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Autorizan a FOVIAL intervenir calle Sirama en oriente del país

Juzgado primero de lo Mercantil dio la autorización para que se realicen obras de mantenimiento rutinario en la carretera de San Miguel a La Unión
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El Ministerio de Obras Públicas (MOP) informó que la Jueza Primero de lo Mercantil de San Salvador autorizó al Fondo de Conservación Vial (FOVIAL) para hacer reparaciones de emergencia en la carretera San Miguel-La Unión, conocida como calle Sirama.
 
Tras concluir la prueba pericial y de inspección de la ruta de 33.6 kilómetros, se solicitó al juzgado, el 12 de septiembre pasado, la urgencia de realizar obras de mantenimiento, las cuales fueron autorizadas el 22 de septiembre. Las mismas serán de emergencia, no de reconstrucción, porque continúa el proceso judicial abierto contra la empresa Constructora Nacional S.A (CONASA), de origen guatemalteco.
 
Las acciones a ejecutar consistirán en demolición de losas de concreto, excavación de estructuras, mejoramiento de base con material fresado, colocación de mezcla asfáltica. 
 
Las obras iniciarán este año, con una inversión de $800,000, a través de dos contratos para atender dos tramos dañados y después se programarán otras etapas.
 
La ejecución de la obra se aprobó en 2002, pero desde 2004 y antes de ser recibida, es decir, antes de hacer el proceso de recepción que indica la ley previo al pago final, comenzó a presentar fracturas, agrietamiento profundo, hundimientos y desplazamientos de losas, baches abiertos y despostillamiento de esquinas.
 
“No fue recibida y sucedió que le pagaron, por todo, un monto de $15,999,999.99; no obstante, la parte técnica había señalado y era evidente las fracturas y daños”, dijo el titular del ramo, Gerson Martínez.
 
Se llevó al juzgado 4o de la Mercantil para exigir el cumplimiento de fianzas y que la empresa respondiera por el daño. Sin embargo, en ese tribunal, en caso estuvo sin mayor avance hasta el año 2013. Luego se trasladó el caso al Juzgado Primero de lo Mercantil, que ordenó un peritaje en junio de 2014 y luego nombró otro equipo de peritos en octubre de 2015.
 
En agosto de 2016 se terminó el peritaje y se presentó informe de resultados. El 12 de septiembre, el MOP pidió autorización para reparaciones y se avaló el 22 de este mes, pero solo para dejar transitable la calle. En base a las condiciones que constataron los peritos, una reparación óptima costaría $31.9 millones.
 
Para el MOP, la empresa responsable debería responder por los casi $16 millones que le pagaron por una obra defectuosa, por los costos de oportunidad, los accidentes de tránsito y víctimas, el costo actual de la obra y el mantenimiento que se va a hacer; pero eso entra en la decisión que emita el tribunal del caso.



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