Allanan vivienda y empresa de medios por impagos

Defensor afirma que la FGR ha sobredimensionado el caso y ha actuado de forma irregular. Empresario ha sido demandado por retención de cuotas.
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El dueño de Grupo  Órbita S. A. de C. V., Jorge Hernández, debe $35,000 a ocho de sus empleados en concepto de cuotas laborales que nunca llegaron al Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) y a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), según explicó ayer la fiscal del caso, durante un allanamiento en las oficinas  y en la vivienda del empresario.

“La retención de cuotas laborales es algo que viene desde 2015, cuando los empleados comenzaron a cuestionar y luego fueron a denunciar en la Fiscalía General de la República”, dijo la fiscal.

 De acuerdo con la Fiscalía, el allanamiento de ayer en las oficinas del Grupo, donde funcionan el periódico digital La Página, Órbita TV y Órbita FM, se realizó para revisar e incautar libros contables.

 “Previo al allanamiento, la Fiscalía ya había investigado la contabilidad (ya había preguntado en el ISSS y AFP). Ahora que se tienen los libros contables, se van a revisar y esto podría ser utilizado en el proceso judicial en contra del señor Hernández”, dijo la fiscal.

 Además del allanamiento, el requerimiento (acusación formal) en contra de Hernández también fue presentado ayer por la Fiscalía ante el Juzgado Quinto de Paz de San Salvador, donde fue acusado por el delito de apropiación o retención de cuotas laborales. 

El juzgado todavía no ha fijado una fecha para realizar la audiencia inicial, según confirmó la fiscal.

En el requeremiento, la Fiscalía solicitó al Juzgado que Hernández sea encarcelado de forma preventiva mientras  el caso avanza a la siguiente fase del proceso judicial, es decir, a la etapa de instrucción.

 “Este tipo de delito puede resolverse llegando a un acuerdo de pago. En caso de que no se llegue a un acuerdo, la pena (para Hernández) podría ser hasta de ocho años en la cárcel”, dijo la fiscal.

FGR ha sobredimesionado: defensa

Lisandro Quintanilla, abogado de Hernández, dijo que la Fiscalía ha sobredimensionado el caso y que ha actuado de forma irregular. Según Quintanilla, la Fiscalía tuvo que haber llamado a Hernández a una reunión con los empleados que lo han denunciado y procurar un acuerdo entre ambas partes.

“No sé qué es lo diferente con este caso, porque en todos los demás casos se hace una reunión y se busca un acuerdo, no se llega hasta un allanamiento y menos un allanamiento en la casa de habitación”, dijo Quintanilla, quien también aseguró que las finanzas de Hernández están en crisis y por eso no ha pagado.

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