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Asamblea sin actualizar información oficiosa

Al momento, es desconocido todo lo que la actual legislatura, dominada por el oficialismo, ha hecho en cuanto a nuevas contrataciones. Lo que sí hicieron fue cambiar al oficial de información.

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Omisión.  La Unidad de Acceso a la Información Pública ha omitido la publicación de información oficiosa durante este año.

Omisión. La Unidad de Acceso a la Información Pública ha omitido la publicación de información oficiosa durante este año.

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Incumplimiento. Pese a que la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) fija obligaciones para las entidades que están sujetas a esta normativa, la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP) de la Asamblea Legislativa incumple con la de publicar información actualizada y que es considerada como "oficiosa".

A casi 100 días de que las nuevas autoridades legislativas comenzaron a trabajar, no hay información de las decisiones sobre contrataciones de personal, listado de asesores, de empleados institucionales ni de los que están asignados a partidos políticos.

Del 2020 data la mayor parte de información que está disponible en el portal de transparencia de la Asamblea. Por ejemplo, un listado de asesores de julio del 2020, la lista de empleados institucionales y de plazas asignadas a grupos parlamentarios actualizada en octubre del 2020. Un listado de misiones oficiales al exterior hechas por funcionarios de la Asamblea actualizado en marzo del 2021 es lo más reciente que hay disponible en ese portal.

"Los entes obligados, de manera oficiosa, pondrán a disposición del público, divulgarán y actualizarán, en los términos de los lineamientos que expida el Instituto", dice el artículo 10, del capítulo II de la LAIP donde abordan la información oficiosa y su forma de divulgación.

Una información que tenga el carácter de oficiosa es aquella "información pública que los entes obligados deberán difundir al público en virtud de esta ley sin necesidad de solicitud directa", es decir, que toda institución obligada debe publicarla sin que un ciudadano la solicite.

Hay cierta información que es de oficiosa para todas las instituciones que están obligadas por la LAIP; sumado a ella, hay información de carácter oficioso que es aplicable solo al Órgano Legislativo, a la Presidencia de la República y al Consejo de Ministros, al Órgano Judicial, al Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ), al Tribunal Supremo Electoral (TSE), entre otras instituciones del Estado.

En general, los entes obligados deben divulgar información relacionada con los procesos de contratación, el marco normativos que les aplica, el directorio de funcionarios, la información sobre asignaciones presupuestarias, el listado de asesores, las remuneraciones mensuales por cargo presupuestario, los planes operativos anuales y los resultados logrados, las memorias de labores, los listados de viajes internacionales autorizados y realizados con financiamiento público.

Aparte de lo anterior y en específico a la Asamblea la LAIP le obliga a publicar la siguiente información: el protocolo de entendimiento de los grupos parlamentarios, los integrantes de las comisiones legislativas, los miembros de cada grupo parlamentario, las convocatorias a comisiones, el proyecto de agenda de las comisiones y de la Sesión Plenaria, las piezas de correspondencia que reciben, los dictámenes emitidos en comisiones, los decretos y acuerdos tomados por el Pleno de la Asamblea y el registro de votos emitidos para la aprobación o desaprobación de decretos y acuerdos.

Lo relacionado a las piezas de correspondencia, dictámenes, votaciones y agendas de sesiones plenarias está publicado en la página principal de la Asamblea. Sin embargo, todo lo relacionado a información financiera y administrativa no está disponible ni en el sitio principal ni en el portal de transparencia.

El pasado 1.º de mayo asumió funciones la legislatura 2021-2024, una que está dominada por el oficialismo representado en Nuevas Ideas, el Partido de Concertación Nacional (PCN), el Partido Demócrata Cristiano (PDC) y la Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA).

Fueron decisiones generales sobre el tema de contrataciones las que informó el presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, el pasado 11 de mayo.

Ese día, en una conferencia de prensa, Castro dijo que en la junta directiva de la Asamblea tomaron decisiones que iban a implicar el recorte de más de 1,000 plazas, la disminución de gastos para servicios que recibían los directivos y el inicio de cuatro auditorías: una de gestión, una legal, una financiera y una de personal.

"Hemos tomado importantes acuerdos. Estamos renunciando de manera formal al tema de los bonos, al uso de vehículos para Junta Directiva y al uso de celulares... Hicimos una reasignación presupuestaria", declaró el presidente de la Asamblea y diputado de Nuevas Ideas.

Según el legislador, la reducción de plazas eran contratos que estaban vigentes hasta el 30 de abril y la disminución de estos iba a representar un ahorro anual de $7 millones.

En cuanto al recorte de "privilegios" para los integrantes de la junta directiva, el presidente dijo que iba a representar un ahorro de aproximadamente $1 millón.

Sin embargo, no informó de nuevas contrataciones. Una fuente que conoce de cerca cómo están realizando la estructuración las nuevas autoridades de la Asamblea dijo a este periódico que han habido contrataciones durante junio y julio. Sin embargo, esta información aún no ha sido actualizada por la UAIP.

El incumplimiento de la obligación de divulgación de información oficiosa por parte de la Asamblea ocurre mientras en la comisión de legislación está por discutir un pliego de reformas a la LAIP que puede significar un retroceso en el acceso a la información.

La Presidencia de la República envió las propuestas de reforma. Uno de los puntos que le han objetado al Gobierno es la escasa rendición de cuentas y nulo sometimiento a la LAIP que ha tenido durante estos dos años que lleva en funciones. Sumado a lo anterior, le achacan "el desmantelamiento" del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) evidenciado con la colocación dentro de él de funcionarios cuya independencia del Ejecutivo es cuestionable.

 

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