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Auditoría revela que CCR contrató personal sin entrenamiento

La Asamblea Legislativa ha practicado cinco auditorías a la Corte de Cuentas. El último año auditado fue 2014 y el informe final presenta irregularidades similares a las anteriores, lo que evidencia que los reparos no han sido corregidos.

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Los 43 auditores que la Corte de Cuentas de la República (CCR) contrató en 2014 no tenían experiencia ni competencia en analizar el trabajo gubernamental. Así lo determinó la última auditoría externa practicada a la institución encargada de velar por el uso de los fondos públicos en El Salvador.

Según el informe final de la firma auditora, fechado en julio de 2016, que corresponde al año 2014, el reglamento interno de la institución establece que el reclutamiento debe hacerse a través de una convocatoria de candidatos y luego una selección; sin embargo, la auditoría evidencia que la contratación de personal no idóneo se ha convirtió en una práctica generalizada en la Corte de Cuentas.

“El personal que se contrató en 2014 ingresó a las direcciones de auditoría sin recibir el curso previo de auditoría gubernamental, lo que generó contratiempo en el rendimiento, por falta de experiencia técnica y entrenamiento adecuado en lo referente al control gubernamental”, reza parte de las conclusiones del informe final en poder de LA PRENSA GRÁFICA.

De acuerdo con la firma auditora, el director de recursos humanos, Ovidio Antonio Seoane Aguirre, dijo en junio del año pasado que el proceso de inducción del nuevo personal no se desarrolló en 2014 “por instrucciones verbales de José Gilberto Romero Tobar, quien fungía como director de esa área en ese periodo”.

Romero Tobar, actualmente suspendido, también le presentó sus argumentos a la auditoría externa: “En el tiempo que trabajé en la dirección de recursos humanos, se manejó como política el desarrollar todos los procesos de reclutamiento, selección y nombramiento de personal; tomando como todas las normas, desde la Constitución de la República”.

Sin embargo, la auditoría remarcó que ninguno de los dos funcionarios presentó pruebas de sus justificaciones sobre el reclutamiento sin experiencia de personal en al CCR. Agregó: “Los expedientes de personal examinados no contienen información que demuestre el cumplimiento de las disposiciones legales en lo referente al proceso de selección y contratación de nuevas plazas en 2014”.

Sin evaluación

La dirección de recursos humanos le dijo a la firma auditora que “durante la administración de Rosalío Tóchez Zavaleta fueron suspendidos los procesos de evaluación de desempeño”. Esa instrucción, según el funcionario, también fue transmitido por Romero Tobar cuando era director de recursos humanos de la CCR. Por esa razón, según su criterio, no se encuentra “ningún registro de expedientes de evaluación del desempeño por los movimientos internos realizados”.

Tóchez Zavaleta le dijo a los auditores: “No es posible darle una respuesta a este presunto hallazgo a razón que usted no señala con claridad, el grado de responsabilidad o grado de participación de mi persona y aún más, al no motivar el presunto hallazgo sigue la duda si está dentro del periodo de gestión o no”.

Rosalío Tóchez Zavaleta se desempeñó como presidente de la CCR desde julio de 2013 hasta junio 2014 y en su lugar asumió su segundo, Johel Humberto Valiente, quien fungió hasta el 29 de junio de 2016, al ser declarado invalidado su nombramiento por a Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, por pertenecer al partido GANA.

La firma auditora concluye que analizados los comentarios vertidos por todos los funcionarios y exfuncionarios, “se evidencia una clara contradicción en las respuestas y al no presentar pruebas que desvirtúen lo expuesto por esta firma, en el hallazgo sobre los traslados o cambios sin evaluación de desempeño, se mantiene la observación”.

Sobre la falta de evaluación de desempeño, la observación “queda en proceso” porque al momento de terminar el informe final (junio de 2016) existía un plan institucional sobre el tema que apuntaba a reparar ese hallazgo a más tardar en 2019.

El informe final fue entregado a la Asamblea Legislativa en junio de 2016, cuando la presidenta era Lorena Peña. La Asamblea ha ordenado cinco auditorías a la CCR desde 2010 y pese a los hallazgos repetitivos, los informes de estas han sido archivados.

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