Brasil “subirá el tono” contra sus detractores

El Salvador y Venezuela han llamado a consultas a sus embajadores ante Brasilia.
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El nuevo canciller brasileño, José Serra, afirmó que “subirá el tono” si fuera necesario para responder a las “falsedades” de quienes han criticado el proceso que suspendió a la presidenta Dilma Rousseff y llevó al poder a Michel Temer.

“Nuestra preocupación es esclarecer las mentiras que se han dicho sobre el proceso brasileño”, pues “todo lo que ocurre” en Brasil “está previsto en la Constitución y la legalidad democrática”, dijo Serra.

El nuevo canciller aludió así a las críticas expresadas por los Gobiernos de Venezuela, Bolivia, Cuba, Ecuador y Nicaragua, que han criticado la separación de Rousseff de sus funciones para responder a un juicio con miras a su posible destitución, que algunos de esos han calificado de “golpe”.

El Ministerio de Relaciones Exteriores aún no ha comentado la decisión de El Salvador, cuyo presidente, Salvador Sánchez Cerén, anunció que “no reconoce al gobierno provisional” que encabeza Temer, hasta el pasado jueves vicepresidente de Rousseff.

Sánchez Cerén también informó de que llamó a consultas a la embajadora salvadoreña en Brasil, Diana Marcela Vanegas, para analizar el proceso en curso en este país.

La decisión de Sánchez Cerén siguió a la anunciada por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que también dijo que había pedido a su embajador en Brasil, Alberto Castellar, que regresara a Caracas para evaluar lo que considera un “golpe” contra Rousseff.

Serra, en sus primeros actos como canciller, emitió el viernes pasado dos duras notas en respuesta a las críticas que ha recibido la suspensión de Rousseff.

Una estuvo dirigida a los Gobiernos de Venezuela, Bolivia, Cuba, Ecuador y Nicaragua, a los que acusó de “propagar falsedades”.

La segunda se refirió exclusivamente al secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), Ernesto Samper, quien consideró que el proceso contra Rousseff podía violar “el principio de separación de poderes”, al otorgar al parlamento “la posibilidad de criminalizar actos administrativos”.

Serra, el primer canciller político desde 2002, es un declarado crítico del ala “bolivariana”.

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