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Asamblea obvió revisar requisitos en elección de CNJ

Los diputados no documentaron la evaluación técnica sobre las competencias de los candidatos. En el proceso solo constan cuadros de coincidencias políticas.
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Alcides Salvador Funes Teos firmó y dejó las dos huellas de sus dedos índices en un documento en el que declaró adherirse a los “principios doctrinarios del partido político Gran Alianza por la Unidad Nacional” (GANA). El documento consta entre los archivos que revisaron los diputados de la Asamblea Legislativa durante el reciente proceso de selección de los miembros del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ), y aún cuando la Sala de lo Constitucional había emitido jurisprudencia sobre la necesidad de la independencia político-partidaria en las elecciones de segundo grado, los parlamentarios decidieron el pasado 22 de septiembre reelegir a Funes Teos como consejero para el período 2016-2021.

Funes Teos y otros dos abogados ya habían sido inhabilitados del proceso de elección por una medida cautelar emitida por la Sala de lo Constitucional en julio de 2015 –que luego fue suprimida en octubre del mismo año– cuando se presentó una demanda en contra de las tres postulaciones mencionadas, debido a que el Comité Electoral de la Federación de Asociaciones de Abogados de El Salvador (FEDAES) no permitió que se impugnaran, a pesar de que los tres aspirantes eran funcionarios públicos en ese momento.

En cuanto la Asamblea Legislativa recibió los primeros 30 nombres propuestos para ser miembros propietarios o suplentes del CNJ (18 de la elección de FEDAES; seis magistrados y jueces; y seis del ministerio público), determinó, con base en datos del Tribunal Supremo Electoral, que al igual que Funes Teos, Joaquín René Martínez (propuesto por el ministerio público) y Mario Stanley Gutiérrez López (electo en proceso de FEDAES) habían firmado como integrantes del partido GANA.

En esa primera lista también se encontraron algunos respaldantes de candidaturas independientes, así como aspirantes con deudas en el Ministerio de Hacienda, omisión de trámites en la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), y hasta una persona con antecedentes penales.

En total, de esa lista de 30 postulantes, solo 16 cumplían con los requisitos mínimos de ley.

En ese momento, la Asamblea Legislativa emitió una tabla comparativa de coincidencias políticas entre los partidos PCN y PDC, sobre 15 nombres. De ellos, cuatro no cumplían con los requisitos mínimos establecidos por la normativa para ser aspirantes a integrar el consejo.

En ese primer listado de coincidencias políticas solo están dos de los 14 consejeros electos.

Siguiendo el proceso, la Universidad de El Salvador (UES) y las universidades privadas también presentaron sus candidaturas de ternas para el CNJ. Entre ellos estaban cuatro de los que fueron elegidos: la actual presidenta del CNJ, María Antonieta Josa; el funcionario reelecto, Santos Cecilio Treminio; y dos consejeros suplentes.

Para evaluar las características de las propuestas de las universidades, los diputados omitieron pedir al TSE la comprobación sobre la afiliación partidaria de estos funcionarios. Aunque, durante la evaluación se encontraron personas referidas desde las universidades con insolvencias en Hacienda, procesos pendientes en Probidad y con procesos abiertos en la Unidad de Investigación Profesional de la CSJ.

No evaluaron capacidades

En el dictamen de elección de los nuevos funcionarios, los diputados admiten que para ser consejero del CNJ se debe de cumplir con el requisito constitucional de “honradez y competencia notoria”, el cual apunta hacia “probidad” y “cualificación técnica y profesional requeridas”.

Los diputados también reconocen que tienen el deber de “exponer las razones fundadas por las que consideran que una persona concreta es la idónea para ser electa en un cargo público”.

Sin embargo, en la documentación que contempla todo el proceso de selección de los miembros del pleno del CNJ no se evidencia ninguna evaluación comparativa de capacidades técnicas, más allá de la consignación de las coincidencias políticas por cada uno de los perfiles de aspirantes que llegaron a la Asamblea.

Los diputados plantearon en el dictamen de la subcomisión de elección que fue a través de una entrevista de cinco preguntas en la que se obtuvo la información sobre la “preparación académica, idoneidad, experiencia”, entre otros puntos.

Dicha entrevista contiene preguntas como “¿cuál es el rol que debe desempeñar un consejero, cómo cree lograrlo?”

Entre los funcionarios electos a los que se les apuntaron irregularidades (aparte de la afiliación partidaria) están: Santos Cecilio Treminio (cuyas declaraciones patrimoniales se encuentran en análisis en Probidad); Alcides Funes Teos (por tener historial en la Corte de Cuentas de la República, Tribunal de Ética Gubernamental y Fiscalía General de la República); José Efraín Gutiérrez Martínez (que tiene al menos dos sentencias en su historial en la CCR); Carlos Wilfredo García (tiene en su historial ocho procesos ya fenecidos de la Unidad de Investigación Judicial); Olinda Morena Vásquez (acumula nueve procesos fenecidos y dos activos en la Unidad de Investigación Judicial); y Balbino Escobar (que tiene un registro con cumplimiento parcial en Probidad).

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