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Bukele desobedece a la Sala con cerco sanitario en Corinto

Militares y policías fueron desplegados en los límites de Corinto, Morazán,  por órdenes del presidente de la república para restringir la movilidad por el municipio. Además, unas  mil pruebas de covid-19 fueron realizadas  en el  lugar  por un supuesto aumento de casos.  

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Vigilancia. Un agente policial vigila la movilidad en el municipio de Corinto, Morazán.

Vigilancia. Un agente policial vigila la movilidad en el municipio de Corinto, Morazán.

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Policías y militares fueron desplegados desde el jueves por la noche en los diferentes puntos de acceso al municipio de Corinto, departamento de Morazán, para restringir el ingreso y la salida del lugar. La razón: el presidente de la república, Nayib Bukele, ordenó instalar un cerco sanitario.

La medida respondería a un   repunte de casos del nuevo coronavirus en la zona. 
Según el ministro de Salud, Francisco Alabí, hay preocupación por la situación en Corinto, tal como lo ameritarían los 62 casos positivos  hasta ayer.

Además del despliegue de Seguridad Pública, las autoridades decidieron instala 10 cabinas móviles con las que tenían planeado realizar 1 mil pruebas  a la población urbana y rural del lugar.

Sin embargo, para abogados  consultados por esta redacción, la medida es una clara  desobediencia a  una orden de la Sala de lo Constitucional que le prohibió al Ejecutivo suspender los derechos fundamentales.
“La Sala fue muy clara en señalar que cercos sanitarios, nacionales o locales, impuestos por un ministerio no pueden suspender derechos fundamentales. Es un exceso del Ejecutivo”, dijo Javier Castro, director del Departamento de Estudios Legales de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES).

Castro considera que la instalación del cerco sanitario en Corinto “es una desobediencia. Un incumplimiento.  Hay una orden de la Sala y se está desobedeciendo esa sentencia”.

El abogado se refiere a la sentencia 21-2020 del 6 de junio pasado, cuando la Sala declaró inconstitucional el decreto 101  que establecía un cerco sanitario en La Libertad. “Si en el caso de Corinto, se emite un decreto similar limitando la movilidad, sería inconstitucional. En la sentencia, la Sala determinó que el Ejecutivo quedaba inhabilitado para replicar esos aspectos señalados  inconstitucionales”, dijo la abogada Ruth Eleonora López.

El exmagistrado  Rodolfo González coincide en ver una inconstitucionalidad en la medida impuesta en Corinto, pues “eso solo se puede hacer por decreto legislativo, aprobado por dos tercios de los votos de la Asamblea”.

López va más allá al decir que “la Sala debería certificar a la FGR el incumplimiento de su resolución, lo que podría constituir un delito de desobediencia”.

Castro también estima que la Sala de lo Constitucional debe estar “firme para que no se incumplan sus sentencias. Debe apoyarse en la Fiscalía General de la República en casos de desobediencia”.
Sin consultar al alcalde

El alcalde de  Corinto, Gilberto Sorto, lamentó que a pesar de la supuesta gravedad que existe en este lugar, según el Ministerio de Salud, en ningún momento le comunicaron sobre el cierre del municipio, algo que lo tomó por sorpresa.

“Tuve que salir 10 de la noche para saber qué pasaba. Después de los tuits y todo eso, no nos comunicaron nada, ni siquiera el encargado de la unidad de salud sabía.” 

Sala advierte a Bukele con notificar a fiscalía

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) advirtió ayer al presidente de la república, Nayib Bukele, con notificar a la Fiscalía en caso de que las autoridades de Gobierno impidan el ingreso de salvadoreños y residentes a su propio país, en una clara desobediencia a la Constitución y la medida cautelar decretada por la Sala. 

La aclaración de los magistrados constitucionalistas llega luego que el Ejecutivo insistiera en la exigencia de una prueba PCR negativa como requisito para para entrar a El Salvador, evadiendo la responsabilidad del Ministerio de Salud de hacerla a los viajeros. 

La Sala expuso que ante las “infundadas interpretaciones” de los demandados sobre la medida cautelar, quienes aseguran que se menoscaba el derecho a la salud de la población, “se juzga necesario explicarles lo expresado y ordenado”. Bukele reaccionó en un tuit donde escribió que: “Mandan a decir de los demás países del mundo, que ustedes no tienen jurisdicción allá (donde serán pedidas las pruebas)”.

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