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Blanco insiste en necesidad de restringir acceso a la información

Magistrado reiteró la necesidad de establecer criterios para que las solicitudes no “quiten el tiempo” a los servidores públicos.
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Blanco insiste en necesidad de restringir acceso a la información

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Sidney Blanco, magistrado de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), insistió ayer en defender las restricciones al derecho a la información pública.

 

Blanco reiteró ayer, durante su participación en una entrevista de la Radio YSUCA, que hay ocasiones donde ciudadanos solicitan información a las instituciones que es “irracional”.

“Hay solicitudes que obstaculizan el trabajo, por ejemplo, de Probidad. Existe mucha información que hay que generarla, se necesita mucho personal para generar la información; esto obstaculiza el trabajo. Nosotros sabemos de dónde viene todo ese tipo de solicitudes que distraen”, dijo Blanco sin dar más detalles.

El magistrado considera que esa restricción está regulada en el artículo 74 de la Ley de Acceso a la Información Pública.

El 23 de octubre pasado, la Sala de lo Constitucional resolvió, en seguimiento a un amparo, que los oficiales de información pueden abstenerse de entregar información pública cuando esta sea “superflua” o no se note el interés público de la misma, y cuando las solicitudes denoten un interés en neutralizar u obstaculizar el desarrollo normal de las instituciones. Los magistrados también establecieron en ese fallo que no es obligación de los titulares actuales de las instituciones generar información que tuvieron que registrar administraciones pasadas.


“Hay solicitudes que obstaculizan el trabajo, por ejemplo, de Probidad. Existe mucha información que hay que generarla; se necesita mucho personal para generar la información, y esto obstaculiza el trabajo”.
Sidney Blanco, magistrado de la CSJ

Esos fueron los tres criterios que los magistrados constitucionalistas establecieron para que las instituciones puedan negar información de la administración pública.

Esa sentencia provocó que muchos sectores calificaran esas restricciones como una “involución” del derecho al acceso de información pública. Dentro de las voces en contra están el mismo Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) y el Grupo Promotor de la Ley de Acceso.

La Sala ha dicho que tiene en la mesa una aclaratoria de esa sentencia. Sin embargo, Blanco reiteró ayer que “el acceso a la información pública no es el derecho que tienen los ciudadanos de quitarle el tiempo a los servidores públicos para que abandonen sus actividades esenciales para dedicarse a proporcionarles información”.

 

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