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Asamblea se limita a archivar irregularidades de la Corte de Cuentas

Desde 2010 la Asamblea Legislativa ha practicado cuatro auditorías a la Corte de Cuentas que han costado más de $960,000. Cada una de las auditorías reveló irregularidades que nunca han sido corregidas. Entre esas, mora de juicios de cuentas.
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Cada vez que la Asamblea manda a hacer una auditoría a la Corte de Cuentas de la República (CCR) aparece un nuevo abanico de irregularidades. Entre esos vicios detectados está que, como práctica generalizada, la mayoría de las cámaras de la Corte se retrasan en resolver los juicios de cuentas, caen en mora y, como consecuencia, la mayoría de esos juicios corre el riesgo de caducar sin tener una sentencia definitiva.

En otras palabras, las auditorías realizadas a cada una de las alcaldías, autónomas y demás instituciones estatales corren el riesgo de perderse a pesar de que hayan revelado corrupción o malversación de fondos en el manejo del dinero público.

Las irregularidades también incluyen que, en su función jurisdiccional, la Corte no lleva un control y no hace un seguimiento adecuado a las sentencias que sí impone cuando, después de una auditoría y un juicio de cuentas, concluye que los funcionarios han cometido alguna irregularidad.

Asimismo, en la oficina de Recursos Humanos no respetan los procesos de reclutamiento y hacen contrataciones y promociones de personal de forma irregular e irrespetando el reglamento interno de la Corte (ver nota secundaria).

Todas estas irregularidades, que apenas son algunas de las más relevantes, son señaladas en cuatro diferentes auditorías hechas a la Corte de Cuentas durante 2010, 2011, 2012 y 2013, por diferentes firmas privadas de auditorías contratadas por la Asamblea Legislativa.

Esas auditorías le costaron a la Asamblea entre $74,000 y $342,000, cada una. Sin embargo, a pesar de las irregularidades encontradas en cada una de esas auditorías, y a pesar del costo económico que tienen, la Asamblea ha repetido el engranaje cada año: recibe el informe final de la auditoría, lo revisa, lo discute en una comisión y luego lo apila en el archivo, junto con los demás informes de auditorías. Después se prepara para hacer una nueva licitación, la concede, le entregan un nuevo informe y lo archiva.

“Nosotros recibimos esas auditorías, las revisamos, por supuesto, pero generalmente se guardan porque al discutir los hallazgos concluimos que no procede hacer nada más”, explicó el diputado vicepresidente de la Asamblea, Guillermo Gallegos, quien también aseguró que la auditoría de 2014 está casi lista y que ya hay un acuerdo para comenzar a licitar la auditoría 2015.

El diputado David Reyes, miembro de la junta directiva de la Asamblea, por su parte fue más explícito al decir por qué archivan, sin mayor consecuencia, los informes de las auditorías.

“La Asamblea nunca hace nada con los hallazgos de las auditorías, porque esos son hallazgos meramente administrativos. Las auditorías no se hacen a la gestión. Si se hicieran a la gestión y no solo a los procesos administrativos, entonces sí habría más elementos para que la Asamblea, en un rol contralor, pudiera hacer algo”, argumentó Reyes.

Las auditoras privadas

De acuerdo con la oficina de acceso a la información de la Asamblea, las auditoras contratadas para evaluar a la CCR fueron: en 2010, Figueroa y Jiménez, con un costó de $300,000; en 2011, Valiente y Asociados con un costo de $342,500, que además es la firma del exmagistrado presidente Johel Humberto Valiente, quien fue destituido de su cargo por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia porque la Asamblea lo eligió de forma irregular. En 2012, Elías y Asociados por un costo de $74,580; y en 2013, Latinco por $243,000.

Las cuatro firmas de auditores privados, sin excepción, no solo revelaron irregularidades en la Corte de Cuentas, sino que también le explicaron a la Asamblea que el trabajo de exploración y verificación que les encomendaron hacer fue limitado, porque la Corte se negó a entregar todos los papeles de trabajo (archivos y documentos que hacen constar cómo fue todo el procedimiento de una auditoría o juicio de cuentas).

Los auditores privados, en la mayoría de los casos, solo tuvieron acceso a los resultados de las auditorías y juicios de cuentas y no a todo el proceso, lo que les hizo imposible comprobar si los jueces de cuentas no cambiaron fechas o limpiaron algún expediente con irregularidades.

Sobre esta advertencia de los auditores privados, la Asamblea también ha hecho caso omiso.

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