Amplio apoyo para el modelo CICIG

El subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental atribuyó a la comisión internacional parte del éxito en la persecución de funcionarios corruptos en Guatemala, lo cual, dijo, ha provocado “cambios históricos” en ese país.
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De nuevo, como en casi cualquier reunión en que Centroamérica, su violencia, su corrupción y las medidas impulsadas desde Estados Unidos para combatirlas son temas de conversación, en la reunión del subcomité para Operaciones Extranjeras de la Cámara Baja realizada ayer solo hubo buenas palabras para la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, la CICIG. Tanto los congresistas como los testigos citados coincidieron en que a esa comisión pueden atribuirse los “ejemplos de éxito” de los que se puede hablar en la región.

Francisco Palmieri, el subsecretario de Estado que ve América Latina, calificó de “histórico” lo ocurrido en Guatemala a finales de 2015, cuando investigaciones iniciadas por CICIG y el Ministerio Público de ese país terminaron con una red de corrupción que llegaba hasta el presidente de la república.

Brownfield, de INL y otro de los testigos en la audiencia de ayer, también alabó el trabajo de CICIG y se mostró esperanzado por las posibilidades de que la Misión Anticorrupción y Contra la Impunidad en Honduras, la MACCIH, juegue un rol similar en ese país. A diferencia de CICIG, la MACCIH no tiene capacidad de incidir directamente en la persecución penal de los casos.

“Iván Velásquez –el comisionado colombiano que dirige CICIG– acaba de estar en Washington y ha dicho que para que las condiciones críticas para que un mecanismo así funcione es su independencia (presupuestaria) y la autoridad de participar activamente en los casos”, aseguró Brownfield.

El mes pasado, el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, vino a Washington para presentar oficialmente la MACCIH en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA), organización que la financiará parcialmente y cuyo secretario general, Luis Almagro, ha empeñado buena parte de su capital político en que el mecanismo funcione.

En El Salvador, el gobierno del presidente Salvador Sánchez Cerén, del FMLN, ha insistido en que no es necesario que el país cuente con algo como CICIG o MACCIH. Hace poco, no obstante, el recién elegido fiscal general, Douglas Meléndez, anunció que se sumaría a un proyecto anticorrupción de Naciones Unidas.

* El autor es investigador asociado del Centro de Estudios Latinoamericanos de American University en Washington, D. C.

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