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Alcalde y parte del concejo de Santa Rosa de Lima reciben medidas cautelares

Los funcionarios enfrentan un proceso penal por el delito de desobediencia a una sentencia del juzgado de lo civil de Santa Rosa de Lima.
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Alcalde y parte del concejo de Santa Rosa de Lima reciben medidas cautelares

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El exconcejo municipal y el actual alcalde Jorge Rosales de Santa Rosa de Lima, La Unión, enfrentan un proceso penal en los juzgados primero y segundo de paz de la ciudad limeña. De los 14 concejales miembros del concejo anterior, ocho siguen ejerciendo en la actual gestión municipal.

Los ex y actuales funcionarios municipales son procesados por el delito de desobediencia, tras incumplir en su totalidad, una sentencia emitida por el juzgado de lo civil de dicha ciudad, por el despido de 14 empleados de la municipalidad, en el año 2012.

"La sentencia manifestaba que se reincorporara a los empleados y que se les indemnizará los sueldos dejados de percibir", explica Carlos Gallardo, juez segundo de paz de Santa Rosa de Lima.

Los procesos iniciados por la Fiscalía General de República (FGR) fueron presentados en cinco requerimientos, tres se ventilaron en el juzgado primero de paz y dos en el segundo de paz; en donde los procesados han enfrentado sus audiencias iniciales en diferentes fechas durante las últimas tres semanas.

En uno de los casos que fue presentado al juzgado primero de paz, en perjuicio de cinco víctimas, con quienes los acusados no han cumplido todas las obligaciones de pagarles los sueldos caídos y reintegrarlos en sus puestos, la jueza ordenó que continúe la investigación y habilitó la etapa de instrucción.

Además decretó una medida alternativa a la detención, y estableció la prohibición de la salida del país para todos los ex y parte de los actuales concejales, incluido el alcalde Jorge Rosales y el sindico municipal.

En dos casos más contra cuatro víctimas, el proceso también pasó a la etapa de instrucción, pero sin medidas cautelares, teniendo en cuenta que en uno de los procesos ya se les han establecido una prohibición; uno de esos procesos que pasó a la siguiente fase se conoció en el juzgado segundo de paz.

Sin embargo, los funcionarios fueron sobreseídos definitivamente en dos procesos que involucra a cinco víctimas, con quienes ambos juzgados determinaron que no se había configurado el tipo penal de desobediencia, pues ya se le ha dado cumplimiento a la sentencia del juzgado de lo civil.

El juez segundo de paz, explicó que en uno de los casos que él decidió que pasara a la etapa de instrucción, no estableció medidas cautelares porque considera que es un delito "menos grave" y a su criterio no amerita una restricción.

Los procesos van a continuar en la etapa de investigación y serán conocidos por el juzgado de instrucción de la referida ciudad, quien determinará la fecha para la siguiente audiencia en la que se decidiría si el caso pasa a juicio o se decreta un sobreseimiento definitivo contra los imputados.

Los salarios que se les adeuda a los empleados que fueron beneficiados son diferentes, pero los montos del total de los meses adeudados oscilan entre los $8,000 y $10,000, por cada trabajador, quienes también deben ser reincorporados en sus puestos de trabajo o, en todo caso, llegar a un acuerdo de indemnización.

El alcalde Rosales explicó que la mayoría de los trabajadores despedidos fueron reinstalados, y los que no quisieron volver a sus puestos fueron indemnizados; además aseguró que ya se envió toda la documentación a los tribunales sobre los reinstalos y los que decidieron poner su renuncia a la municipalidad.

Aceptó, sin embargo, que todavía no se les ha cancelado lo adeudado a siete personas, por quienes, de hecho, pasó a la fase de instrucción el proceso y con quienes se tiene una deuda total de $50,000 "de los 39 empleados a 32 ya se les pagó y con los siete que faltan esperamos solventar a más tardar el 21 de este mes para que el proceso termine en la audiencia de instrucción", expresó el jefe municipal.

Los sueldos caídos deben ser cancelados sin usar dinero de las arcas municipales y cada concejal debió hacer un aporte para solventar los cerca de $370,000, que sumaba la deuda con los 39 empleados.

Según el artículo 322 del Código Penal, el delito de desobediencia a una sentencia judicial puede acarrear una condena de un año de prisión que puede ser sustituida por trabajo de utilidad pública, pero una condena implicaría la destitución del cargo de los actuales miembros del concejo según el Código Municipal

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