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Alianza Rais-Martínez es crimen organizado: jueces

Tribunal consideró que la estructura Rais-Martínez cumple con los requisitos para juzgarla como organización de crimen organizado.

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Proceso.  El juicio contra el ex fiscal general Luis Martínez, Julio Arriaza, Héctor Grimaldi y Luis Peña será realizado por el Tribunal Especializado de Sentencia A, informó ayer la Fiscalía General de la República.

Proceso. El juicio contra el ex fiscal general Luis Martínez, Julio Arriaza, Héctor Grimaldi y Luis Peña será realizado por el Tribunal Especializado de Sentencia A, informó ayer la Fiscalía General de la República.

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Enrique Rais y el ex fiscal general Luis Martínez, con el apoyo de otras personas, establecieron una estructura de crimen organizado que presuntamente se dedicó a corromper la justicia y afectar a sus adversarios con procesos judiciales manipulados entre 2014 y 2015. Así resolvió ayer el Tribunal Primero de Sentencia de Salvador, encargado de un proceso contra integrantes de la supuesta red.

Los jueces determinaron que la sociedad Rais-Martínez puede considerarse una estructura criminal organizada porque cumple con los requisitos que establece la Ley contra el Crimen Organizado y Delitos de Realización Compleja (LECODREC): estaba compuesta por más de dos personas, permaneció en el tiempo, actuó con la intención de cometer delitos y tuvo una organización jerarquizada.

En la resolución judicial, a la que LA PRENSA GRÁFICA tuvo acceso, los juzgadores evalúan que la organización tenía tres niveles jerárquicos: empresarios, abogados litigantes y miembros de instituciones locales. Los empresarios, liderados por Enrique Rais, daban órdenes a su grupo de abogados, quienes para cumplir su cometido supuestamente sobornaban a empleados públicos.

“La corrupción a la que se vio expuesta la institucionalidad del Estado en el presente caso llegó incluso al Instituto de Medicina Legal (IML), donde se contaba con el apoyo del (testigo) clave Troya, que era parte de la organización, y se valía de su cargo de perito para manipular la prueba y viciar los procesos de interés de los cabecillas”, se lee en el documento jurídico firmado el jueves pasado.

El Tribunal Primero de Sentencia hace referencia al caso que hasta ayer tenía en su poder contra cuatro integrantes de la supuesta red de corrupción organizada: el ex fiscal general Luis Martínez, el ex jefe fiscal Julio Arriaza y los abogados Luis Ernesto Peña y Héctor Francisco Grimaldi. Todos trabajaron al servicio de Rais, según las investigaciones.

Los cuatro son acusados por la Fiscalía General de la República (FGR) de fabricar pruebas contra tres adversarios de Rais, prófugo de la justicia desde enero de 2017, a quienes acusó de amenazarlo. Entre las víctimas está Claudia María Herrera Díaz, esposa de Mario Calderón, un exabogado del Rais con quien tuvo desacuerdos. Los otros dos afectados son Valmore García Villalta y Émerson Josué Zelaya Sánchez.

Según reveló otro proceso judicial que enfrentan Rais y Martínez, las pruebas contra las tres víctimas fueron encargadas por Rais a un extécnico de Medicina Legal, quien confesó que recibió un pago de $5,000 por mentir en el peritaje, donde afirmó que Rais y Hugo Blanco tenían problemas psicológicos a causa de las amenazas de Herrera, García y Zelaya.

La resolución del tribunal implica que el caso por la supuesta fabricación de pruebas contra las tres víctimas ya no será retomado por la justicia ordinaria, sino que pasará a una instancia especial que, según dictaminaron los juzgadores, será el Tribunal Especializado de Sentencia A.

El ente colegiado aclaró que, a pesar de que este caso solo involucra a cuatro imputados, hay más personas que también pertenecieron a la estructura y que son procesados en otros juzgados, uno de ellos, Rais. La sentencia podría marcar el camino para que los demás procesos también sean juzgados por instancias especializadas, según explicaron fuentes cercanas al proceso.

Las fuentes agregaron que una de las principales repercusiones de esta resolución es que, en caso de que los imputados sean hallados culpables por el juzgado especializado, ninguno podría optar a beneficios carcelarios como la libertad luego de cumplir la mitad de la condena.

Los jueces reiteraron en su decisión algunas de las principales pruebas que vinculan a Rais y a los demás imputados con la estructura de crimen organizado, entre las que figuran 136 transcripciones de llamadas telefónicas, entre 2014 y 2015, a las que LA PRENSA GRÁFICA accedió meses atrás. En esas conversaciones, los imputados planifican los ataques judiciales contra sus adversarios.

Durante las llamadas los procesados también alardean del poder que tenía sobre la Fiscalía durante la gestión de Luis Martínez, condenado en diciembre pasado por revelar conversaciones privadas del sacerdote Antonio Rodríguez. “Tenemos a todas las jefaturas (de la FGR)”, dijo en una conversación telefónica Wilfredo Ernesto Gutiérrez, un abogado del prófugo Rais.

La Fiscalía ha asegurado que, de acuerdo con sus investigaciones, Luis Martínez recibió dádivas de varios personajes públicos, entre ellos Rais y el expresidente Mauricio Funes, a cambio de favores judiciales mientras ejerció como fiscal general.

El fiscal del caso dijo ayer que quedarán a la espera de que el Tribunal Primero de Sentencia notifique al tribunal especializado para proceder a definir la fecha del juicio. Los abogados defensores de Rais fueron consultados por LA PRENSA GRÁFICA, pero ninguno quiso dar declaraciones sobre la demanda. “Por el momento no hay nada importante que comentar”, se limitaron a responder a las afueras del tribunal.

Jerarquía de estructura

Los jueces remarcaron que cada integrante tenía un rol definido en supuesta red, por lo que la catalogan como crimen organizado.

1 Empresarios: Según la resolución judicial, los empresarios, liderados por el prófugo Enrique Rais, formaban parte del denominado “Centro de Operaciones”, que era el eslabón más importante dentro de la presunta estructura de crimen organizado, debido a que se encargaban de dar las órdenes para comprar la justicia a través de otros integrantes.

2 Abogados litigantes: El “Centro de Operaciones” corrompía la justicia salvadoreña a través de abogados, jueces, fiscales y peritos, quienes obedecían las órdenes para afectar a los adversarios de Enrique Rais, de acuerdo con la consideración del ente colegiado, basada en la investigación de la Fiscalía.

3 Integrantes de instituciones estatales: La supuesta red de corrupción lograba sus objetivos sobornando funcionarios del la Fiscalía, Medicina Legal y del Órgano Judicial. Un testigo reveló que recibió sobornos para mentir en un peritaje psicológico de Enrique Rais y su sobrino Hugo Blanco Rais.

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