Lo más visto

Apremian a jueces para trasladar a reos a penales

El hacinamiento superaba en febrero el 1,000 % de la capacidad instalada de las celdas. La Policía sigue recibiendo a reos por no caer en desacato judicial. La insalubridad es uno de los puntos mencionados en informe de la PDDH.
Enlace copiado
Apremian a jueces para trasladar a reos a penales

Apremian a jueces para trasladar a reos a penales

Apremian a jueces para trasladar a reos a penales

Apremian a jueces para trasladar a reos a penales

Enlace copiado
En los últimos años el número de reos recluidos en las bartolinas policiales de la delegación de La Unión ha superado en 1,000 % la capacidad que tienen las cinco celdas, que en teoría solo deberían alojar a los detenidos durante 72 horas, o como máximo seis días. Pero algunos de los recluidos ya están hasta pagando una condena.

Según el artículo 68 de la Ley Penitenciaria, las bartolinas policiales no son lugares destinados para la permanencia de personas privadas de libertad que están en la fase de instrucción, porque se les decretó la detención provisional en la primera audiencia o porque han sido condenadas mediante sentencia ejecutoriada. Pero la realidad es diferente.

Un informe de la Policía Nacional Civil (PNC) de La Unión, emitido en septiembre de 2014, señala que en ese entonces había 89 internos que estaban a disposición de los juzgados de Paz, de Instrucción y de Sentencia del departamento de La Unión y de los Tribunales Especializados de San Miguel. Para 2015 esa cifra había llegado a 215, mientras que para finales de febrero de este año el número de reos en las bartolinas policiales era de 290.

El incremento se puede constatar al entrar a la delegación, ya que muchos de los detenidos están en resguardo en los pasillos de la base de la PNC, por la falta de espacio en el interior de las celdas. En su mayoría son mujeres las que están afuera.

La Policía está cargando con una obligación que no le corresponde, porque es obligación, según la ley, de la Dirección General de Centros Penales (DGCP) destinar un resguardo.

“Es obligación del juez ordenar el internamiento en un centro preventivo, porque acá (bartolinas) no se reúne ninguna de las condiciones que la Ley Penitenciaría les otorga a ellos (reos)”, afirma un oficial de la PNC de La Unión.

El aumento de personas recluidas en las bartolinas ha llevado a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) de ese departamento a recomendarle a los jueces de Paz, de Instrucción y de Sentencia, así como a los especializados de San Miguel, que realicen los trámites de traslados a centros preventivos o de cumplimiento de penas, de todas aquellas personas privadas de libertad que tienen bajo su responsabilidad y que están recluidas en las bartolinas policiales.

“Estamos pidiéndole a los jueces que restituyan ese derecho trasladando a los reos como dice la ley. Ellos podrán decir que no hay espacio; pues bueno, que sea el sistema penitenciario el que busque las opciones, pero la bartolina no es una opción”, expresó Roberto Martínez, procurador de Derechos Humanos de La Unión.

Aunque no se conoce una cifra exacta, la PDDH asegura en una resolución reciente que en las bartolinas de La Unión también hay personas que han sido condenadas y por lo tanto deberían estar a la orden del Juzgado Tercero de Vigilancia Penitenciaria de San Miguel; por ello, en la resolución se estableció un plazo de 15 días hábiles para que los reos fueran trasladados a un centro de cumplimiento de penas, proceso que ha iniciado pero a cuentagotas.

La resolución fue notificada a todos los jueces que tienen reos bajo su responsabilidad en las bartolinas de La Unión, haciendo referencia a la situación de hacinamiento que ha generado la sobrepoblación en las celdas. A pesar de ello, la Policía continúa recibiendo a reos que reciben detención provisional y por tanto deben pasar a un centro penal.

“Seguimos recibiendo reos de los tribunales por no desobedecer un mandato judicial, aunque no es la obligación de la Policía, y al final si se muere un reo aquí (bartolinas) estando a la orden del juez a quien le van echar la culpa es a la Policía”, manifestó una fuente de la PNC al ser cuestionado sobre por qué reciben reos que vienen de los juzgados, si ya no es responsabilidad de la corporación.

En el documento oficial la PDDH señala que además del hacinamiento también se ha producido una serie de afectaciones a la alimentación, así como a la salud de los internos, a consecuencia de las condiciones de insalubridad en las celdas; incluso se menciona la falta de agua para consumo e higiene personal al interior de las bartolinas.

“Esto no tiene que ver absolutamente con los procesos penales que ellos (reos) tienen, en el sentido que si son responsables de los hechos que han cometido, que se hagan los procesos como se tienen que hacer, y si resultan condenados, pues que cumplan su pena en un centro de cumplimiento de penas, no en las bartolinas”, señaló Martínez.

Insalubridad

Un informe del Sistema Básico de Salud Integral (SIBASI) de La Unión establece que el requerimiento sanitario impone que los albergues, alojamientos y reclusorios deben disponer de un área mínima de 3.5 metros cuadrados por cada persona recluida, pero la realidad en las celdas policiales es que 280 reos están agrupados en un espacio de 90.76 metros cuadrados y cada uno solo cuenta con 0.51 metros cuadrados.

“La situación extrema de hacinamiento hace inevitable que cualquier enfermedad infectocontagiosa o virulenta se propague con gran celeridad”, reza uno de los párrafos del reporte del SIBASI.

El personal médico que ha realizado verificaciones del estado de salud de los internos en las bartolinas ha constatado que la mayoría presenta un cuadro de escabiosis (sarna), acompañados de abscesos en formación, en diferentes partes del cuerpo.

Solo en 2015 en el departamento de La Unión se registraron 13 muertes de reos que estaban detenidos en bartolinas, 10 de esos casos ocurrieron en las celdas. Dos fueron casos de homicidios, mientras que el resto por otras causas.

Ante esas muertes, en un apartado de la resolución, la PDDH le pide a la Fiscalía General de la República (FGR) que investigue y esclarezca las causas de fallecimiento de cada uno de los privados de libertad que fallecieron el año pasado durante su estadía en las bartolinas policiales de La Unión.

“La razón es porque se encontraban por orden judicial recluidos en las bartolinas y no son muertes naturales; es decir, las condiciones de las bartolinas posiblemente agravaron la situación de salud de los reos y por eso fallecieron”, indicó el delegado de la Procuraduría.

En cuanto a esa petición, el director regional de la FGR, German Arriaza, informó que están abriendo los expedientes y se realizan las debidas investigaciones. “Se han ordenado una serie de diligencias, como los protocolos de autopsia, para determinar la causa de muerte de estas personas así como algunas entrevistas”, dijo.

Tags:

  • reos
  • traslado
  • bartolina
  • launión

Lee también

Comentarios