Banco Mundial: exclusión genera pérdidas de hasta el 7 % del PIB

Hoy se celebra el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. El Salvador aún no tiene un reglamento para hacer cumplir la ley que vela por este sector.

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La ley tiene por objeto reconocer, proteger y garantizar el disfrute pleno de los derechos de las personas con discapacidad.

La ley tiene por objeto reconocer, proteger y garantizar el disfrute pleno de los derechos de las personas con discapacidad.

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La exclusión de las personas con discapacidad puede llegar a representar una pérdida de entre el 3 y el 7 % del Producto Interno Bruto (PIB) de los países de América Latina, según lo revela el último informe del Banco Mundial, titulado "Inclusión de las personas con discapacidad en América Latina y el Caribe: Un camino hacia el desarrollo sostenible".

"Hasta hace poco, no eran incluidas en las estadísticas o el diseño de políticas públicas en la mayoría de los países, lo cual volvía su situación y aspiraciones en gran medida invisibles", destaca el estudio, pero a raíz de la ratificación unánime de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, varios países han reestructurado sus marcos legales para fortalecer los derechos de este sector poblacional.

El documento, hecho público ayer en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se celebra hoy, detalla que en América Latina y el Caribe viven 85 millones de personas con discapacidad. Tres de cada 10, es decir, el 30 %, presentan una discapacidad severa. Además, en uno de cada tres hogares en la región vive no menos de una persona con discapacidad; es decir, en 52 millones de hogares. En el 20 % de los hogares que viven en pobreza extrema (subsisten con menos de $3.20 al día) vive una persona con discapacidad y el 70 % de los hogares donde vive una persona con discapacidad son vulnerables a caer en un pobreza en situaciones de crisis.

"Este escenario negativo es un reflejo de su exclusión de los mercados, servicios y espacios, lo cual aumenta su vulnerabilidad a las crisis económicas o a los impactos de la pandemia de covid-19", señala el informe del Banco Mundial.

En El Salvador ni siquiera hay certeza sobre la cantidad de personas con discapacidad, el último dato oficial data de 2015, cuando el Consejo Nacional de Atención Integral a las Personas con Discapacidad (CONAIPD) elaboró la "Encuesta Nacional de Personas con Discapacidad. Los resultados fueron publicados en mayo de 2016 y dieron cuenta de 410,798 personas con discapacidad: 22,595 mujeres (54 %) y 188,203 (46 %); 149,883 (36 %) vivían en la zona rural.

Dos años más tarde, en diciembre de 2018, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) presentó el informe "Análisis y Caracterización de las Personas con Discapacidad, a partir de la Encuesta Nacional de 2015" y actualizó los datos, cifrando la cantidad de personas con discapacidad en 463,075: 343,131 (75 %) adultos y 119,944 (25 %) niños.

145,300 personas padecen discapacidad visual, según la encuesta del CONAIPD de 2015.

"La inclusión de las personas con discapacidad es importante en sí misma, para construir sociedades más equitativas y cumplir con las metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, pero también es crucial porque su exclusión amenaza con volver insostenibles las oportunidades de desarrollo de la región", señala el informe del Banco Mundial.

Siempre en el marco de la celebración internacional, la Asociación de Mujeres Ciegas de El Salvador (AMUCES) realizó esta semana un foro para hablar sobre los avances y desafíos para erradicar la violencia contra las mujeres con discapacidad y uno de los apuntes más relevantes es que El Salvador no tiene un mapa para medir la violencia hacia este sector poblacional y mucho menos hacia las mujeres.

Una de las ponentes de ese foro, en representación de la Policía Nacional Civil (PNC), explicó que la institución policial recién ha implementado un nuevo formulario de denuncias en los que se ha incluido la variable de discapacidad para poder comenzar a obtener registros sobre las vulneraciones a sus derechos.

El titular de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), Apolonio Tobar, también habló sobre el tema y dijo que no hay estadísticas específicas sobre violaciones a los derechos de las personas con discapacidad, pero sí trajo a cuenta que hay trabajo por delante: "En el tema de discapacidad lo que ocurre es que ha habido un retraso de parte del CONAIPD en la formulación del reglamento para la aplicación de la ley. Nosotros estamos trabajando un comunicado en ese sentido, porque creemos que la no existencia del reglamento para la ley no posibilita que se puedan vigilar o auditar las acciones que está ejecutando el Estado para dar cumplimiento a la ley que ya entró en vigencia", manifestó el procurador.


LEY SIN REGLAMENTO

La Ley Especial de Inclusión de las Personas con Discapacidad fue avalada por la Asamblea Legislativa el 22 de junio de 2020 y entró en vigencia el 1 de enero, pero el CONAIPD aún no tiene un reglamento.

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