Angelucci: FGR intentó retirar pruebas en caso Infocentros

Nicola Angelucci, el principal acusado, dice que esa prueba le favorece porque muestra que convenios cuestionados tenían respaldo legal.
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Foto de LA PRENSA/Ericka Chávez Proceso.  Nicola Angelucci hizo una presentación ayer a medios sobre su versión del caso.

Foto de LA PRENSA/Ericka Chávez Proceso. Nicola Angelucci hizo una presentación ayer a medios sobre su versión del caso.

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Los fiscales del caso Infocentros intentaron sacar del proceso judicial las actas del consejo directivo del Banco Central de Reserva (BCR) en las que se aprobaron los presupuestos, estados financieros y memoria de labores del Banco Multisectorial de Inversiones (BMI), las cuales fueron ofrecidas por la misma Fiscalía General de la República (FGR) en el caso, según el exdirector del BMI acusado de peculado Nicola Angelucci.

El exfuncionario y el ex director ejecutivo de Asociación Infocentros Sigfredo Armando Figueroa Salinas fueron acusados por avalar convenios entre el BMI e Infocentros, que habrían beneficiado a la asociación por más de $6 millones, entre 2002 y 2008.

  “Con esas actas se comprueba que los presupuestos que financiaron el desarrollo de convenios están debidamente respaldados por acuerdos del BMI”.
Nicola Angelucci, exdirector del BMI

“El motivo de por qué lo quisieron retirar es, lamentablemente, porque con esas actas se comprueba que los presupuestos que financiaron el desarrollo de los convenios están debidamente respaldados por acuerdos de Junta Directiva del BMI y en los presupuestos anuales aprobados por BCR; así como las memorias de labores del BMI”, explicó Angelucci, en un correo electrónico recibido por LA PRENSA GRÁFICA.

Según la acusación fiscal, Angelucci trasladó desde el BMI el dinero hacia Infocentros, una asociación que él mismo presidía desde 1999, a través de convenios públicos, ilegales según la Fiscalía, con la Corporación Salvadoreña de Turismo (CORSATUR), la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE), el Ministerio de Educación y el Fideicomiso para el Desarrollo de Garantías Recíprocas (FDSGR).

Angelucci dijo ayer a LA PRENSA GRÁFICA que aunque la ley del BMI no permitía literalmente realizar convenios, sí establecía que los vacíos de dicha normativa debían suplirse por otros cuerpos de ley en los que radica la legalidad de los convenios. Además, el experto en finanzas aseguró que los $6 millones fueron liquidados en los proyectos, y una pequeña parte pasó a ser patrimonio de la asociación, la cual se intentó adherir luego al BMI en un fideicomiso que fue denegado por el gobierno del expresidente Mauricio Funes.

Angelucci y su abogado defensor, Mario Machado, han señalado en reiteradas ocasiones que la Fiscalía ha forzado el caso para inculpar a Angelucci y a Figueroa con fines mediáticos. LA PRENSA GRÁFICA buscó la versión de la Fiscalía sobre la decisión de remover la prueba, pero al cierre de esta nota no hubo respuesta.

El Juzgado Cuarto de Instrucción tenía programado dar el fallo el 26 de febrero pasado; sin embargo, el juzgado lo postergó para el 9 de marzo próximo, cuando definirá si pasa el caso a juicio o no.

6
 millones de dólares aproximadamente es el fondo objetado.
 

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