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Analizan medidas cautelares por mina

Serían presentadas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la PDDH contra los estados salvadoreño y guatemalteco.
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Prevención.  Se busca reducir el riesgo para familias de la parte baja.

Prevención. Se busca reducir el riesgo para familias de la parte baja.

Analizan medidas   cautelares por mina

Analizan medidas cautelares por mina

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La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) analiza los diferentes mecanismos que puedan utilizarse para exponer el caso de la mina Cerro Blanco, en Guatemala, y su posible impacto en los recursos hídricos salvadoreños.

“Vamos a acudir ante la Comisión Interamericana (de Derechos Humanos) con las medidas cautelares, que no necesitan que solicitemos una audiencia sino que pasa solo por presentar la petición”, manifestó la procuradora para la defensa del medio ambiente, Yanira Cortez Estévez.

La PDDH pidió audiencia este año ante la comisión para plantear la problemática de la mina transfronteriza Cerro Blanco, pero no le fue otorgada por el organismo regional.

Antes de establecer las medidas cautelares, la PDDH planifica reunirse con comunidades salvadoreñas y guatemaltecas para recoger insumos.

“Lo que pretendemos es que esa mina detenga su funcionamiento, fundamentado en lo que han dicho ya los expertos. Las medidas las vamos a presentar contra los estados de Guatemala y El Salvador”, detalló.

La funcionaria consideró: “Hay que tomarse el tiempo para investigar, pensamos en unos tres meses para presentarlas, estamos construyendo la estrategia”.

Dicha estrategia sería en conjunto con ambas poblaciones, que resultarían afectadas con la producción de oro y plata en la mina Cerro Blanco, ubicada en Jutiapa, Guatemala.

Aparte de las medidas cautelares, la PDDH considera apoyar a las comunidades para que acudan a otras instancias de derechos humanos que pueden activarse, como la Corte Centroamericana de Justicia, el sistema del Plan Trifinio y Naciones Unidas.

“Los expertos en materia de derechos humanos (de Naciones Unidas) ya tienen conocimiento del tema, les enviamos un informe en enero y estamos pensando en que algunos relatores, como el del derecho al agua, pueda ser activado, o el mismo consejo”, afirmó Cortez Estévez.

Según la procuradora, el acudir a diversas instancias no es excluyente: “Porque ya que los Estados no lo previeron, podemos activar el derecho de prevención y precaución y activar los sistemas que existen”.

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