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Blindar a Reyes y Merino perjudica al país, dicen fundaciones

FUSADES y DTJ creen que esto pone en riesgo el tema de la cooperación internacional.
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La decisión del gobierno del FMLN de dar cargos en el que adquieren fuero a José Luis Merino y Sigfrido Reyes puede afectar al país al momento de recibir cooperación internacional, principalmente de Estados Unidos, dicen representantes de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES), la fundación Democracia, Transparencia y Justicia (DTJ), así como el director del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional.

La razón principal, según los representantes de dichas instituciones, es que se puede ver al país como un Estado en el que se cubre a quienes son investigados por posibles actos de corrupción o cometido posibles delitos de trascendencia internacional.

“Este tipo de acciones pueden ser en detrimento de la confianza de los Estados hacia El Salvador, como un país que se puede prestar ser tolerante a la corrupción o como un país o que protege a funcionarios de actitudes cuestionables de esta materia”, dijo Sofía Flores Cruz, directora ejecutiva de DTJ.

Las acciones a las que Flores Cruz hace referencia es al nombramiento de Sigfrido Reyes, quien también es presidente de PROESA, como embajador en misión especial para la promoción de las exportaciones e inversiones de El Salvador.

El nombramiento fue a solicitud del presidente de la república y se hace en momentos en los que Reyes es investigado por la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia por posibles actos de corrupción. Con el cargo de embajador, Reyes recibe fuero y ante una posible petición de enjuiciamiento, la Fiscalía debe pedir a la Asamblea que sea esta quien decida si le permite procesar o no.

Otro caso que llamó la atención fue la creación del viceministerio que se creó el 20 de octubre de 2016 para José Luis Merino, uno de los máximos dirigentes del FMLN y alto asesor en Alba Petróleos quien ha sido señalado por el senador estadounidense Marco Rubio como “lavador” y proveedor de armas a las FARC.

El cargo a Merino se le otorgó ocho días antes de que se le terminara el fuero como diputado del Parlamento Centroamericano.

“Cualquier actuación que vaya en detrimento en la lucha contra la corrupción o que vaya orientado a debilitar las instituciones creo que nos puede afectar, es por eso que nosotros planteamos que existe la necesidad que el compromiso del país vaya de la mano de que las instituciones funcionen como deben ser y si la actuación del Estado va orientada a proteger a ciertas personas o a proteger casos para que no hay justicia y que existe impunidad, nos deja muy mal parados como país”, expresó Javier Castro, director del departamento de Estudios Legales de FUSADES.

El Gobierno de Estados Unidos expresó semanas atrás que parte de los requisitos para la ayuda al país y el Triángulo Norte es que se combata la corrupción. Estados Unidos pone como condición para hacer los desembolsos que se debe “combatir la corrupción, incluyendo investigar y procesar a funcionarios de Gobierno sobre los que pese una presunción creíble de corrupción”.

Flores Cruz reiteró que un elemento clave para recibir cooperación no reembolsable es la lucha contra la corrupción.
 

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