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Buscan crear régimen de máxima seguridad y modificar visitas en cárceles salvadoreñas con reformas a Ley Penitenciaria

El ministro de Justicia y Seguridad presentó hoy a la Asamblea Legislativa un proyecto de reformas a la Ley Penitenciaria que modificaría la forma en que se realizarían las visitas a los reos, e incorporaría el régimen de máxima seguridad que por ahora no se contempla en la ley.

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En el proyecto de reformas a la Ley Penitenciaria se incorpora la creación del régimen de máxima seguridad, que aún no está contemplado en la ley. Foto LPG/Archivo

En el proyecto de reformas a la Ley Penitenciaria se incorpora la creación del régimen de máxima seguridad, que aún no está contemplado en la ley. Foto LPG/Archivo

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El Ministro de Justicia y Seguridad Pública, Mauricio Ramírez Landaverde, entregó a la comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa un proyecto de reformas a la Ley Penitenciaria, con la que se busca incorporar de forma permanente parte de las medidas extraordinarias, implementadas forma transitoria en los centros penales desde hace dos años.

En las reformas planteadas también se incorpora el régimen de máxima seguridad, que aún no está contemplado en la ley. "El régimen de máxima seguridad va a quedar destinado contra todas aquellas personas que representen la mayor peligrosidad, por ocupar dentro de estructuras criminales un rol de cabecilla, y  sea especialmente importante y necesario mantenerlos en un régimen más estricto", dijo Landaverde.

El ministro de Justicia y Seguridad, Mauricio Landaverde, presentó hoy a la Asamblea Legislativa un proyecto de reformas a la Ley Penitenciaria. Foto: Cortesía

En esta modalidad "quedarán prohibidas todo tipo de visitas, familiares e íntimas, a excepción de visitas profesionales, que regularmente deben hacer defensores públicos y privados de los internos en general".

Agregó que actualmente los centros penales con un régimen más riguroso, son dos:  el de Zacatecoluca, en La Paz; y el de Izalco en su fase tres, en Sonsonate.

Por otra parte, dijo que se restablecerían las visitas familiares en los centros penales que actualmente las limitan por las medidas extraordinarias. Sin embargo, esto se haría bajo regulaciones claras en la ley y readecuaciones en la infraestructura.  Dijo que se harán con una "separación física entre el privado de libertad y su visita" y bajo la supervisión y control.

Además, se contempla la participación obligada de los reos en programas de educación y el corte de señal de telecomunicaciones, entre otras.

El presidente de la comisión de Seguridad de la Asamblea, Antonio Almendariz, del PCN, dijo que "la iniciativa será analizada con el objetivo de brindar los insumos que necesita la PNC, FGR, y el sistema judicial" y afirmó que buscarán que las medidas se conviertan en permanentes.

El primer decreto de las medidas especiales fue aprobado el 1.º de abril de 2016 ante la ola de asesinatos que incluyó la masacre de once trabajadores en San Juan Opico, y como una forma de detener las extorsiones ordenadas por los pandilleros desde los centros penitenciarios. En 2017, a petición del Gobierno, los legisladores volvieron a prorrogar las medidas por un año y lo mismo ocurrió en 2018, pero esa vez la prórroga fue de seis meses que vencen el próximo 30 de octubre.

Además, está en poder de la Asamblea Legislativa decidir si se mantienen permanentes en los 27 centros penales y ya no solo en seis como hasta hoy.

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