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Asilo de Funes viola norma de la OEA y la ONU, según expertos

El Confidencial, de Nicaragua, entrevistó a reconocidos juristas y analistas políticos de su país, quienes consideran que la acción del gobierno de Daniel Ortega irrespeta algunos convenios internacionales y la misma Constitución. En El Salvador, el tema también sigue generando diversas opiniones y controversia.
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Controversia.  El asilo concedido por el Gobierno nicaragüense al expresidente de la república Mauricio Funes continúa generando polémica en los ámbitos nacional e internacional.

Controversia. El asilo concedido por el Gobierno nicaragüense al expresidente de la república Mauricio Funes continúa generando polémica en los ámbitos nacional e internacional.

Asilo de Funes viola norma de la OEA y la ONU, según expertos

Asilo de Funes viola norma de la OEA y la ONU, según expertos

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La revista El Confidencial de Nicaragua publicó ayer un trabajo de investigación realizado con varios expertos en transparencia y analistas políticos de su país, en el cual concluyen que el gobierno del presidente Daniel Ortega ha violado las convenciones contra la corrupción de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de la Organización de Naciones Unidas (ONU), al concederle asilo político al expresidente salvadoreño Mauricio Funes.

El exmandatario recibió el beneficio del Gobierno nicaragüense el pasado 2 de septiembre, precisamente en momentos en que es investigado por la Fiscalía General de la República (FGR) por al menos cinco delitos, y a la vez está acusado de un juicio civil por presunto enriquecimiento ilícito.

Pese a que el motivo por lo el cual Funes solicitó y le fue concedido el asilo, según el canciller de Nicaragua, Samuel Santos López, es porque es “un perseguido político” en El Salvador, los entrevistados por El Confidencial consideran que Funes “está involucrado en casos de corrupción”, que van en contra de las convenciones de las cuales Nicaragua forma parte.

Dayra Valle, especialista en transparencia del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP), opinó que el Gobierno nicaragüense debe sancionar la corrupción y contribuir a erradicarla.

“Nicaragua tiene un compromiso internacional con la prevención, detección y sancionar la corrupción (…) y esta investigación contra Funes debe generar cooperación entre ambos Estados”, expresó Valle, quien consideró además: “El Poder Legislativo nicaragüense debería llamar la atención al Ejecutivo, por no cumplir con los mecanismos que establecen las convenciones, y darle seguimiento al cumplimiento”.

Carlos Tünnerman Bernheim, un experimentado analista político, jurista y exdiplomático, sostuvo que el asilo político es una práctica común en América Latina, pero que no puede brindarse a personas que hayan sido acusadas o que estén siendo investigadas por delitos comunes.

Para Gonzalo Carrión, director jurídico del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), el asilo al expresidente Funes viola el artículo 42 de la Constitución de su país, que establece: “En Nicaragua se reconoce y garantiza el derecho de refugio y de asilo. El refugio y el asilo amparan únicamente a los perseguidos por luchar en pro de la democracia, la paz, la justicia y los derechos humanos”.

Carrión indicó que Funes es investigado por corrupción en El Salvador y señala que “quienes son investigados por corrupción no se les aplica la convención”.

José Pallais, jurista y también analista político, resaltó “que los Estados receptores”, como Nicaragua, “tienen el derecho soberano de calificar los asilos sin consultar a nadie”; pero añade: “El Gobierno sí debe hacerlo conforme a lo que establecen las convenciones de asilo y los otros tratados que regulan la materia”.

Pallais dice que no cree que el gobierno del presidente Salvador Sánchez Cerén reclame a Nicaragua por el asilo político de Funes, basado en las convenciones, dada la afinidad política entre el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).

Mientras tanto, el dominicano Jatzel Román, coordinador general de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia y quien se encuentra en El Salvador promoviendo la visión de su organización, que es la lucha contra la corrupción en América Latina, dijo a LA PRENSA GRÁFICA que esta semana sostuvo reuniones con diputados opositores de Nicaragua, entre ellos Eduardo Montealegre, con quienes abordó el tema del asilo a Mauricio Funes.

“Hemos estado bastantes críticos de esta nueva decisión del Gobierno nicaragüense, por el hecho de que según los mayores consensos de Derecho internacional, casos de corrupción y delitos comunes no entran dentro de lo que es generalmente aceptado como causal para asilo político”, expresó Román.

“En lo personal me llama mucho la atención, que estando su partido político en el gobierno (FMLN, partido de Funes), haya esas acusaciones de persecución política”, manifestó.

El también abogado expuso que le parece “extraño” que Funes haya decidido marcharse a Nicaragua, cuando en El Salvador, a pesar de que se le investiga por varios delitos, a la fecha no se le han violentado sus derechos como ciudadano.

“Me llama también mucho la atención que él llegara a la conclusión de que su mejor decisión era sustraerse del proceso e ir hacia Nicaragua, porque hasta ahora no he visto personalmente violaciones a sus derechos y no he visto esa tal percusión, que tampoco me parece que esté arraigada en la verdad, porque actualmente quien representa el Poder Ejecutivo en El Salvador es su propio partido”, aseveró Román.

Funes también pidió asilo en Nicaragua para su compañera de vida Ada Mitchell Guzmán Sigüenza y para sus hijos Carlos Mauricio Funes Velasco y Diego Roberto Funes Cañas. También solicitó para su hijo que está por cumplir tres años de edad y cuya madre es su compañera Guzmán Sigüenza.

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