó que interpondrá otras demandas en contra de LPG por publicaciones anteriores referidas a su persona y que catalogó como “falsas” y “difamatorias”.

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De igual forma, durante la conferencia de prensa, transmitida también vía Facebook, Bukele expresó que la compra será de mil cámaras para instalarlas en sitios claves en el Centro Histórico, los cuales se han catalogado como zonas de delincuencia. La instalación incluye un sistema de monitoreo y un software de alto costo.

El pasado lunes 23 de enero, LA PRENSA GRÁFICA publicó información sobre un millonario contrato que la Alcaldía de San Salvador entregó a una empresa extranjera para implementar el Sistema Automatizado Integral de Monitoreo, Videovigilancia, Datacenter y C4 para el municipio de San Salvador. Este proyecto le costará a los capitalinos solo en el primer año de su implementación un monto de $14,922,729.58, de acuerdo con el acta de notificación de resolución de fecha 12 de enero de 2017 que este medio tiene en su poder.

Mediante ese documento, la municipalidad capitalina daba por finalizada la etapa de licitación y adjudicación del proyecto a una empresa extranjera. LPG se comunicó con el jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones de la Alcaldía de San Salvador, Carlos Ernesto Palacios Castro, el jueves en horas de la mañana, para conocer su opinión del criterio por el cual se decidió otorgar el contrato de la comuna por más de $14 millones anuales a dicha empresa. El funcionario se limitó a decir que todo lo relacionado con la comunicación de prensa se tenía que hacer mediante la unidad de prensa de la alcaldía y cortó la llamada en el momento.

La licitación que fue publicada en el sitio web de compras públicas www.comprasal.com establece que el ganador será quien “presente la oferta más favorable”. En ese sentido, cabe señalar que la comisión evaluadora de la comuna capitalina se decidió por la más cara. Ese es otro de los puntos que ha generado polémica.

Además, tomando todo lo anterior como referencia y al multiplicar los $14,922,729.58 por los 20 años que durará el contrato con la empresa que ganó la licitación para el proyecto de las cámaras, implica que los capitalinos pagarían $298,454,591. Para hacer el pago a la empresa, la alcaldía liderada por Bukele estipula que se financiará con fondos de la tercera titularización. Es decir, del dinero que se adquirió mediante bonos.

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Sin embargo, el día de ayer, el concejo municipal de la capital decidió admitir tres recursos de impugnación de tres compañías y revisar la adjudicación millonaria a una empresa extranjera, para que ejecutara el proyecto del Sistema Automatizado Integral de Monitoreo, Videovigilancia, Datacenter y C4 para el municipio de San Salvador.

Los recursos fueron presentados por tres de las cuatro empresas que participaron en el proceso de licitación que hizo la alcaldía liderada por el efemelenista Nayib Bukele. La adjudicación se hizo bajo la licitación Pública LP-06-AMSS-2016, que inició el 24 de agosto de 2016 y terminó con el acta de notificación de resolución del 12 de enero de 2017, en la que se adjudicaba a la empresa que hizo la oferta más cara.

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Esta licitación generó una serie de señalamientos por parte de concejales del partido ARENA en la comuna, quienes expresaron que esta no se había dado de forma adecuada y que la empresa ganadora no tiene la “trayectoria suficiente” para desarrollar el proyecto.
Tras admitir los recursos, el concejo decidió que se creará una comisión de alto nivel, en la que estarán representantes de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Corte de Cuentas de la República (CCR), para que sean parte de la revisión del proceso. 

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