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Autoridades ignoran ley al no pedir declaración a la hora de renovar DUI

Código Electoral establece que al cambiar domicilio en DUI hay que presentar una declaración jurada para evitar fraude electoral que es penado con cárcel. RNPN y TSE alegan no tener capacidad instalada.
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Ni recibos. En el duicentro de Galerías empleados y usuarios confirmaron que no piden declaración jurada ni recibos de agua o luz.

Ni recibos. En el duicentro de Galerías empleados y usuarios confirmaron que no piden declaración jurada ni recibos de agua o luz.

Indicios. Desde el inicio del año se han denunciado indicios de acarreo de votos en Santa Tecla. El RNPN ya confirmó movimiento de ciudadanos para este municipio.

Indicios. Desde el inicio del año se han denunciado indicios de acarreo de votos en Santa Tecla. El RNPN ya confirmó movimiento de ciudadanos para este municipio.

Autoridades ignoran ley al no pedir declaración a la hora de renovar DUI

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El Código Electoral es claro cuando dice en su artículo 25 que “todo ciudadano o ciudadana inscrito en el registro electoral, al cambiar su residencia está en la obligación de presentarse al Registro Nacional de las Personas Naturales, a informar sobre dicho cambio, mediante declaración jurada, lo que implicará la emisión de un nuevo Documento Único de Identidad; debiendo el Registro Nacional de las Personas Naturales dar aviso al tribunal de manera inmediata sobre dicha modificación, a efecto de que se cambie el lugar de votación del ciudadano o ciudadana”.

Faltan alrededor de tres semanas para que se cierre el padrón electoral y esa disposición de la ley no se está cumpliendo. Así se ha podido constatar en uno de los principales duicentros del país donde hasta los empleados de la empresa contratada para emitir los documentos dicen que no es necesario llevar más documentos que el DUI a modificar y el recibo de cancelado. (Ver nota secundaria).

El Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN), principal entidad encargada, y el Tribunal Supremo Electoral (TSE) se desligan de la obligación de verificar documentación pertinente.

“La ley actualmente establece una declaración jurada que se ha venido manejando como un requerimiento administrativo en el RNPN porque realmente el ciudadano tiene derecho a cambiar de domicilio, lo tiene, eso no es ningún problema”, dijo el magistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Miguel Ángel Cardoza, respecto al tema.

El magistrado conociendo los requisitos, aceptó que no se ha sido “tan exigente en ello” por lo mismo de que todos los ciudadanos tienen derecho.

Cardoza, además, dijo que exigir el cumplimiento de los documentos del Código Electoral queda a discrecionalidad del “duicentro que es el obligado a pedirle el requerimiento, pero al menos lo hacen firmar una especie de declaración jurada en la que él (ciudadano) está aceptando que sí que está cambiando de domicilio”.

LA PRENSA GRÁFICA buscó obtener la versión de Mühlbauer, que maneja los duicentros, pero no se logró ninguna respuesta.

La trashumancia de personas es un fenómeno que mientras suceda en período preelectoral puede dar indicios de que su fin sea influir en los resultados de las elecciones, especialmente en las de concejos municipales y diputados. Lo que no sucede en los comicios presidenciales, pues en ese caso todos los votos independientemente del lugar donde se ejerzan van a los mismos candidatos.

La directora del RNPN por ARENA, Mariella Peña Pinto, ha sido unas de las voces que ha puesto sobre la mesa el posible acarreo de personas de un municipio a otro para que influyan en los resultados electorales de 2018.

Santa Tecla ha sido el municipio que Peña Pinto ha señalado por haber recibido denuncias de que en él se estaban moviendo personas de otras ciudades. La directora, al igual que el magistrado del TSE, sostuvo que es derecho de los ciudadanos cambiarse de domicilio, el problema, según ella, es que no se les está exigiendo lo que la ley establece.

“Se supone que dentro de cada duicentro hay delegados del RNPN, pero el problema es que la información que tiene que dar el ciudadano para cambiarse de municipio no la está presentando, ni la declaración jurada ni un recibo para decir que vive allí”, dijo Peña Pinto.

Por su parte, la presidenta del RNPN, Margarita Velado, alegó al respecto que la labor de esta institución no está relacionada con determinar si se están haciendo cambios de domicilios con fines electorales, eso le corresponde a la Fiscalía. “La intención electoral le corresponde a la fiscalía electoral consignarlo porque el registro no es un ente investigador de delitos y cambiar dirección con fines electorales pues es un delito”, dijo Velado.

San Salvador, Santa Tecla, Soyapango, Colón y San Miguel son los que más cambios de domicilios reportan, informó Velado.

El fraude electoral es un delito que de ser comprobado se puede condenar con penas que oscilan entre cuatro o seis años de cárcel.

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