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Bukele acumula derrotas judiciales

Una cámara resolvió la semana pasada declarar  inadmisible un recurso del alcalde para extender su persecución legal contra LA PRENSA GRÁFICA.  Tres tribunales ya lo habían rechazado. El abogado de Bukele  es señalado de generar un desgaste procesal innecesario. 
 

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El alcalde y los abogados.  El alcalde Bukele fue acompañado a interponer la demanda millonaria contra este periódico, en julio pasado, por los abogados Berta De León y Carlos Godoy (a la izquierda) y Fabio Castillo (a la derecha). De León es defensora en el caso Troll Center y es apoderada legal de la empresa AGM (vinculada a socios colombianos) relacionada con el caso del millonario contrato de las luces led otorgado por la Alcaldía de San Salvador y que es investigado por la Fiscalía. Godoy es defensor en el caso Troll Center y representante de Bukele en tres demandas de derecho de respuesta contra este medio que han sido declaradas sin lugar por los jueces. Castillo es concejal y le acompañó en el “tarimazo” contra el fiscal general, en febrero de 2016. De León también participó en esa protesta callejera.

El alcalde y los abogados. El alcalde Bukele fue acompañado a interponer la demanda millonaria contra este periódico, en julio pasado, por los abogados Berta De León y Carlos Godoy (a la izquierda) y Fabio Castillo (a la derecha). De León es defensora en el caso Troll Center y es apoderada legal de la empresa AGM (vinculada a socios colombianos) relacionada con el caso del millonario contrato de las luces led otorgado por la Alcaldía de San Salvador y que es investigado por la Fiscalía. Godoy es defensor en el caso Troll Center y representante de Bukele en tres demandas de derecho de respuesta contra este medio que han sido declaradas sin lugar por los jueces. Castillo es concejal y le acompañó en el “tarimazo” contra el fiscal general, en febrero de 2016. De León también participó en esa protesta callejera.

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El Tribunal de Sentencia de Santa Tecla, en La Libertad, declaró “inadmisibles” dos acusaciones por $6 millones presentadas en julio pasado por el alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, en contra de LA PRENSA GRÁFICA, por los inexistentes delitos de difamación y calumnia.

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El tribunal resolvió no admitir las demandas de Bukele porque consideró que Carlos Alberto Godoy Hernández, apoderado especial del alcalde, no agotó los mecanismos administrativos que la ley faculta para obtener el “derecho de respuesta” en referencia a publicaciones sobre los ciberataques que recibió este periódico en 2015.


 “El artículo 183-A del Código Penal prevé que la acción penal proveniente de cada uno de los delitos contra el honor y la intimidad, entre ellos la calumnia y difamación, solo procederá ‘cuando sea acreditado en forma fehaciente que no se obtuvo o no se permitió el ejercicio del derecho de respuesta’”, se lee en  la resolución del Tribunal de Sentencia de Santa Tecla.


Bukele interpuso las millonarias denuncias contra LA PRENSA GRÁFICA el 4 de julio pasado, a través de su apoderado Godoy Hernández, bajo el argumento de que fue vinculado “falsamente” a los ataques cibernéticos contra este periódico. El abogado dijo que LPG cometió calumnia al publicar el tema y que eso “dañó la imagen del señor alcalde”. Bukele sostuvo eso, pese a que una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) determinó que cinco acusados de asociarse para publicar notas falsas en un sitio espejo de LPG, que están por enfrentar un juicio, trabajaban en empresas ligadas a Bukele o tenían vínculos con el manejo de campañas y estrategias digitales de la alcaldía. Una de las imputadas, incluso, es la gerente de Comunicación de la comuna capitalina.

Bukele insiste en demandar a LPG

Las notas que este periódico ha publicado sobre el ciberataque se basan en documentación elaborada por peritos e informes de funcionarios de Estados Unidos. Incluso, un juez  de Instrucción del caso recomendó acusar penalmente al autor intelectual del ataque cibernético.


Bukele también demandó por difamación a LPG ante el Tribunal de Sentencia de Santa Tecla porque, en su opinión, el periódico lo difamó al revelar la adjudicación de un millonario contrato de la alcaldía capitalina por un proyecto de cámaras de videovigilancia. 


La resolución del Tribunal de Sentencia de Santa Tecla sumó  el tercer revés judicial que recibía el alcalde en su insistencia por demandar a LA PRENSA GRÁFICA por publicar notas periodísticas sobre el quehacer de la comuna capitalina. 


En junio pasado, el Juzgado de Paz de Antiguo Cuscatlán ya había rechazado una demanda del alcalde contra este rotativo por  reportajes sobre el proyecto de cámaras de videovigilancia en San Salvador, debido a que el juzgador consideró que no había sustento para probar “la alegada falsedad de la información” que difundió el medio.

