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Buscan a Carla Ayala en supuesto cementerio clandestino del GRP

Juez instructor confirmó que la agente recibió un disparo en la cabeza. Coincide en que las evidencias apuntan a que está muerta.
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Coincidencia. El juez instructor de la primera etapa del caso Carla Ayala inspeccionó el martes pasado la patrulla donde fue lesionada de bala la agente. Dijo que la evidencia coincide con lo dicho por los testigos.

Coincidencia. El juez instructor de la primera etapa del caso Carla Ayala inspeccionó el martes pasado la patrulla donde fue lesionada de bala la agente. Dijo que la evidencia coincide con lo dicho por los testigos.

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Fiscales y policías buscan desde el martes pasado el cadáver de la agente Carla Ayala en una zona pantanosa del Bajo Lempa, en Usulután. La investigación responde a las declaraciones de un testigo que le contó a la Fiscalía que en ese lugar existe un cementerio clandestino que fue utilizado por algunos agentes del extinto Grupo de Reacción Policial (GRP) para enterrar a víctimas de ejecuciones extrajudiciales.

“Hay algunos testimonios, de otros casos, que hablan que agentes del GRP iban a lanzar cadáveres clandestinamente a una zona del Bajo Lempa. Es un cementerio utilizado por algunos agentes de ese grupo y se asocia que ahí estaría el cadáver de la agente Ayala”, le dijo a LA PRENSA GRÁFICA Roberto Arévalo Ortuño, el juez instructor que lleva la primera fase del caso Carla Ayala, una agente policial que fue lesionada de bala por el agente del GRP Juan Josué Castillo Arévalo el 29 de diciembre de 2017, tras una fiesta de fin de año en la sede de esa extinta unidad élite.

El juez Arévalo Ortuño explicó que el testigo ha contado que algunos agentes del GRP que cometían ejecuciones extrajudiciales “tenían ubicada una zona del Bajo Lempa donde se iban a deshacer de los cadáveres”. Ese testimonio, según la valoración del juzgador, es lo que ha dado origen a una nueva búsqueda del cadáver, porque “existe la enorme posibilidad de que Castillo Arévalo también cometiera sicariato”; por lo tanto, “existe la posibilidad de que ahí esté el cuerpo de Carla Ayala”.

Uno de los fiscales vinculados con la investigación le confirmó a este periódico la búsqueda de la policía en una zona pantanosa del Bajo Lempa. Sin embargo, dijo que la esperanza de tener un resultado es escasa “por tanta incertidumbre” que rodea el caso.

Esa incertidumbre a la que se refiere el fiscal está relacionada con la primera búsqueda del cadáver de la agente que hizo el director de la Policía Nacional Civil (PNC), Howard Cotto, en una fosa del cementerio municipal de San Francisco Javier, en Usulután, el 27 de febrero pasado.

Ese día las autoridades exhumaron el cadáver de una mujer creyendo que se trataba de la policía; sin embargo, horas después de la excavación, el director policial tuvo que reconocer que se trató de un error.

El fiscal agregó que el testimonio que esta vez han utilizado para realizar la segunda búsqueda está relacionado con una pesquisa judicial donde agentes del antiguo GRP están siendo investigados por cometer ejecuciones extralegales. Algunos miembros del extinto GRP tienen antecedentes judiciales por esa práctica (ver detalle de los casos en recuadro).

La relatora especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales dijo, tras visitar el país, que había encontrado “un patrón de comportamiento en el personal de seguridad, que podría considerarse como ejecuciones extrajudiciales y uso excesivo de la fuerza”. Una acción que, según ella, también fue reconocida por las autoridades de Seguridad Pública, aunque le insistieron que se trata de “incidentes aislados”.

La Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos (PDDH) ha consignado 57 denuncias de ejecuciones extrajudiciales desde 2016 contra elementos de la PNC, principalmente contra miembros de unidades élite como FES y el GRP. Además, tienen otras 25 denuncias de intento de ejecuciones por parte de la Policía en ese mismo período.

Nueva diligencia del juez

El juez instructor dijo que el martes pasado realizó una inspección a la patrulla del GRP donde fue lesionada la agente Carla Ayala para confirmar las declaraciones de los testigos de la primera parte del caso, el cual está en manos de Arévalo Ortuño.

“Efectivamente hay un solo impacto y abundancia de sangre que revela que realmente no pudo sobrevivir al disparo. Me queda claro el razonamiento de que ella está muerta”, dijo.

Además, el juez señaló que con la diligencia logró descubrir “el gran misterio” de la mancha de sangre frente la sede del GRP: “Hay agujeros en la patrulla y los empaques están deshechos, no servían, y cuando estuvo estacionada la patrulla en la rampa, rebalsó la sangre”.

Arévalo Ortuño tiene en planes realizar la tercera reconstrucción del caso para dentro de 15 días. Eso, dice, si la Fiscalía no le pide entregar el expediente del caso al Juzgado Octavo de Instrucción, adonde sería remitida la segunda parte del caso, donde están procesadas 11 personas, nueve de ellas exagentes del GRP, por ser cómplices del agente Castillo Arévalo, quien sigue prófugo de la justicia después de seis meses de haber disparado contra la policía.

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