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Asamblea aprueba incentivos para industria textil

Reforma a Ley de Zonas Francas dará incentivos fiscales estatales y municipales a este sector que genera 81,600 empleos e inyecta cada año $1,200 millones a la economía del país.
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La Asamblea Legislativa aprobó ayer, con 82 votos de 84 posibles, una serie de reformas a la Ley de Zonas Francas, la cual forma parte de un paquete de normativas que el Ejecutivo ha enviado al parlamento con el objeto de crear un ambiente jurídico institucional que estimule la atracción de inversiones, tanto de capital nacional como internacional.

Se trata de 46 reformas de forma y contenido que garantizan a las empresas industriales ya instaladas en zonas francas en el país mayor seguridad jurídica y beneficios de exención de impuestos estatales y municipales por espacios de entre 10 y 14 años. Asimismo, las reformas abren las puertas con incentivos para atraer inversión extranjera.

Las enmiendas contienen la creación de un comité consultivo de zonas francas integrado por los ministerios de Economía, Hacienda y Trabajo, un representante del sector empresarial y otro representante del sector laboral. El comité tendrá las atribuciones de “recomendar acciones que faciliten las operaciones, los trámites y el cumplimiento de requisitos por parte de los beneficiarios de la ley; recomendar al ministro de Economía medidas y acciones que sean necesarias o convenientes para el establecimiento, fomento y desarrollo de zonas francas; y recomendar políticas laborales que propicien armonía y buen desarrollo de las relaciones obrero-empleador”.

Las empresas que podrán establecerse y funcionar en zonas francas serán las de producción, ensamble o maquila, manufactura, procesamiento, transformación o comercialización de bienes industriales. Además, “pesca de especies marítimas para ser sometidas a transformación industrial; cultivo, procesamiento y comercialización de especies de flora; crianza y comercialización de especies de anfibios y reptiles en cautiverio; y deshidratación de alcohol etílico”.

Los cambios en la Ley de Zonas Francas también garantizan seguridad laboral a los trabajadores, ya que la legislación establece que las personas naturales o jurídicas que soliciten ser usuarias de zonas francas deberán invertir mínimos económicos entre $100,000 y $500,000 para el funcionamiento de las empresas, así como la apertura de entre 15 y hasta 50 puestos laborales “permanentes” por cada empresa.

FMLN cede en tema tributos

El FMLN, en el marco del debate de las reformas, estaba porque se le aplicara un gravamen a los dividendos de la industria maquilera; sin embargo, cambió de actitud tras una reunión que sostuvo con empresarios del sector y el vicepresidente de la República y candidato presidencial efemelenista, Salvador Sánchez Cerén.

“Comparto la posición justa de nuestros diputados, pero también considero que es muy importante el tema de la generación de empleo. El país necesita ahora más que nunca, primero, mantener la planta de empleo que existe y, segundo, incentivarla”, dijo Sánchez Cerén al final del encuentro.

El funcionario recordó que en el proyecto de reforma se gravaba con el Impuesto Sobre la Renta (ISR) las utilidades de los inversionistas, quienes habían pedido que se les exonerara del pago de este tributo.

Sánchez Cerén recordó que la industria textil y de confección “es uno de los mayores rubros de generación de inversión en el país y de mayor generación de empleos”.

José Antonio Escobar, presidente de la Cámara de la Industria Textil, Confección y Zonas Francas de El Salvador (CAMTEX), por su parte, expresó: “Con estas reformas damos predictibilidad al inversionista local y extranjero, y (porque) potenciales inversionistas extranjeros deben saber cuál es la ley que rige en El Salvador en término de inversión”.

Escobar recordó que los inversionistas de este rubro llegan especialmente a El Salvador, Honduras y Nicaragua, estos dos últimos países con “ventajas extraordinarias porque no tienen los requerimientos de la OMC (Organización Mundial del Comercio) por determinada clasificación que tienen como país, pues son considerados de renta baja” por tener un ingreso per cápita menor de $1,000.

“No es todo lo que queríamos, no es todo lo que ellos querían; pero en términos de país es una ley que nos va a ayudar a incentivar la inversión extranjera, a mantener la que ya tenemos”, dijo Escobar, quien recordó que la industria maquilera genera actualmente 81,600 empleos e inyecta anualmente $1,200 millones a la economía del país, de los que $650 millones vienen en insumos anualmente para generar la cadena de producción en el sector.

“Aquí yo celebro la flexibilidad de CAMTEX porque no todo lo que ellos han plateado va aquí, y (también) no todo lo que el FMLN había planteado”, dijo la diputada efemelenista y presidenta de la comisión de hacienda, Lorena Peña.

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