“Alcalde busca intimidar a jueces”


El juez de Paz avaló el proceso periodístico realizado por LA PRENSA GRÁFICA sobre el tema y determinó que no procedía el reclamo de derecho de respuesta del alcalde capitalino, porque fue él mismo el que se privó de dar opiniones cuando reporteros de este periódico lo buscaron, por diferentes vías, para que ofreciera su versión.


Con esa respuesta, el apoderado del alcalde acudió al Juzgado de Primera Instancia en materia Civil y alegó que la resolución “causó agravio porque no se le permitía acceso a la justicia” al alcalde. Sin embargo, el Juzgado de lo Civil resolvió el 10 de julio pasado no admitir esa demanda porque consideró que el apoderado de Bukele “no argumentó cómo ocurrió ese agravio”. Sin pruebas decisivas, dijo el juzgado, no procede la apelación. 


El tercer revés para Bukele ocurrió un día después de esa resolución en los otros casos iniciados por Bukele. El Tribunal de Sentencia de Santa Tecla resolvió el 11 de julio de 2017 no admitir las dos acusaciones particulares de carácter penal contra LA PRENSA GRÁFICA por calumnia y difamación; pero ofreció argumentos por separado para sustentar la inadmisibilidad.


Sobre la supuesta calumnia, el tribunal dijo que el abogado Godoy Hernández presentó ante el juez de Paz de Antiguo Cuscatlán una solicitud para “iniciar un proceso administrativo” de derecho de rectificación o respuesta sobre la vinculación del alcalde  a los ciberataques. Esa solicitud  no fue admitida por el juzgado de Paz. 


La resolución del Tribunal de Sentencia de Santa Tecla consigna además que el apoderado legal de este periódico, Arístides Perla, le explicó al juez, en esa ocasión, que el alcalde no solicitó ejercer ese derecho de respuesta, sino que pretendía que se publicara una “fe de errata”, con la intención tácita de que se trató de una nota con errores, algo que no ocurrió. Además, Perla mostró las pruebas de las múltiples oportunidades en que los reporteros de este rotativo le solicitaron al alcalde una entrevista para hablar sobre la investigación, antes y después de publicado el reportaje.


El abogado Perla, según consta en la resolución del Tribunal de Sentencia de Santa Tecla, le dijo al juez de Antiguo Cuscatlán que fue imposible notificar al abogado del alcalde la respuesta de LPG sobre su petición de respuesta porque ofreció una dirección incorrecta para  notificaciones. Además, personal de esa sede judicial tampoco pudo notificar sus resoluciones vía fax, porque la secretaria de Godoy Hernández les dijo que el aparato estaba averiado. 


El Tribunal de Sentencia de Santa Tecla consideró: “Ejercer la acción procesal no solo implica poner en movimiento la actividad jurisdiccional, mediante la simple presentación de la solicitud y luego abandonarla, sino que supone un intento real y efectivo que el juez se pronuncie... entonces no se ha acreditado fehacientemente que el señor Nayib Armando Bukele Ortez no obtuvo o no se le permitió el derecho de rectificación y respuesta de parte del medio”. 


Sobre el supuesto delito de difamación, el Tribunal de Sentencia de Santa Tecla dijo que existía un fallo del Juzgado de Paz de Antiguo Cuscatlán donde negó admitir la solicitud del alcalde Bukele sobre una rectificación y respuesta a la publicación sobre el millonario contrato de cámaras de videovigilancia. 


Esa negativa hizo que el abogado Godoy Hernández interpusiera un recurso de apelación ante el Juzgado de Primera Instancia en materia Civil, un trámite que, cuando el tribunal emitió la resolución, aún estaba en proceso, por lo que no se había agotado esa etapa previa.
Bukele, no bastando lo anterior, decidió llevar el proceso hasta la Cámara de lo Penal de la Cuarta Sección de Santa Tecla, instancia que decidió el pasado 25 de agosto  no  admitir  el recurso de apelación del alcalde porque no cumplía los requisitos de ley. Fue el cuarto revés para el alcalde.


La cámara advirtió que el abogado de Bukele tuvo que presentar un recurso de revocatoria contra la resolución, para que el mismo Tribunal de Sentencia de Santa Tecla resolviera.


Hubo, según la cámara, varios descuidos del abogado “al no verificar que la resolución  no es apelable y en todo caso sí revocable, generando un desgaste procesal innecesario”.

Resolución 
La Cámara de Santa Tecla, un tribunal superior en esa jurisdicción, resolvió el pasado 25 de agosto que el recurso presentado por Bukele no reunía los requisitos de ley para ser admitido.

Con errores
La cámara, además de hacer ver que el abogado pudo recurrir ante el mismo Tribunal de Sentencia, señaló errores en la redacción del escrito, tales como la mala colocación de apellidos del alcalde.

Motivación
La Cámara de Santa Tecla explicó que el recurso presentado por el abogado del alcalde no cumple el requisito procesal denominado como impugnabilidad objetiva.

 

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