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Azucena fue raptada y agredida sexualmente por nueve agentes de seguridad

Una menor de edad denunció que cinco policías y cuatro militares la privaron de libertad en Cuscatlán en enero pasado. Todos son procesados por delitos como tortura, privación de libertad y agresiones sexuales, y fueron enviados a prisión el pasado lunes. Esta es la reconstrucción de lo que pasó, según la declaración de la víctima.
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Azucena fue raptada y agredida sexualmente por nueve agentes de seguridad

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Son cerca de las 8 de la noche del 22 de enero de 2018. Un pick up blanco se abre paso en la desierta calle conocida como El Perical, que conduce al cantón Aguacayo, en Suchitoto (Cuscatlán). Nueve hombres, todos armados y algunos con el rostro cubierto con gorros pasamontañas, viajan a bordo del vehículo. En el asiento trasero, una menor de edad también viaja sentada en medio de dos de esos hombres y sostiene una bandeja con pan dulce.

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Los hombres cuestionan a la adolescente, le piden que les diga dónde están las armas y la droga de la pandilla, le exigen que les entregue a los “bichos” de su colonia. Ella dice una y otra vez que no sabe nada de eso, que no es parte de ninguna pandilla. Luego de insistir, uno de los hombres propone que es mejor llevarla a un lugar solitario para matarla. Uno de ellos le sugiere a la menor que luche por su vida y les dé la información.

Media hora después, el carro se detiene. Uno de los hombres obliga a la adolescente a bajar frente a una finca, justo en un bordo. Todos bajan del carro con sus armas en mano. El que lleva el mando se sube el gorro pasamontañas hasta la mitad de la cara, se acerca a la menor y con una lámpara le ordena que se suba en el montículo de tierra y se ponga de rodillas. Le pide por última vez que les dé información sobre la pandilla, la menor reitera que no sabe nada.

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El hombre a cargo le apunta con su arma en la cabeza y le dice que, si no les va a dar información, tendrá que darle “ lo que tiene entre las piernas”. Le ordena pararse y bajarse el pantalón. La adolescente obedece y todos sueltan una carcajada.

Este texto se construye a partir del testimonio que la víctima les contó a los fiscales. Los fiscales decidieron llamarla Azucena, porque cuenta con régimen de protección. Los armados son cinco miembros de la Policía Nacional Civil (PNC) y cuatro de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES). Fueron capturados el jueves de la semana pasada y enfrentan cargos por tortura, agresiones sexuales y privación de libertad. El pasado lunes, el Juzgado de Paz de San José Guayabal, en Cuscatlán, decretó la detención para todos.

Las agresiones

Según el relato de Azucena, aquel 22 de enero la risa pasó y volvió la amenaza de los oficiales. El agente a cargo, reconocido por la víctima como miembro de la PNC con el nombre de Néstor Edgardo Reynoza, se acercó a la adolescente y la manoseó. Uno de los policías con la cara cubierta dijo que él se haría cargo, alejó al otro agresor y colocó una navaja en el cuello de la víctima. Le siguió pidiendo información de la pandilla.

Ante la impotencia de no obtener información, otro agente obligó a la adolescente a pararse y le colocó la pistola en la frente. Azucena no soportó más y rogó porque no la mataran. Una vez más, le pidieron información de la pandilla. Nada. La menor, según su relato, no tenía nada que decirles a los policías y militares.

El agente le ordenó que se subiera al carro y cuando ella se dio la vuelta la golpeó por detrás. Luego, otro de los hombres armados que se cubrió el rostro tomó la boca de la menor entre las manos y la contraminó contra el pick up en un intento violento por besarla. Azucena abordó la patrulla policial y se sentó otra vez en medio de dos agentes. En el camino, uno de ellos empezó a tocar su pierna.

Todos le dijeron que era mejor que no dijera nada de lo ocurrido porque ya sabían dónde estudiaba y su vida estaba en juego.

Al llegar a una calle conocida como Don Rómulo, la adolescente logró ver una patrulla policial del puesto de San José Guayabal (también en el departamento de Cuscatlán). Inmediatamente, los hombre la obligaron a esconderse y algunos agentes se bajaron a hablar con sus colegas.

“Se la creyeron”, dijeron los policías al regresar a la patrulla, según Azucena, y luego emprendieron su camino hacia la vivienda de la víctima.

Un patrullaje disuasivo

Los policías y militares acusados no eran oriundos de la zona. La Fiscalía hizo público que los policías fueron detenidos en lugares distintos de los departamentos de San Miguel, San Vicente y Morazán, todos miembros del equipo 01-3614 de las Fuerzas Especiales de El Salvador (FES), una de las agrupaciones especializadas en realizar operaciones represivas que fue disuelta para convertirse en la Unidad Táctica Especializada Policial (UTEP).

Los militares fueron capturados en el Comando Especial de la Fuerza Armada de Ilopango, todos destacados en labores de seguridad pública. Según documentación oficial, los soldados acusados en el caso eran parte del Comando Trueno en las Fuerzas Especiales de Reacción de El Salvador.

En la investigación fiscal consta que el carro en el que fue trasladada la menor de edad, placas N-13-711, estaba asignado a la FES, específicamente al equipo policial bajo el nombre Bravo Doce.

Los policías y militares reportaron a sus instituciones que realizarían “patrullaje disuasivo” el 22 de enero pasado en la zona donde ocurrió lo que relató Azucena. De hecho, algunos de ellos avisaron que iban con un informante en el vehículo policial.

Azucena, junto con otra víctima, denominada Roble, regresaba de las fiestas patronales de San José Guayabal (Cuscatlán) cerca de las 7 de la noche el 22 de enero pasado, justo en el momento en el que el equipo de militares patrullaba la zona en un pick up que la menor de edad describe “sin distintivos oficiales y sin sirena”.

La adolescente asegura en su relato que la patrulla ya había pasado donde ella estaba junto con la víctima protegida de clave Roble; sin embargo, el policía que conducía el vehículo decidió retroceder y cuestionar a los jóvenes. Según la versión recogida por la Fiscalía, los policías y militares les acusaron inicialmente de estar pidiendo dinero producto de extorsión en la calle. Las víctimas dijeron a los cuerpos de seguridad que solo esperaban a unas personas que estaban por llegar a esa zona.

No les creyeron y, minutos después, los agentes pusieron de rodillas a Roble, lo agredieron y ordenaron que Azucena se subiera al vehículo policial. Tras eso, amenazaron a su acompañante para que se quedara en el lugar.

Los policías que enfrentaron la audiencia inicial el pasado lunes en el Juzgado de Paz de San José Guayabal son Reynoza Mejía, José Salvador Lara Quinteros, José Luis Damián Álvarez, Hugo Antonio Landaverde Martínez y Norberto Alexánder Rivera Palacios.

Los militares acusados están identificados en el proceso judicial como José Joaquín Rivas Morales, Edwin Enrique Bonifacio Pérez, José Alfredo Munguía Gómez y Santos Alexánder Mendoza Reyes.

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