Asamblea elimina aplicación de LACAP en compras por pandemia

La ley también da inmunidad de cualquier tipo de responsabilidad ante demandas judiciales o administrativas contra personas o entidades por servicios en tratamientos médicos por covid-19.

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Inmunidad a personas o entidades del sector público de salud es lo que da la ley para el uso de productos para tratamientos médicos en situaciones excepcionales de salud pública ocasionadas por la pandemia COVID-19.

La normativa fue aprobada ayer por los diputados de Nuevas Ideas (NI), la Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), el Partido Demócrata Cristiano (PDC) y el Partido de Concertación Nacional (PCN). Un procedimiento que fue hecho con dispensa de trámites, es decir, sin previo análisis ni discusión dentro de una comisión de trabajo legislativo ni de consulta con otros sectores involucrados o que pueden resultar afectados.

La propuesta de ley surge desde la Presidencia de la República, a través del Ministerio de Salud. Ante los diputados la presentó el integrante de la fracción de Nuevas Ideas, José Urbina, quien también fue empleado de Salud durante la actual administración presidencial.

Al inicio, la mayoría de los partidos autorizó la incorporación de la propuesta en la agenda de la sesión plenaria. Luego cuando la diputada Elisa Rosales comenzó a leer el contenido, las alarmas de los partidos de oposición comenzaron a lanzar alertas.

En el artículo 4 de la propuesta del Gobierno dice de manera clara que es una forma de dar inmunidad y, de esta forma, bloquea la posibilidad de resarcimiento de daños a cualquier persona que se considere afectada por cualquier actuación desarrollada por una entidad de salud y que esté relacionada a la atención por covid.

Las siguientes personas o entidades que operan en el sector de la salud gozarán de inmunidad ante demandas y denuncias judiciales o administrativas, así como estarán exentas de cualquier responsabilidad civil, penal o comercial u obligación de indemnizar que surja por, o que esté relacionada con cualquier producto o servicio para tratamientos médicos o con su desarrollo, administración o uso, dentro del contexto de una situación excepcional de salud pública ocasionada por la pandemia COVI D-19", dice el artículo 4.

En el listado de los excluidos de responsabilidad están: médicos, farmacéuticos, enfermeras, organizaciones hospitalarias, fabricantes, titulares de autorización de comercialización de productos médicos y sus distribuidores sean estos nacional o extranjeros.

Más adelante en el contenido del documento, en el artículo 8 plantea la eliminación de la aplicación de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP) en los procesos de compras de insumos para la atención de la pandemia por covid-19.

La ley tiene un carácter de orden público, es decir que sus efectos son retroactivos. Debido a eso, la aplicación de esta medida que suprime el uso de la LACAP podrá cubrir actos ocurridos desde que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró pandemia por COVID-19.

La supresión de la obligación de aplicar la LACAP deja las contrataciones directas como única posibilidad de compras de insumos médicos de cualquier tipo.

"Con esta aprobación de una ley exprés (buscan) arreglar todos los chanchullos de los que ya están siendo investigados funcionarios del actual Gobierno, al declararlo de orden público sabemos que tiene carácter retroactivo, entonces dónde quedan todos esos casos irregulares en las compras públicas en el marco de la pandemia que han ido en contra de los intereses de la población porque se trata de fondos públicos, fondos que pagamos todos y todas", dijo la diputada Anabel Belloso, de la fracción del FMLN.

El diputado de Nuevas Ideas, Jorge Castro, intentó justificar que la aprobación de la ley es necesaria porque la LACAP dilata los procedimientos de compras y esto afecta cuando son procedimientos urgentes. "Es irresponsable hablar de modalidades de contratación", dijo Castro.

Al respecto, Belloso dijo que la LACAP también establece procedimientos expeditos a seguir cuando son compras de emergencia.

El diputado de ARENA, Donato Vaquerano, hizo referencia al artículo 4 de la ley y consideró que ese apartado está extralimitado porque también incluye inmunidad a extranjeros.

"¿Qué significa esto? Que incluso las grandes farmaceúticas si cometen un error, cualquier salvadoreño no podrá tener derecho a quejarse de ese mal uso o esa yatrogenia que se le pueda aplicar", planteó el diputado de ARENA.

La única excepción que hace el artículo 4, relacionado a la inmunidad frente a malos tratos o procedimientos inadecuados, es "a una demanda por muerte o lesiones graves que haya sido causada directamente por la comprobada mala conducta o dolo de una persona", posterior a esto definen que "daños graves" pueden ser "una lesión física que amenaza la vida o que resulta en intervención médica o quirúrgica o que las requiere a fin de evitar el deterioro permanente de una función corporal o que resulta en el daño permanente de una estructura corporal".

La bancada de Nuevas Ideas, la de GANA y los diputados del PDC y PCN defendieron el contenido de la ley con el discurso de que la necesidad de acortar plazos es porque buscan salvar vidas.

"Por favor compañeros, aquí estamos hablando de vidas, no podemos hacer esas aseveraciones. La negociación con las farmacéuticas es complicado, es un enfermedad que a penas estamos estudiando", repitió en diversas ocasiones Castro.

El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, también defendió la aprobación de esta ley y cuando le consultaron que si abre la posibilidad a la comisión de delitos de diversa índole, se limitó a contestar que eso era algo que debía contestar quien se encarga de asuntos legales, no él.

La ley fue aprobada con 64 votos. Debe recibir la sanción, observación o veto de la Presidencia de la República. En caso de recibir sanción, el decreto debe ser publicado en el Diario Oficial para que ocho días después entre en vigencia.

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