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Blackwell: tregua fue una política de gobierno diferente

Exdiplomático explica que acuerdo firmado por la OEA con el Gobierno para tregua de pandillas no dio inmunidad a los negociadores nacionales, pero cree que no por eso hay que buscar “chivos expiatorios”.
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Adam Blackwell, exmediador internacional de la tregua de pandillas, deja claro, en la mayor parte de sus declaraciones, el papel que tuvo el Gobierno salvadoreño en la tregua de pandillas: lo identifica no solamente como un facilitador, sino como el que implementó un proceso que él reconoce como una política pública diferente.

Blackwell, quien se reconoce a sí mismo como uno de los mediadores de la tregua, fue la cara internacional visible de apoyo. En 2012 y 2013 se involucró en el proceso, desde su cargo de embajador de Seguridad Multidimensional de la Organización de Estados Americanos (OEA), y acompañó múltiples actividades y reuniones que buscaban hacer avanzar algunas estrategias de la tregua, como la que se denominó “Municipios libres de violencia”.

La tregua entre pandillas, que inició formalmente en marzo de 2012 con el traslado de 30 cabecillas de pandilla desde el penal de Máxima Seguridad en Zacatecoluca hacia otros menos estrictos, está ahora bajo la lupa judicial, con un proceso que tiene como acusado principal a Raúl Mijango, mediador de la tregua.

“Lo que no es justo es que dos años después se busca criminalizar un proceso que nosotros hemos empezado de buena fe, conociendo todos los riesgos y el problema moral en esto”, dijo Blackwell ayer, durante una entrevista vía telefónica.

LA PRENSA GRÁFICA tiene una copia del acuerdo que la OEA firmó con el Gobierno de El Salvador a partir de la tregua, en el que el organismo internacional se comprometió a apoyar el proceso. En el documento está reseñado que los miembros que participaban de la misión tendrían inmunidad.

“Hemos hecho un análisis de otros acuerdos y esto ha sido aprobado por la unidad legal de la OEA, y por supuesto del Gobierno de El Salvador, lamentablemente no aplicaba a los locales (nacionales). Y es normal dar inmunidades a los mediadores, o a las personas participando en este tipo de actos porque sabiendo todos que el riesgo moral es alto”, explicó Blackwell.

Para el exdiplomático, el panorama fue claro: aplicar protocolos de negociación a una situación de violencia interna. Incluso, menciona los acuerdos entre el Estado colombiano y las FARC como ejemplo. Y por ello, reitera, que se trataba de una política gubernamental “diferente” e “inédita”.

“Esto ha sido una prueba de una política diferente y, con razón o no, el Gobierno decidió no seguir. Yo respeto esta decisión, lo que no entiendo es por qué queremos litigar (acusar) el pasado”, agregó, haciendo referencia al proceso judicial.

El exdiplomático, incluso, está buscando apoyos financieros en el ámbito internacional a favor de Mijango, para ayudarlo a pagar los costos de su defensa.

La Fiscalía General de la República (FGR) acusa actualmente a 21 personas por el caso de la tregua entre pandillas. Los delitos imputados son introducción de objetos ilícitos, en el caso de Mijango y algunos de los policías acusados; y actos arbitrarios y falsedad ideológica para algunos de los empleados de Centros Penales. El fiscal general, Douglas Meléndez, ha insistido que no ha encontrado evidencias para el actual ministro de la Defensa, David Munguía Payés, y quien fungía como ministro de Seguridad entonces.

El acuerdo entre la OEA y el Gobierno fue firmado, de hecho, por Munguía Payés. Otra documentación detalla que el expresidente Mauricio Funes autorizó a Munguía Payés, a través de una carta dirigida al entonces secretario de la OEA, Miguel Insulza, para que formara parte de una comisión técnica. La carta está fechada el 21 de diciembre de 2012.

Blackwell reitera: “Si Raúl ha cometido un delito el fiscal tiene todo el derecho a presentar un caso contra él. Creo que retroactivamente, casi dos años después, tratar de buscar chivos expiatorios no hace mucho sentido. Francamente, leí el documento, las acusaciones contra Raúl y yo no veo grandes detalles del crimen que él ha cometido, pero es mi opinión”.

Tanto Munguía Payés como Funes han insistido en que la tregua no fue una política del Estado, sino que únicamente se “facilitaron” condiciones para que las pandillas pudieran dialogar.

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