Avanza investigación contra Sánchez Cerén por secuestro

La víctima aseguró que la Fiscalía está casi lista para pedir antejuicio de presidente.
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La Ley de Amnistía fue derogada en julio de 2016. Pocos días después, Armando Durán denunció a los cinco comandantes de las fracciones del FMLN: Salvador Sánchez Cerén, Schafik Hándal (ya fallecido), Joaquín Villalobos, Francisco Jovel y Eduardo Sancho, por el secuestro en el que, según él, lo mantuvo la guerrilla entre el 7 de diciembre de 1986 y el 13 de enero de 1987, luego de que lo capturaron en Tierra Blanca en la bahía de Jiquilisco, ubicada en el departamento de Usulután.

Durán afirmó ayer que la Fiscalía General de la República (FGR) le ha avisado que actualmente el caso de investigación está en la etapa final, por lo que estaría cerca la posibilidad de solicitar el antejuicio en contra del actual presidente.

“Lo que sucede es que este es un proceso. Estamos en la parte prácticamente final para el requerimiento, un requerimiento sería el antejuicio al presidente de la república”, aseguró el denunciante.

La víctima del caso afirmó que en diciembre pasado la Fiscalía realizó una visita de campo en la que inspeccionó el terreno en donde ocurrió su secuestro. Además, Durán afirmó que los investigadores han recogido varios testimonios de personas que presenciaron el hecho.

“El 18 de diciembre fueron de la Unidad contra Crimen Organizado a hacer un recorrido de inspección técnica; el caso está muy avanzado y la Fiscalía, gracias a Dios, le ha dado importancia”, dijo Durán.

El denunciante afirmó que actualmente cuenta con una certificación de la Cruz Roja Internacional en la que se acredita que fue secuestrado y liberado por miembros de la guerrilla.

Según comentó Durán a una publicación digital, su familia tuvo que desembolsar 50,000 colones y entregar algunos bienes para que el secuestrado pudiera recuperar su libertad en enero de 1987.

La familia de Durán tenían salineras en las costas de Usulután, empresa por la que siempre pagaron el “impuesto de guerra” a los miembros de la guerrilla.

El fiscal general, Douglas Meléndez, informó recientemente que ya ha designado a un grupo reducido de fiscales para que se encarguen exclusivamente de dar seguimiento a los crímenes de guerra que llegaron a la institución luego de la derogación de la Ley de Amnistía.

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