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Asamblea no aprobará Régimen de Excepción si Ejecutivo no da un plan desde marco científico, jurídico y de Derechos Humanos

El Colegio Médico propone implementar medidas sanitarias focalizadas en vez de un régimen de excepción a escala nacional.  FUSADES dijo que el Proyecto de Régimen de Excepción solicitado por Gobierno riñe con la Constitución salvadoreña. 

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La Comisión Política de la Asamblea Legislativa convocó a abogados y médicos para escuchar opiniones sobre el proyecto de régimen de excepción solicitado por el Gobierno. Foto de LA PRENSA/Melissa Pacheco

La Comisión Política de la Asamblea Legislativa convocó a abogados y médicos para escuchar opiniones sobre el proyecto de régimen de excepción solicitado por el Gobierno. Foto de LA PRENSA/Melissa Pacheco

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La Asamblea Legislativa no aprobará la propuesta de Régimen de Excepción del Ejecutivo si no viene justificado con un plan desde el marco científico, jurídico, y de Derechos Humanos.

La Comisión Política analizó este lunes la postura del gobierno de Nayib Bukele, en donde se pide 15 días de Estado de Excepción y suspensión de garantías constitucionales a nivel nacional para paliar la pandemia del coronavirus.

El presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, explicó que sin pruebas masivas focalizadas por zonas de contagios, y cuarentena domiciliar focalizada, no se logrará aplanar la curva.

Eso sería parte de lo que debería contener el plan del Ejecutivo y no solo pedir más cuarentena, explicó Ponce. Agregó que debería de aclarar con qué medicamentes va a tratar a los contagiados. 

"Hacemos una invitación para que el Ejecutivo venga y defienda su proyecto", dijo Ponce ante la prensa este lunes a las afueras de la Comisión Política, que ha escuchado este día las diferentes posturas desde la óptica científica, constitucionalista, y de Derechos Humanos respecto a la propuesta de Régimen de Excepción.

"La ley por sí no va a reducir el contagio", reiteró Ponce al finalizar la jornada en la Comisión Política. 

Este lunes compartieron su postura sobre el tema diferentes sectores, como Cristosal (desde los Derechos Humanos), Acción Ciudadana (desde el planteamiento jurídico), y la Asociación Salvadoreña de Infectología (desde la opinión médica, técnica y científica).

También atendieron el llamado el Colegio Médico, y la Asociación de Abogados Constitucionalistas de El Salvador. 

La comunidad científica concordó con que es necesario un plan de acción y no solo optar por limitar garantías de movilidad a nivel nacional. "Si no existe el plan no sirve de nada suspender garantias constitucionales", concluyó Ponce. 

El Colegio Médico ha recabado información en hospitales para contribuir con la opinión de optar por hacer cuarentenas focalizadas en las zonas populosas identificadas como caldos de contagio, como la capital, Ilopango, Soyapango, y Mejicanos. Además, parte de Apopa. 

La propuesta del Ejecutivo, para tener esperanzas de ser aprobada en la Asamblea, debería contener:

  • El aporte claro del Ministerio de Salud que justifique la suspensión de garantías constitucionales. 
  • Un principio de necesidad demostrable. 
  • Proporcionalidad.
  • Cumplir con el criterio de idoneidad. 

Este mastes la discusión continuará con la intervención de la UCA, UES, Universidad Francisco Gavidia, Univerdidad Tecnológica, y ESEN. 

Ministerio de Salud no asiste

La Comisión Política de la Asamblea Legislativa convocó este lunes a organizaciones de abogados y médicos así como al ministro de Salud Francisco Alabi y la directora del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) Rosa Delmy Cañas para escuchar opiniones respecto a la propuesta de régimen de excepción presentada por el Gobierno.

Ninguno de ellos ha llegado a la comisión. Cañas se excusó al asegurar que tenía otros compromisos que atender; mientras que Alabi no dijo nada.

El presidente del Colegio Médico (COLMED) Milton Brizuela sostiene que no es necesario un régimen de excepción a escala nacional y su propuesta es implementar medidas sanitarias focalizadas.

Por su parte, la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) advirtió que dicho proyecto "contiene disposiciones que riñen con la Constitución e incumplen la jurisprudencia constitucional y, además, no se conoce cuál es su base científica ni los criterios epidemiológicos específicos para las medidas que ahí se proponen, lo cual es en lo mismo contrario a lo resuelto por la Sala de lo Constitucional".

FUSADES señaló que el Gobierno está proponiendo en tal proyecto que se le delegue "la facultad de limitar ciertos derechos constitucionales, como el de libertad econòmica" cuando dice que el Ministerio de Salud definirá qué sectores industriales y comerciales están autorizados para funcionar, una atribución que es de la Asamblea Legislativa y debería quedar explícita en el decreto en caso que se apruebe.

 
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También, destaca que es facultad exclusiva de la Asamblea crear sanciones y consideran que la remisión a centros de contención como infracción por violentar la cuarentena "no cumple con lo señalado por la Sala de lo Constitucional, pues la Asamblea Legislativa debe regular adecuadamente la tipicidad de la conducta y el carácter de la sanción, no como está incluido en el proyecto de una manera imprecisa y confusa".

Por otra parte, FUSADES manifestó preocupación por que dentro de las personas autorizadas para circular no se incluye al personal del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) pese a que en los derechos suspendidos no se menciona expresamente el derecho de acceso a la información pública.

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