Aval de auditor a $152.6 mill sin justificar en caso Chaparral

Los papeles de trabajo revelan que, pese a informe de auditores, el jefe de estos ordenó que irregularidades fueran sacadas del informe diciendo que “a su juicio” se desvanecían.
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Proyecto.  La Central Hidroeléctrica El Chaparral está ubicada en el municipio de Carolina, San Miguel.

Proyecto. La Central Hidroeléctrica El Chaparral está ubicada en el municipio de Carolina, San Miguel.

Aval de auditor a $152.6 mill sin justificar en caso Chaparral

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Aval de auditor a $152.6 mill sin justificar en caso Chaparral

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La opinión del jefe de la Dirección de Auditoría Cuatro de la Corte de Cuentas de la República (CCR), Wilfredo Aguilar Montecinos, fue determinante para dejar fuera del informe final dos (de cuatro) hallazgos de irregularidades en el contrato y ejecución de la construcción de la Central Hidroeléctrica El Chaparral, que ascienden aproximadamente a $152.6 millones cuestionados por los auditores, según los papeles de trabajo del caso, a los que tuvo acceso este periódico.

Montecinos, aunque fue contactado vía telefónica, dijo que no podía explicar en qué basó su opinión hasta que la presidencia de la CCR le diera autorización para hablar del tema.

Las correcciones que Montecinos hizo al borrador del informe final del examen especial a la ejecución del contrato llave en mano número CEL-4143-S, suscrito entre CEL y ASTALDI S.P.A. para la construcción de la represa El Chaparral, por el periodo del 5 de enero de 2009 al 31 de diciembre de 2011, se pueden resumir en dos frases que escribió: “El fundamento técnico es muy débil... a mi juicio profesional y a la luz de la normativa aplicable la observación se desvanece” y, la segunda: “No tenemos elementos sólidos para mantener el hallazgo… a mi juicio se desvanece”. Además de estas correcciones, Montecinos pidió a los auditores que respetaran el estilo de redacción de informes.



Fuentes de la Corte de Cuentas, que pidieron anonimato, explicaron que los jefes de las direcciones de Auditoría tienen la última palabra sobre los hallazgos e irregularidades presentados por los auditores. De acuerdo con las fuentes, si ellos dicen que un hallazgo se debe dejar fuera del informe, se debe hacer. Pero para sacar un hallazgo, el jefe de auditores tiene que explicar y sustentar por qué razón y no solamente corregir un informe diciendo “a mi juicio se desvanece”. Las fuentes también dijeron que en la CCR ya se han dado casos en los que magistrados han ordenado, a los jefes de auditorías, limpiar los informes, pero no quisieron detallar los ejemplos que supuestamente conocen.

Las investigaciones de la CCR iniciaron después de que la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) llegó a un arreglo con ASTALDI para dar por finalizado un contrato que no se podía modificar, cuando la construcción a duras penas llevaba el 29.28 % de avance. El arreglo fue de $108.5 millones, justificado después por el expresidente Mauricio Funes, quien dijo que se tenía que hacer así para “evitar un litigio internacional”.

Los auditores de la CCR encontraron al menos seis irregularidades en el manejo de los fondos. Cuatro de las seis irregularidades señaladas se desvanecieron y únicamente dos pasaron al informe final.

Uno de los hallazgos que Montecinos ordenó sacar del informe final fue el cuatro que consistía en el “uso inadecuado de anticipo de fondos entregado para construcción de la Central Hidroeléctrica El Chaparral”. El monto cuestionado del anticipo ascendió a $12 millones, que la CEL depositó en dos cuentas extranjeras de la empresa constructora italiana ASTALDI. De esos, $1 millón fue depositado en una cuenta de ASTALDI en Costa Rica y los otros $11 millones fueron depositados en una cuenta de la constructora en Panamá.

De acuerdo con los papeles de trabajo, el depósito de $1 millón pasó primero por un banco intermediario de New York, en Estados Unidos, para luego llegar al banco de Costa Rica.

De esos $12 millones depositados en concepto de anticipo, los administradores del contrato de parte de CEL solamente lograron justificar $4.4 millones invertidos en una subcontratación de otra empresa que entregó turbinas, repuestos y pago de sueldos a personal. En otras palabras, de los $12 millones quedaron $7.6 millones sin justificar y que supuestamente fueron usados inadecuadamente.

Cuando los auditores cuestionaron los $7.6 millones sin justificar a la jefa de la Unidad de Seguimiento de Proyectos de la CEL, Marlene Lemus de Estévez; al excoordinador de proyectos Jaime Contreras Lemus y al coordinador de proyectos, Saúl Enrique Lino, todos se desligaron.

Lemus de Estévez expresó que el seguimiento a los fondos entregados en concepto de anticipo no era parte de las atribuciones de la unidad que dirigía. Contreras Lemus respondió que él no autorizó los depósitos a las cuentas extranjeras y que, en todo caso, eso dependía de sus superiores; también dijo que el seguimiento a los depósitos no era algo que estaba entre sus atribuciones. Lo mismo explicó Lino.

Ante los comentarios de los funcionarios cuestionados, los auditores no se dieron por satisfechos y mantuvieron el hallazgo, diciendo en el borrador del informe que “en todos los comentarios, no se adjuntó evidencia escrita en la cual la administración superior los exime de la responsabilidad (...) por lo que la deficiencia se mantiene”.

Montecinos, a pesar de la observación de los auditores de la falta de evidencia que los exonerara, escribió en la corrección que “a su juicio se desvanecía” el hallazgo. Es decir que por sus valoraciones, el cuestionamiento por $7.6 millones no logró pasar al informe final, con el que una Cámara de la Corte de Cuentas podría haber condenado a los funcionarios por responsabilidad patrimonial y administrativa.
 

Tags:

  • caso chaparral
  • corrupcion
  • corte de cuentas

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