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Aplazan audiencia contra dos médicos acusados de homicidio

Joven murió en octubre de 2014 por meningoencefalitis, que no fue diagnosticada por los doctores. Estos expresaron que tenía chick.
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A reprogramarse.  Como la representante del hospital Santa Gertrudis no llegó, la audiencia en contra de los médicos se agendó para el 7 de noviembre.

A reprogramarse. Como la representante del hospital Santa Gertrudis no llegó, la audiencia en contra de los médicos se agendó para el 7 de noviembre.

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El Juzgado Primero de Instrucción de San Vicente aplazó ayer, una vez más, la audiencia preliminar en contra de los médicos Julio César Ramírez Martínez, de 43 años; y Pablo Antonio Romero Castro, de 27, acusados de homicidio culposo.

La audiencia, que estaba programada para las 9:30 de la mañana, no se desarrolló debido a que no asistió la representante del Hospital Nacional Santa Gertrudis, institución médica que tiene parte en el proceso y debía comparecer en caso de que la resolución de la jueza sea condenatoria, informó Cristian Merino, fiscal del caso.

“Los querellantes pidieron sanear la falta de nombramiento del representante del hospital, que tendría que responder por la negligencia de sus empleados, por lo que se hará otro día para que ellos puedan participar; además, había otros conceptos que la Fiscalía no había resuelto al respecto”, manifestó Merino.

Los doctores que laboraban en el Hospital Nacional Santa Gertrudis de San Vicente son procesados penalmente en libertad por la muerte de Cristian Ernesto Granados Escoto, de 20 años, quien falleció el 10 de octubre de 2014 en el Hospital Rosales, en San Salvador, a causa de una meningoencefalitis que supuestamente no fue diagnosticada por los profesionales.

Según el requerimiento fiscal, el joven fue llevado al centro asistencial vicentino tres veces seguidas, en las que los médicos lo habrían atendido de forma negligente; y sin hacer los exámenes necesarios determinaron que tenía chikungunya. Esto propició que su salud empeorara y falleciera.

La audiencia, que ha sido suspendida en varias ocasiones por distintas circunstancias, es esperada por familiares de la víctima, quienes manifestaron estar a la expectativa de una resolución condenatoria.

“Creemos que hay pruebas suficientes de que ellos dejaron morir a nuestro hijo por no atenderlo. Necesitamos que haya un referente de justicia en casos de negligencia como estos”, expresó Fernando Antonio Villalta, padre del joven.

Al tribunal llegaron tres querellantes del IDHUCA, quienes están acompañando el proceso. “Pedimos se reprogramara audiencia para no vulnerar derechos a la actual directora del hospital, porque en una eventual condena el Estado responderá subsidiariamente”, explicó uno de los querellantes.

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