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Analistas dicen que magistrados impuestos en la Sala de lo Constitucional podrían ser procesados

Según el estudio, los magistrados nombrados el 1 de mayo de 2021 podrían enfrentar procesos penales por "usurpar la función pública" .

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Independencia. Jueces reiteraron que en el país no existe independencia judicial.

Independencia. Jueces reiteraron que en el país no existe independencia judicial.

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Un diagnóstico sobre el sistema judicial de El Salvador elaborado por la Federación Centroamericana de Juezas y Jueces por la Democracia (FECAJUD), en el que incluyeron las posturas de jueces, magistrados y funcionarios judiciales cesados, detalló que los actuales magistrados de la Sala de lo Constitucional, que fueron nombrados el 1 de mayo de 2021, podrían enfrentar en un futuro "responsabilidades penales".

En el análisis, basan su postura en jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional, una resolución de julio de 2010, en la que clasificaron la legalidad de investidura de una persona que ocupa el cargo de funcionario. En esa ocasión detallaron tres tipos de funcionarios, una de esas clasificaciones era el "usurpador de la función pública".

Esta usurpación la definieron en esa ocasión como aquella persona que, "sin apariencia alguna de legitimidad, por falta de título, ejerce los actos propios de la función pública, excluyendo por fuerza o dolosamente al funcionario a quien le corresponde el cargo".

"Los Magistrados de Sala impuestos, lo fueron a través de un decreto claramente inconstitucional, tanto por vicios de forma (dispensa de trámite, no formación de lista por el CNJ) como de fondo (incumplimiento de requisitos de capacidad e idoneidad para el cargo), adecuándose su actuar en la categoría de -usurpadores de la función pública–", mencionan en el diagnóstico.

Uno de los jueces cesados y que dio su opinión el pasado martes en la presentación del diagnóstico, fue Jorge Guzmán, el exjuez de Instrucción de San Francisco Gotera y que llevaba el caso de El Mozote.

Guzmán aseguró que actualmente en El Salvador se está "administrando justicia por jueces que no lo son". El funcionario cesado en septiembre de 2021, detalló que todos los jueces y magistrados nombrados recientemente podrían enfrentar procesos civiles o administrativos. Y advirtió, además, que los magistrados de la Sala de lo Constitucional "tendrán que responder incluso hasta penalmente".

Por su parte, la magistrada de la Cámara de lo Civil de Santa Ana, Cesia Romero, identificó que actualmente aún existen jueces independientes que resuelven apegados a derecho, pero que en muchas ocasiones esas decisiones son revertidas posteriormente por "tribunales sometidos al poder político".

Rosvinda Portillo, jueza cesada por el decreto 144, señaló que las decisiones que emiten los jueces son emitidas por directrices de la Corte Suprema de Justicia "aliada a los Órganos tanto Legislativo como Ejecutivo".

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