Asamblea estudiará propuesta que fraude deportivo sea delito

La moción plantea cárcel y no solo sanción administrativa, para aquellos que incurran en amaños o cualquier tipo de arreglo.
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El diputado de ARENA, Bonner Jiménez, ha introducido una propuesta de reforma al Código Penal, para tipificar como delito el fraude deportivo. La moción será estudiada la semana entrante en el seno de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales.

La propuesta tiene como fin que se sancione con cárcel a todo aquel que cometa una acción fraudulenta o ilícita en el deporte salvadoreño, llámese amaño, arreglo, soborno o cualquier acción que conlleve a un arreglo fuera de la ley.

El artículo 3 de la Ley General de Deportes establece que es de interés social y de utilidad pública, la organización, promoción y desarrollo del deporte en todo el territorio nacional, por cuanto se debe garantizar su protección.

Y es en ese sentido que la moción pretende que la reforma permita no dejar impune ningún caso que atente contra la transparencia del deporte salvadoreño.

En 2013, 15 integrantes de la selección mayor de fútbol fueron suspendidos de por vida, acusados de amañar partidos. Cinco jugadores más fueron inhabilitados de poder jugar por un período de entre 6 meses a un año.

Pero, a pesar de la sanción administrativa, y pese que se intentó procesarlos judicialmente, ninguno de ellos fue a la cárcel, debido a que la alteración deliberada y fraudulenta de resultados dentro de las competiciones, pruebas o encuentros deportivos profesionales no se ajusta a ningún delito contemplado en el Código Penal.

Es por ello que el legislador Jiménez piensa que se debe crear una "respuesta político criminal frente a este tipo de corrupción deportiva", que defrauda la integridad de los resultados deportivos y la confianza de los espectadores.

"Un jugador que haya cometido un hecho como estos debe ser sancionado y lo que estoy pidiendo es de tres a seis años para sujeto activo, pero con agravante, porque cuando se trate de un federativo, directivo, entrenador o árbitro, la pena debe ser mucho mayor, es decir, de seis a diez años", sostiene el político arenero.

"Considero y considera también el pueblo salvadoreño que no basta con uno o dos partidos, o seis meses de suspensión, sino que merece un castigo mayor, ya que ha defraudado a la afición que, pese a la crisis económica, acude a los escenarios y apoya a sus equipo", concluyó el legislador.

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  • fraude deportivo

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