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Ambientalistas: “Gobierno no tiene muchos logros" en materia ambiental a tres años de Gobierno

Las organizaciones de la sociedad civil reclamaron al Ejecutivo que no haya una política medio ambiental clara para evitar más afectaciones a la población salvadoreña.

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Foto: archivo LPG

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Representantes de la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua señalaron que en los primeros tres años de Gobierno del mandatario, Nayib Bukele, "no tiene muchos logros" en materia ambiental, pese a las “promesas de campaña” presidencial del Plan Cuscatlán. 

En conferencia de prensa, organizaciones de la sociedad civil defensoras del derecho humano al agua evaluaron los tres años de la administración de Bukele frente al Ejecutivo y entre los principales incumplimientos que señalaron está la falta de reconocimiento del derecho humano al agua y al saneamiento en la Constitución de la República.

La ambientalista Tatiana Oliva dijo que hay promesas incumplidas en materia ambiental como la falta de modelos urbanos hidricamente sostenibles al prometer proyectos “mal llamados de desarrollo, como la Ciudad Bitcoin, el Aeropuerto de Oriente y el Tren del Pacifico”. 

“Concurridos estos tres años de Gobierno y nosotros al escudriñar las ofertas de campaña que estuvieron plasmadas en el eje de Medio Ambiente en el Plan Cuscatlán parece que el presidente no tiene muchos logros que aplaudir, los diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa no han visto como prioridad el ratificar el derecho humano al agua”, dijo Oliva. 

La defensora del medio ambiente añadió que “puede haber una agudización de la crisis ambiental que ya está impactando en el país, la deforestación y destrucción de los manglares serán causados por estos megaproyectos”.

Rodolfo Calles, representante de la Alianza, también dijo que la Ley General de Recursos Hídricos no cumple los requisitos de justicia hídrica en el país. “A pesar de que en sus artículos iniciales reconoce el derecho humano al agua solo queda en un simple enunciado en la ley porque no lo desarrolla en la misma, no hay acceso a la participación ciudadana”. 

La Alianza Nacional contra la Privatización del Agua lamentó también que el Gobierno pudiera suprimir el Fondo Ambiental de El Salvador (FONAES) porque este se encargaba de que se cumplieran las sanciones de los juzgados ambientales imponía cuando se era dañado el medio ambiente. 

Asimismo, la ambientalista Amalia López pidió que se apruebe urgentemente “una política ambiental enfocada en la sustentabilidad de los bienes naturales, que cesen los permisos de construcción en zonas de recarga hídrica”.

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